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Expansión ·

La agricultura europea ya no es intocable para los políticos

Resumen

Los agricultores europeos siempre han contado con la protección de la clase política y el apoyo estatal. Desde los inicios de la UE, los agricultores indignados no han perdido oportunidad de manifestarse ante las políticas centralizadas a las que se oponen. Desde la década de 1960, cualquier debate serio sobre reformas que afecten a su sector ha garantizado que trabajadores y terratenientes se desplacen a Bruselas para enfrentarse a la policía antidisturbios. Esta tradición de décadas se volvió a repetir en diciembre, cuando los agricultores arrojaron estiércol y lanzaron patatas a las calles de la capital belga.

Los agricultores europeos siempre han contado con la protección de la clase política y el apoyo estatal. Ahora, esto podría estar cambiando. Desde los inicios de la UE, los agricultores indignados no han perdido oportunidad de manifestarse ante las políticas centralizadas a las que se oponen. Desde la década de 1960, cualquier debate serio sobre reformas que afecten a su sector ha garantizado que trabajadores y terratenientes se desplacen a Bruselas para enfrentarse a la policía antidisturbios. Esta tradición de décadas se volvió a repetir en diciembre, cuando los agricultores arrojaron estiércol y lanzaron patatas a las calles de la capital belga. La política en cuestión era un acuerdo comercial entre la UE y el bloque Mercosur de países latinoamericanos, que los productores de carne de vacuno, lácteos y aves de corral temen que los lleve a la ruina. Pero esta vez, a pesar de la enorme presión del lobby agrícola, los líderes europeos no cedieron, o al menos no del todo. El pasado 1 de mayo, tras décadas de resistencia por parte del lobby agrícola, entró en vigor el acuerdo comercial. Los Estados miembros habían votado previamente por un estrecho margen a favor del pacto, aunque con importantes concesiones para apaciguar a los agricultores y sus poderosos grupos de interés. Fue un momento en el que quedó claro que el poder que los agricultores habían ostentado durante tanto tiempo podría estar debilitándose. Mediante la protección política y los generosos subsidios, la agricultura europea se ha diseñado no solo para garantizar el suministro de alimentos, sino también para preservar el estilo de vida rural. El resultado es un sector que sigue dominado por pequeñas explotaciones familiares, mientras la agricultura en otras partes del mundo se ha consolidado e industrializado. Pero el acuerdo con Mercosur ha demostrado que este modelo podría estar amenazado, justo cuando los responsables políticos debaten el futuro del régimen de subvenciones que lo sustenta. En los próximos meses, Bruselas decidirá sobre la próxima versión de la Política Agrícola Común (PAC), el complejo sistema de subvenciones agrícolas que consume alrededor de un tercio del presupuesto común del bloque. Las organizaciones agrícolas afirman que los acuerdos comerciales y otras reformas amenazan la seguridad alimentaria de Europa en un momento de creciente riesgo geopolítico y justo cuando los agricultores se ven sometidos a una presión aún mayor debido a que la crisis del Golfo eleva los precios del combustible y los fertilizante. Prioridades europeas Los partidarios de la reforma del sistema argumentan que la prioridad de Europa debe ser competir en este nuevo mundo geopolítico. "¿Cómo podemos avanzar invirtiendo en investigación e innovación si seguimos gastando tanto en la vieja economía?", asegura un diplomático de la UE. "¿Cómo podemos reducir la dependencia si no podemos cerrar acuerdos comerciales debido a las preocupaciones de un pequeño grupo de agricultores?", añade. Algunos creen que estos subsidios están ralentizando la reestructuración impulsada por el mercado, que podría reemplazar las decadentes explotaciones familiares con agronegocios más eficientes y a gran escala, como ya está ocurriendo en algunas zonas del sur de Europa. Afirman que el impacto en la producción total de alimentos sería limitado. Otros advierten de que una industria dependiente de ayudas estatales y exportaciones también representa una debilidad geopolítica que frena el crecimiento económico. Sostienen que los agricultores dispuestos a presionar a la UE están, a su vez, haciendo que el bloque sea más vulnerable a la presión de Estados Unidos y China. La Política Agrícola Común de la UE, que se remonta a 1962, se diseñó para garantizar que el continente pudiera autoabastecerse de alimentos tras la escasez de la Segunda Guerra Mundial. Lo logró apoyando los precios, subvencionando la producción y protegiendo al sector de la competencia externa. Durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX, este modelo tuvo éxito. Los avances en fertilizantes, pesticidas y ciencia agrícola impulsaron un aumento considerable de la producción, lo que ayudó a Europa dejara de ser una región de escasez. Sin embargo, en la década de 1980, el sistema producía más de lo que podía consumir, y Bruselas compraba el excedente de alimentos para sostener los precios. En lugar de desmantelar el sistema, las autoridades lo ajustaron. Se introdujeron cuotas de producción para limitar la oferta, mientras que los subsidios continuaron garantizando los ingresos de los agricultores. El ganadero holandés Jos Verstraten recuerda que sus vecinos bromeaban diciendo que su padre se había convertido en un "funcionario público", rellenando formularios a cambio de ayudas estatales. A partir de principios de la década de 2000, las reformas introducidas desviaron los subsidios de la producción hacia la propiedad de la tierra, a menudo vinculados a las condiciones ambientales. Se alentó a los agricultores a diversificar su actividad -produciendo bienes de mayor valor o gestionando tierras- mientras que las cuotas, como los límites a la producción de leche, se fueron eliminando gradualmente. Nuevos ingresos Algunos se convirtieron en emprendedores, en un intento de reemplazar los ingresos por subsidios con productos de valor añadido como el vino y el queso, e identificando nuevos mercados en el extranjero. Las cuotas lácteas se abolieron en 2015 para fomentar la producción para la exportación. Como afirma un exministro neerlandés, "importamos soja, la usamos para alimentar al ganado, exportamos carne y leche, y nos queda un montón de basura". El superávit comercial agroalimentario de la UE ascendió el año pasado a 50.000 millones de euros. Las exportaciones aumentaron un 1%, alcanzando un máximo histórico de 238.400 millones de euros, lo que convirtió a la UE en el mayor exportador agroalimentario del mundo. Las importaciones, en términos de valor, también aumentaron un 9%, hasta los 188.600 millones de euros, impulsadas por las subidas de los precios del café, el cacao y el té. A pesar de exportar muchos más alimentos de los que importa, el modelo subyacente se mantuvo intacto: un sistema que protege a los agricultores de las presiones del mercado y permite la supervivencia de explotaciones más pequeñas y menos competitivas. Un bloque poderoso Esto también ha contribuido a afianzar la influencia política de los agricultores. En muchos países de la Unión Europea, las comunidades rurales siguen constituyendo un importante bloque electoral, y los gobiernos se han mostrado reacios a impulsar reformas que amenacen sus medios de subsistencia. Esta sensibilidad política se extiende a la política comercial. Como resultado, las negociaciones se han visto repetidamente limitadas o retrasadas, con concesiones diseñadas para proteger sectores como la carne de vacuno, los lácteos y el azúcar. Tras la imposición de aranceles por parte de Bruselas a los vehículos eléctricos chinos, Pekín respondió imponiendo aranceles a la carne de cerdo, los lácteos y el coñac europeos, sectores muy vinculados a las economías rurales y altamente dependientes de las exportaciones. "Dependemos de ciertos sectores concretos, y lo sabemos", afirma un alto funcionario de la Comisión. La lección es clara: la agricultura suele ser el primer sector en el que se aplican las represalias, porque es donde la presión política es mayor. Los responsables de comercio describen al sector como un punto débil en los intentos de "desvincularse" de China. Medidas que, en otras circunstancias, serían económicamente sencillas, se vuelven políticamente difíciles cuando existe el riesgo de provocar una reacción adversa por parte de los agricultores. Esta tensión ayuda a explicar la controversia en torno al acuerdo del Mercosur, que crea una zona de libre comercio con una economía de 25 billones de euros. La apertura de mercados puede beneficiar a algunos sectores de la economía europea, pero también expone a algunos de los segmentos más protegidos y políticamente sensibles de la agricultura a la competencia de productores con menores costes en Brasil y Argentina. Agricultores protestan contra las reformas de la Política Agrícola Común frente al Parlamento Europeo en Bruselas en febrero.EFE El nuevo acuerdo Según Thijs Geijer, economista del banco holandés ING, se prevé que el acuerdo impulse las exportaciones de la UE en 50.000 millones de euros anuales para 2040. Sin embargo, las exportaciones de alimentos y productos agrícolas solo recibirían 1.000 millones de euros de esa cantidad. "No es bueno para subsectores agrícolas como la carne de vacuno, las aves de corral y el azúcar. Pero pensemos en el vino, las bebidas espirituosas y los productos protegidos como el jamón de Parma. Se beneficiarán, pero los perjudicados son los que más presión ejercen y los que más se hacen oír. Y los agricultores se mantienen unidos", explica. La pregunta ahora es qué sucederá cuando se relaje la protección de la que han disfrutado los agricultores durante décadas. Los grupos del sector agrícola argumentan que las subvenciones son necesarias porque su industria es única, tanto por el papel que desempeña en la autonomía estratégica como por su exposición a riesgos externos. La invasión rusa de Ucrania, que disparó los precios de los alimentos, y ahora la guerra en Irán, que ha sacudido los mercados de fertilizantes, han reforzado este argumento. Helen O'Sullivan, ganadera de vacuno del condado de Cork, en Irlanda, afirma que los agricultores se ven asfixiados por la burocracia y el aumento de los costes. El precio de "los fertilizantes ha subido, el coste del diésel ha subido. El acero para la construcción de naves, el cemento, el combustible... Todo ha subido", explica. La explotación de O'Sullivan, con 70 vacas, perdía dinero hasta que los precios de la carne de vacuno aumentaron en los últimos 18 meses, principalmente debido a que una enfermedad ha diezmado la población bovina y a que la demanda de carne de mayor calidad se ha mantenido estable. Los precios de los fertilizantes, que ya eran altos antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán a finales de febrero, se han disparado hasta un 80%. "Los alimentos se utilizan cada vez más como arma geopolítica, y nuestras dependencias pueden convertirse rápidamente en vulnerabilidades. Por ese motivo, la producción y la competitividad alimentarias deben seguir siendo el eje central de nuestras políticas", afirma el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, luxemburgués y agricultor: "En la próxima PAC, el apoyo debería dirigirse a quienes contribuyen activamente a la producción de alimentos". Identidad rural Los grupos del sector consideran que las pequeñas explotaciones son fundamentales para la identidad rural europea. Organizaciones como Coldiretti, el principal lobby agrícola de Italia, argumentan que estas explotaciones no solo mantienen las economías locales, sino también los paisajes, las tradiciones y las culturas gastronómicas que definen gran parte del continente. Desde esta perspectiva, la agricultura europea no es fácilmente sustituible con la producción a gran escala de otros países. Cuando los consumidores extranjeros compran productos como el queso parmigiano reggiano o el jamón de Parma, pagan tanto por el origen, los métodos y la tradición como por el alimento en sí, cualidades que dependen de pequeñas explotaciones, a menudo familiares. Los defensores del sistema actual argumentan que la PAC desempeña un papel fundamental en la preservación de este modelo, ayudando a mantener la viabilidad de estas explotaciones y a preservar una forma de agricultura ligada tanto al territorio como a la producción. Sin embargo, algunos expertos argumentan que el riesgo para la seguridad alimentaria se está exagerando. Estudios recientes del Centro Común de Investigación de la UE muestran que, si se eliminara la PAC, la producción agrícola solo se reduciría en poco más del 5%. "Las tierras fértiles no se quedarán sin cultivar si no subvencionamos a los agricultores", afirma Alan Matthews, catedrático de política agrícola en el Trinity College de Dublín, quien señala que, para maximizar la producción de alimentos y reducir las subvenciones, la UE necesita explotaciones agrícolas más grandes. Pero esto contradice la opinión pública y la cultura nacional. Los pequeños agricultores están desapareciendo. El número de explotaciones en la UE se redujo de 14,4 millones en 2005 a 8,8 millones en 2023, mientras que la superficie agrícola se mantuvo sin cambios. Mientras muchos agricultores familiares venden sus explotaciones, los inversores institucionales están entrando en escena. España y Portugal, que ya suministran una gran parte de la fruta, la verdura y el aceite de oliva de Europa, se han convertido en un foco de atención, donde muchos ven una oportunidad para expandir y modernizar la agricultura. © The Financial Times Limited [2026]. Todos los derechos reservados. FT y Financial Times son marcas registradas de Financial Times Limited. Queda prohibida la redistribución, copia o modificación. EXPANSIÓN es el único responsable de esta traducción y Financial Times Limited no se hace responsable de la exactitud de la misma.