La factura de las pensiones se dispara un 60% en la era Sánchez y obliga al futuro Gobierno a hacer ajustes o restar fondos de otras políticas para pagar jubilaciones

Las pensiones han irrumpido en la precampaña electoral. En juego: más de 9,5 millones de votos. El Gobierno está usando la revalorización con el IPC como una de sus grandes bazas, mientras alimenta el miedo a los recortes por parte de la oposición. Al otro extremo, Vox plantea una privatización parcial. Mientras, el PP se compromete a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, pero pasando por una reforma del modelo que garantice su sostenibilidad. El debate está servido. Y no es menor. Las pensiones son un pilar fundamental del Estado del bienestar. Pero el ingente esfuerzo económico que exigen en un contexto de envejecimiento, elevada inflación y jubilación masiva de boomers obliga a fiscalizar cada céntimo de la principal partida de gasto público, con 200.000 millones de euros proyectados para 2026. Lo ha hecho la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y su diagnóstico, aun habiendo librado al Gobierno un ajuste duro, lanza una contundente advertencia sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo: en ausencia de reformas, el aumento del gasto en pensiones obligará a restar recursos de otras políticas públicas o a incrementar el endeudamiento. La factura de las pensiones se ha disparado un 60% desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. En junio de 2018 una nómina mensual ascendía a poco más de 9.000 millones de euros. El pasado mes de septiembre el desembolso rozó los 14.500 millones. La diferencia entre ambas magnitudes refleja la profunda transformación que atraviesa el sistema, con prestaciones cada vez más elevadas, pero también con más pensiones que pagar. Y es que hace ocho años la Seguridad Social abonaba 9,6 millones de prestaciones contributivas y hoy se superan los 10,5 millones. Son casi un millón más, un alza del 10% que confluye con la entrada de nuevos jubilados con más derechos económicos que quienes abandonan el sistema y con el encarecimiento de la nómina por la revalorización anual. Hay una gran complejidad de fondo, pero la discusión en los últimos años se ha centrado en el mantenimiento del poder adquisitivo. Después de varios ejercicios en los que las pensiones estuvieron sujetas al índice de revalorización del 0,25%, el PSOE recuperó la vinculación a la inflación y posteriormente el Gobierno de coalición la consolidó por Ley. Así, desde 2022 las prestaciones contributivas han experimentado incrementos generales del 2,5%, el 8,5%, el 3,8%, el 2,8% y el 2,7%, respectivamente. El mayor salto se produjo en 2023, cuando hubo que compensar la fuerte escalada inflacionista derivada de la guerra en Ucrania, elevando de forma permanente la base sobre la que se han calculado las sucesivas revalorizaciones y, por tanto, prolongando en el tiempo el impacto sobre el gasto público. En consecuencia, los 1.084 euros que cobraba de media un jubilado en junio de 2018 se han convertido en 1.576 euros en septiembre de 2026, lo que supone un incremento de más del 45% en ocho años. Pero aquí entra en juego el efecto sustitución por el que los trabajadores que se jubilan con carreras laborales más largas y bases de cotización superiores a las de generaciones anteriores acceden a pensiones que elevan la media del conjunto del sistema. Por eso la subida del 45% en la pensión media no implica que todos los jubilados hayan visto crecer su nómina en esa proporción. De hecho, una pensión que ya se cobraba en 2018 y que se haya actualizado exclusivamente conforme al IPC acumula una subida próxima al 26%: un jubilado que cobrase 1.000 euros hace ocho años estará percibiendo ahora unos 1.260 euros. Con todo, la actualización con los precios -que no es una propuesta electoral sino un mandato legal- blinda el poder adquisitivo de los pensionistas, pero también convierte cada episodio inflacionista en un incremento permanente del gasto público. Y el sistema afronta ahora una nueva prueba, con la escalada del IPC apuntando hacia otra subida significativa en 2027. Por eso el gran reto para el próximo Gobierno en materia de pensiones será decidir si mantiene al máximo el nivel de tensión financiera sin tocar el modelo o acomete ajustes, bien por la vía de los ingresos o por la del gasto, para apuntalar la sostenibilidad a largo plazo. Feijóo apunta que las pensiones se actualizarán conforme al IPC: "Son innegociables" Los avisos de la AIReF Lo ha advertido la AIReF. En el último examen sobre las pensiones concluyó que la denominada regla de gasto se cumplía. Es decir, que, en base a los cálculos impuestos en esa metodología, el nivel de gasto neto en pensiones (descontado del desembolso previsto el aumento de ingresos proyectado) se situará en el 13% del PIB entre 2022 y 2050, tres décimas por debajo del umbral del 13,3% que fija la normativa y que obligaría a apretar el botón del ajuste. Pero a partir de ese aprobado raspado el informe está repleto de advertencias sobre la sostenibilidad del sistema. Para empezar, la AIReF advierte de que "el cumplimiento formal de la regla de gasto de pensiones no implica que desaparezcan las tensiones sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas". Y continúa: "En un escenario a políticas constantes en el que no operan las reglas fiscales, la deuda iniciaría una trayectoria ascendente a largo plazo impulsada por el proceso de envejecimiento de la población española, agravando la situación de vulnerabilidad de las finanzas públicas". De hecho, tras actualizar las previsiones demográficas, macroeconómicas y fiscales, la Autoridad Fiscal proyecta que este escenario llevará la deuda al 123% del PIB en 2050. Por otro lado, el organismo pone el foco en las transferencias de dinero que recibe continuamente la Seguridad Social para poder hacer frente al pago de las pensiones ante la insuficiencia de ingresos por cotizaciones. Y avisa de que para financiar el aumento del gasto en pensiones esperado, las transferencias deberán aumentar 2,3 puntos, hasta alcanzar el 3% del PIB, el equivalente a unos 50.000 millones de euros actuales. "Este incremento, en ausencia de medidas, supondrá una minoración de los recursos disponibles para otras políticas de gasto o el recurso al endeudamiento, lo que parece difícil de compatibilizar con las exigencias y compromisos de los marcos fiscales europeo y nacional", alerta el organismo supervisor.