No más incertidumbre

Pedro Sánchez sopesa adelantar las elecciones generales, y esta posibilidad electrizó ayer el pleno extraordinario del Congreso en el que la mayoría de derechas formada por PP, Vox y Junts derrotó los dos decretos de medidas urgentes sobre la vivienda. Lo que debía ser un debate sobre las propuestas negociadas por el Gobierno en respuesta al estallido social de la última semana quedó reducido a una confrontación de eslóganes. En una intervención no anunciada, el presidente pronosticó que los partidos que votaron en contra recibirán el castigo de la sociedad “antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, respondió fuera del hemiciclo: “Acepto el reto”. Fue un ensayo de campaña electoral, aunque no se haya disuelto el Parlamento ni exista una fecha para la convocatoria a las urnas. Con el rechazo del Congreso a los decretos ha salido derrotada la respuesta apresurada, pero valiosa y necesaria, que ha dado el Gobierno a una ola social de indignación que ha galvanizado al país desde el impactante desahucio de Maricarmen Abascal el 23 de septiembre en Madrid. Decaen medidas como la protección de inquilinos sin alternativa habitacional, la prórroga de dos años de los contratos o la limitación de compra a los llamados fondos buitre. Las normas que rigen el mercado inmobiliario siguen siendo las mismas que hace una semana. La respuesta de la política sigue pendiente. Con elecciones o sin ellas, todos los actores políticos e instituciones tienen la obligación de presentar propuestas constructivas desde sus respectivas competencias y buscar el acuerdo para avanzar en este debate que ya no tiene marcha atrás. La iniciativa para salvar estas medidas y dar salida al clamor de las calles recae en primer lugar en el Gobierno y el presidente, que debe aclarar cuanto antes si quiere alargar la legislatura o si la da por terminada tras la derrota de los decretos. Ni quienes protestan en las calles a la espera de una movilización de los poderes públicos ni el conjunto de la ciudadanía entenderían que se mantuviese por más tiempo la incógnita sobre el futuro del Gobierno y sus planes para los próximos meses. Una disolución parlamentaria pondría fin antes de tiempo a una legislatura que arrancó en agosto de 2023 y en la que, por primera vez en democracia, la mayoría del Parlamento no es del signo ideológico del Gobierno, como se ha comprobado con el rechazo a los decretos. La campaña electoral y el voto permitirían una clarificación en una España tensionada y polarizada. La otra opción, tan legítima y democrática como la anterior, consiste en mantener viva la legislatura y convocar las elecciones en verano, cuando se cumplan cuatro años de los anteriores comicios, o antes. Si así lo decide el presidente, exigirá como prioridad agotar todas las vías para responder a los abusos en la vivienda y los desahucios. Y, si esto exige reabrir la negociación con Junts y otros partidos, no debe desaprovecharse la ocasión. Lo peor ahora sería resignarse a la inoperancia después de fracasar en el primer intento de esta semana. Seguir gobernando requerirá también explicar con qué apoyos, con qué objetivos y con qué método teniendo en cuenta que por cuarto año consecutivo no se han presentado los Presupuestos a tiempo. Sea cual sea el sentido de su decisión, no es momento de prolongar la incertidumbre.