España ahorraría hasta 1.500 millones si congelara las pensiones máximas, como plantea Francia

El desafío de la financiación de las pensiones es transversal a la gran mayoría de las economías desarrolladas, atenazadas por el envejecimiento de la población y el aumento de su peso respecto al volumen de trabajadores. Este indicador es especialmente relevante sobre los sistemas de reparto, como el español o el francés, en los que las cotizaciones de los ocupados sirven para pagar las prestaciones de los beneficiarios actuales. Un modelo abre la puerta a desequilibrios contributivos que tensionan la caja de la Seguridad Social y ensombrecen las perspectivas de la salud financiera a medio y largo plazo. Por ejemplo, en España, el déficit contributivo del sistema de pensiones asciende ya a 60.000 millones de euros, según cálculos de Fedea. Y más allá, la última actualización de la denominada Tabla 29 del INE actualizada recientemente (una estadística que obliga a elaborar la Comisión Europea que calcula a valor presente cuánto valen las pensiones futuras asociadas a los derechos que los trabajadores y pensionistas ya han acumulado) arroja que, a cierre de 2021, España contaba con derechos acumulados en el sistema público por valor de 6,13 billones de euros. En este contexto, buena parte de los países del entorno comunitario en los que el gasto en pensiones comienza a alcanzar cotas exorbitadas están planeando medidas para contener el desembolso y embridar el déficit creciente. Es el caso de Francia, donde el Ministerio de Economía y Finanzas ha abierto la puerta a una congelación total o parcial de las pensiones más elevadas. Lo hace en un contexto de déficit público elevado, del 5% previsto para este año, y en el que la subida en función del IPC amenaza con engrosar la factura anual de forma notable por el desvío de precios que está propiciando el impacto de la guerra en Oriente Próximo. Aunque en España el déficit público está más contenido, cerrará en el entorno del 2,6% del PIB en 2026 según cálculos de la Airef, el IPC se sitúan en cotas notablemente elevadas. En julio cerró en el 3,8% en la lectura armonizada de Eurostat (el servicio de estudios de la Comisión Europea), siendo el cuarto avance más alto de la eurozona y el más elevado entre las principales potencias. Francia, por ejemplo, registró un IPC del 2,4%. En este punto, con una factura de las pensiones creciente que se situará en cerca de 230.000 millones en 2026 y con una revalorización que para el próximo año podría situarse en el entorno del 4% si persiste la escalada del IPC por el conflicto en Oriente Próximo -la última previsión del Banco de España realizada en junio, previa al recrudecimiento de los ataques entre Estados Unidos e Irán, se sitúa en el 3,6%-, conviene cuestionarse el impacto que tendría una medida similar a l planteada por Francia en el sistema público de pensiones español. Cabe recordar que en el escenario más benévolo en el que el IPC se contenga en el 3,6% la factura de la revalorización ascendería al entorno de los 7.600 millones -sin contar con las Clases Pasivas, ni con el mayor incremento que se aplicaría a las pensiones mínimas y no contributivas-. Aplicando la medida planteada desde el país vecino, para las pensiones más altas, en España hay cerca de 810.000 jubilados cobrando prestaciones de más de 3.000 euros brutos al mes (en catorce pagas) -según los datos oficiales del Ministerio de Seguridad Social para el mes de julio-. Es decir, aquellos que rondan la cuantía de la pensión máxima que ofrece el sistema, que con la actualización de 2026 se sitúa en 3.359 euros brutos. Ahorro estimado En el caso de mantenerse el pulso inflacionista con un IPC anual que ronde el 4%, el coste de subir estas 810.000 prestaciones de más de 3.000 euros sería de 1.486 millones de euros. El incremento sería de entre 120 euros y 134 euros al mes (entre 1.680 euros y más de 1.880 euros al año). Por lo que de congelarse totalmente la subida el ahorro ascendería a casi 1.500 millones y si al menos se enfriase el incremento, la mitad del IPC, este ahorro sería de 743 millones. Mientras que aplicar una revalorización del 3,6% -el último escenario del Banco de España- a las pensiones superiores a los 3.000 euros al mes supondría un incremento de entre 108 euros y más de 121 euros mensuales por pensionista, lo que equivale a un aumento anual de entre 1.512 euros y más de 1.693 euros en catorce pagas, con un impacto económico global para el sistema de unos 1.338 millones de euros al año destinados al conjunto de estos 809.965 beneficiarios. Si solo se revalorizara por la mitad del IPC, el ahorro sería de un 669 millones. En todo, el ahorro máximo de 1.500 millones equivaldría al 0,6% del total de la factura anual de las pensiones.