Mensaje al Supremo del Gobierno: "El horizonte queda despejado para la plena aplicación; sería positivo lo antes posible"

Fueron meses complicados. De críticas y pugna política. Donde los cargos y cuadros intermedios del PSOE vivían días duros a pie de calle recibiendo la censura y el reproche, incluso, de los suyos. Con las encuestas pasando factura. Pero en La Moncloa no tuvieron dudas. Por más que Pedro Sánchez antes de las elecciones generales de 2023 calificara la amnistía como inconstitucional, o que se calificara así en informes del Ejecutivo, el perdón supone la máxima expresión de su "hacer de la necesidad virtud". El aval del Tribunal de la UE (TJUE) impregna el complejo presidencial de que hicieron lo que debían, por más que fuera para lograr los siete votos de Junts. "Ha merecido la pena. Todos los españoles, sin excepción, somos beneficiarios de la ley amnistía y de la normalidad, la convivencia y la estabilidad que ha garantizado". La estrategia del Gobierno es difuminar el hecho de que la amnistía fue una concesión dirigida a los independentistas catalanes para lograr su apoyo parlamentario y tratar de poner el foco en el beneficio, dicen, que ha supuesto para el conjunto del país. "Hoy Cataluña y toda España son lugares mejores, más habitables, con un futuro de prosperidad y convivencia abierto de par en par", ha expuesto Félix Bolaños, ministro para la Presidencia y de Justicia, en una declaración institucional sin preguntas ni presencia de periodistas. "Hoy Cataluña es sinónimo de estabilidad, de prosperidad, de acuerdos, como lo es España. Y lo es, entre otras cosas, gracias a la ley amnistía que hoy ha validado el Tribunal Europeo". Pero pese al aval, en el Gobierno saben que aún no está todo el trabajo hecho. Esperan que en los próximos meses el Tribunal Constitucional siga allanando, como ha hecho el Tribunal de la UE, el regreso de Carles Puigdemont. Pero el foco lo ponen en el Supremo. Este Alto Tribunal consideró que la malversación por la que está procesado no quedó amnistiada. Puigdemont recurrió al Constitucional, que aguardaba a la decisión del TJUE para resolver ese punto, algo que no abordará antes de finales de septiembre. Una de las posibilidades es que, si el Constitucional impone al Supremo una interpretación distinta de la malversación que suponga la amnistía de Puigdemont, el TS presente una nueva cuestión prejudicial que vuelva a paralizar durante meses la situación del ex president. De ahí que La Moncloa lance un mensaje claro y directo a los jueces: "El horizonte queda despejado para la plena aplicación de la ley. Sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible". En un mensaje que parece coordinado, el socio minoritario de la coalición, Sumar, secunda esta presión a los jueces. "Que [la amnistía] tenga plenos efectos en nuestro país para que las personas afectadas, no solo Carles Puigdemont, sino las demás que están pendientes de esta ley de amnistía, puedan ver sus derechos finalmente reconocidos en este país", ha expuesto el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. En Sumar, ponen también en el foco al PP, que ha presentado recursos contra la aplicación de este perdón. "Quiero de una manera muy clara, exigirle al señor (Alberto Núñez) Feijóo una disculpa y una rectificación por todas las mentiras, manipulaciones y críticas que ha hecho en los últimos años a la ley de amnistía". La sentencia del TJUE llega en un momento en el que las relacoines del Gobierno con Junts llevan meses rotas -al menos eso dicen públicamente- y con la vista puesta en La Moncloa en su propósito de llevar los Presupuestos al Congreso. Hace sólo unos días, los independentistas catalanes votaron junto al PP y Vox para tumbar los objetivos de estabilidad, la primera piedra de las Cuentas Públicas. El Gobierno impulsó la amnistía para que se vieran beneficiados aquellos implicados en el procés -que también pudiera beneficiar a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad-, pero, sobre todo, con la vista puesta en líderes políticos como Carles Puigdemont u Oriol Junqueras. Ante la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación, desde el Ejecutivo pusieron sobre la mesa durante meses como martillo pilón que el texto de la ley "es muy claro. Y la voluntad del legislador es tan clara como el texto de la propia ley", pidiendo que "los jueces apliquen la ley". Un mensaje que retoman ahora. Porque saben en La Moncloa que el único punto de inflexión posible, que el único atisbo de que pueda descongerlarse en algo la relación con Junts es que Puigdemont se beneficie del perdón, por más que ya haya sido aplicado a casi 400 personas. "Sólo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible", es la reflexión que ha dirigido Bolaños a los encargados de su aplicación, que no son otros que los jueces. La Ley de Amnistía fue redactada mano a mano por el Gobierno y Junts -también con aportaciones de ERC- e, incluso los diputados de Puigdemont llegaron a rechazar el texto en el Congreso por considerarlo insuficiente y sin las garantías necesarias para Puigdemont, obligando a una nueva negociación. Todo el proceso fue tenso y complejo, con citas clandestinas y con momentos en los que el diálogo estuvo a punto de romperse. "Queda acreditado que lo que el Gobierno dijo durante el debate de esta ley era así. Entró impecable al Congreso y salió impecable de él. Dijimos que la ley era constitucional y conforme al derecho europeo. Y el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo han confirmado. Ya no hay duda", es la celebración que ha hecho Bolaños de la sentencia. Ese mensaje que el Gobierno lanza al Supremo para que aplique cuanto antes la aminstía a Puigdemont y el resto de líderes políticos es secundado por sus socios. Desde EH Bildu consideran que es momento de "aplicar la amnistía a todas las personas represaliadas en Cataluña y abrir, de una vez, el camino a las soluciones políticas". La portavoz abertzale en el Congreso, Mertxe Aizpurua, señala a los jueces: "Europa vuelve a corregir a quienes, desde el poder judicial español, se han situado en rebeldía frente a una ley aprobada democráticamente por la mayoría del Congreso". Una misma línea que ha matenido el PNV, la de reclamar "a los tribunales españoles" la aplicación inmediata de la Ley de Amnistía. Su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, en una comparecencia extraordinaria, , y el presidente nacionalista, Aitor Esteban, han vinculado la aplicación de la Amnistía con la "convivencia y la normalización en Cataluña", informa Josean Izarra. Vaquero ha recordado que los diputados nacionalistas votaron a favor de la ley en junio de 2024 y, dos años después, considera que se ha confirmado que era un "instrumento para la convivencia y la normalización lingüística". "Los conflictos políticos deben resolverse en el ámbito de la política. Judicializar el procés fue un error", ha remarcado Esteban en un mensaje en sus redes sociales coordinado con su portavoz en el Congreso.