Los pactos autonómicos con Vox obligarán a Feijóo a diez grandes reformas si llega a la Moncloa

Los acuerdos autonómicos de PP y Vox en Extremadura y Aragón no solo han servido para cerrar los gobiernos regionales y atar las investiduras de María Guardiola y Jorge Azcón respectivamente, sino que condicionan al futuro Gobierno nacional si Alberto Núñez Feijóo llega ... a la Moncloa. Los dos partidos han reconocido que estas negociaciones -en las que han participado por primera vez ambas cúpulas- sentaban las bases de lo que podría ser un acuerdo tras las próximas generales. Génova decidió intervenir las conversaciones y llevar a la mesa a dos personas de la absoluta confianza de Feijóo -el secretario general, Miguel Tellado, y su jefa de gabinete, Marta Varela- ante el temor de que el acuerdo extremeño se enquistara. Los propios barones del PP reconocían que tras las reticencias iniciales, veían con buenos ojos que el partido estuviera presente en las conversaciones porque muchas cuestiones interpelaban directamente a Feijóo. Los acuerdos han confirmado que algunos de los aspectos más relevantes acordados a nivel autonómico tendrán que reformarse o impulsarse desde el Gobierno de España.El ejemplo más significativo está, precisamente, en la 'prioridad nacional' para acceder a determinadas ayudas públicas o a la vivienda protegida. Es el punto que más ruido ha generado en las dos comunidades autónomas. Y para implementarlo por completo debe reformarse necesariamente la Ley Orgánica 4/2000 ( ley de extranjería ). Fuentes del entorno de Santiago Abascal aseguran que el pacto contempla que los gobiernos de Extremadura y Aragón insten ya al Gobierno central a esa modificación, a sabiendas de que no lo hará. Mientras tanto, las comunidades irán aplicando sus competencias «para favorecer la preferencia de los nacionales» en el acceso a los servicios públicos asistenciales, como ya ha ocurrido, por ejemplo, en Comunidad Valenciana o Baleares. Pero la pelota queda en el tejado de Feijóo si es presidente.Noticia relacionada general No No La Comunidad Valenciana fue la cuna de la 'prioridad nacional' Toni JiménezEn política migratoria PP y Vox también exigen desde estas autonomías que se adapte «de forma inmediata» a la legislación nacional el nuevo Reglamento Europeo de Retornos aprobado en marzo de 2026, que contempla la creación de centros para inmigrantes en terceros países a quienes deban ser repatriados. Es el conocido como 'modelo Meloni' para agilizar las deportaciones. El endurecimiento de la política migratoria común es una realidad a la que el PP se ha sumado especialmente en el último año. Algunas cuestiones del acuerdo sobre seguridad y combatir la ocupación ilegal -otra clave para ambas formaciones- miran directamente a reformas nacionales. Primero, la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local para impedir el «uso fraudulento del padrón municipal» , proponiendo que la inscripción de personas sin un título habilitante de ocupación de la vivienda sea considerada nula de pleno derecho y no genere acceso a derechos o prestaciones. El desarrollo total de la «prioridad nacional», clave de los nuevos pactos, implica necesariamente una reforma en la Ley de ExtranjeríaDe hecho, en el Congreso PP y Vox han registrado normativas muy similares para combatir la 'okupación' sin que hayan prosperado (sí en el Senado con la mayoría absoluta de los populares). En los pactos autonómicos exigen «la aplicación sin excepciones de la legislación vigente» mirando a la Ley de Enjuiciamiento Civil para llevar a cabo desalojos exprés. Lo que prevén son «mecanismos autonómicos» de apoyo a los propietarios para evitar dilaciones. Pero el trasfondo del documento lo que contempla es una nueva ley inmediata con un nuevo inquilino en la Moncloa que permita desalojos en 24 horas -incluyendo el desalojo forzoso si no se hace voluntariamente- y reformas del Código Penal para incrementar las penas previstas por ese delito.Sector primarioEl blindaje del sector primario es parte esencial del pacto en estas dos autonomías. Para Vox era crucial marcar distancias con la agenda 2030 y el texto habla de no aprobar ninguna medida que perjudique a agricultores y ganaderos, protegiéndolos de «las imposiciones de Bruselas y el Pacto Verde». También incluye «un rechazo explícito» al acuerdo con Mercosur –que el PP impulsó activamente en el Parlamento Europeo– mientras no se garantice «la igualdad de condiciones». En Génova aseguran que esa es la referencia expresa a las salvaguardas que tanto pelearon. Pero la realidad es que el texto implica una fuerte contradicción con la postura defendida hasta ahora por el partido de Feijóo y que solo podrá gestionarse -está por ver en qué dirección- desde el Gobierno central.En materia de impuestos , ambas formaciones han acordado rebajas autonómicas en los tributos cedidos y propios, pero también han pactado impulsar una proposición de ley en las Cortes Generales para modificar el régimen jurídico del aplazamiento y fraccionamiento aplicable al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), permitiendo pagar el impuesto hasta en 10 años cuando se trate de la vivienda habitual, a la que tendrán que dar salida si la derecha gobierna.Los dos partidos asumen una hoja de ruta común a través de sus autonomías, que deberá completarse con un nuevo Gobierno central En el caso particular extremeño, además de comprometerse a blindar la continuidad de la central nuclear de Almaraz -eliminando la ecotasa energética antes de que termine la legislatura-, los dos partidos acuerdan «revisar el nuevo escenario» que se abra si realmente el Gobierno accede a reducir la carga impositiva estatal en el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y el Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos, además de ajustar la tasa Enresa. El blindaje, según explican ambas formaciones, se podría ejecutar por completo desde el Gobierno nacional.Y en Aragón también hay cuestiones específicas que requieren la acción directa a nivel estatal. Una de ellas mira al refuerzo del sistema judicial en la comunidad, instando al Gobierno central a crear y poner en funcionamiento los nuevos juzgados en Alcañiz, Jaca, Monzón y Barbastro. Una reivindicación que según el acuerdo debería impulsarse antes de que acabe 2027, dando margen a que haya llegado un nuevo Ejecutivo tras las generales. Igualmente aparece una demanda para ejecutar inmediatamente las obras pendientes del Pacto del Agua : la culminación de Yesa, Mularroya y Almudévar, y la puesta en marcha Montearagón, que depende del Gobierno central. También contempla este acuerdo aprobar al fin una Prueba de Acceso a la Universidad (EBAU) común para toda España, que hasta ahora el Ejecutivo socialista ha visto inviable.