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El País ·

Dinamarca quiere que Bruselas “examine” la regularización de migrantes de España

Resumen

Que España nada a contracorriente en Europa en materia migratoria ha quedado más patente que nunca este viernes en Bruselas, donde varios líderes europeos, encabezados por las primeras ministras danesa, Mette Frederiksen, y la italiana Giorgia Meloni, han cargado duramente contra la decisión del español Pedro Sánchez de regularizar a cientos de miles de inmigrantes. Una política, afirman, que va “en contra” de la línea mayoritaria de una Unión Europea que no cesa en sus esfuerzos por endurecer las condiciones para entrar en su territorio. Una de las más duras ha sido, una vez más, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. A pesar de ser una de las pocas líderes socialdemócratas en Europa, en materia migratoria la jefa de Gobierno danesa está en las antípodas del socialista Sánchez, al que ha acusado abiertamente en Bruselas de actuar “en contra” de la política de extranjería comunitaria, algo que ha pedido a la Comisión Europea que “examine”.

Que España nada a contracorriente en Europa en materia migratoria ha quedado más patente que nunca este viernes en Bruselas, donde varios líderes europeos, encabezados por las primeras ministras danesa, Mette Frederiksen, y la italiana Giorgia Meloni, han cargado duramente contra la decisión del español Pedro Sánchez de regularizar a cientos de miles de inmigrantes. Una política, afirman, que va “en contra” de la línea mayoritaria de una Unión Europea que no cesa en sus esfuerzos por endurecer las condiciones para entrar en su territorio. Una de las más duras ha sido, una vez más, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. A pesar de ser una de las pocas líderes socialdemócratas en Europa, en materia migratoria la jefa de Gobierno danesa está en las antípodas del socialista Sánchez, al que ha acusado abiertamente en Bruselas de actuar “en contra” de la política de extranjería comunitaria, algo que ha pedido a la Comisión Europea que “examine”. “He pedido a la Comisión que examine el caso de un país que hace prácticamente todo lo contrario que los demás. Es decir, uno llega ilegalmente a un país y, de repente, se le permite estar ahí legalmente”, ha dicho Frederiksen al llegar al Consejo Europeo, donde la política migratoria cerrará la cumbre de dos días de los Veintisiete. Esto “va en contra de la política de extranjería que hoy cuenta con una amplia mayoría en Europa. He pedido a la Comisión que lo examine”, ha insistido en declaraciones a la prensa. Frederiksen llegaba de celebrar, en los márgenes de la cumbre europea, el ya tradicional “desayuno migratorio” que reúne a 18 Estados miembros —y con participación de la Comisión— que buscan endurecer más aún las políticas migratorias comunitarias, entre otros acelerando la creación de centros de deportación en terceros países. Según fuentes diplomáticas, varios de los participantes declararon su intención de reabrir las conclusiones de la cumbre europea para hacer mención de alguna forma en el texto a su rechazo a la política de regulación española, que consideran —pese a que hasta Bruselas lo ha negado— que tiene un efecto llamada. Muchos creen que la crisis de Ceuta así lo ha demostrado, aunque este extremo ha sido específicamente rechazado por el comisario de Migración, Magnus Brunner, pese a que está también más alineado con los afines a un endurecimiento de las políticas migratorias. La iniciativa para realizar los cambios en el texto que se debe consensuar —y ahí España puede negarse y bloquear esa parte— ha partido de Dinamarca, Italia y Polonia, según fuentes diplomáticas. Se trata, indican las fuentes de que se reconozca que la inmigración irregular es algo que “preocupa a la ciudadanía” y que hay necesidad de trabajar más para “reducir” los efectos llamada o las políticas que los pueden incentivar. Estos países también quieren que se explore algún tipo de manera de que se “aliente la cooperación” entre los Estados miembros “cuando hacen políticas nacionales que afectan a otros”, reflejando de nuevo las quejas de algunos países a España de que su regularización masiva podría tener implicaciones en sus territorios. En el desayuno migratorio han participado, además de Dinamarca e Italia —que ya encabezaron en agosto las críticas a España sobre Ceuta que ahora han matizado—, Países Bajos, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Finlandia, Alemania, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia, como ha revelado la italiana Giorgia Meloni. “La reunión ha permitido hacer balance de los progresos alcanzados en los últimos meses y sobre las próximas iniciativas, con particular atención a la prevención de llegadas irregulares masivas, a la instrumentalización de los migrantes y a la implementación del nuevo marco normativo europeo”, ha explicado Meloni en un mensaje en las redes sociales. Según ha adelantado, también ha planteado solicitar “una revisión dirigida de la legislación europea para hacer más efectivos los nuevos procedimientos relativos a la retención de los migrantes irregulares durante los procedimientos fronterizos”. Aunque la primera ministra ultra italiana ha llegado a un acuerdo con Sánchez para rebajar la tensión bilateral poniendo fin, en los próximos días, a las medidas de control fronterizo que establecieron a raíz de la crisis ceutí, Meloni es de los líderes que buscan confrontar abiertamente a Sánchez en la reunión a puerta cerrada por su política migratoria, de acuerdo con diversas fuentes diplomáticas. Son “casi 20 países” a favor de endurecer las políticas, destacaba una de las fuentes consultadas. “La cuestión no es quién está en la reunión, sino quién no está”, agregó en referencia a Sánchez, en consonancia también con las declaraciones públicas de Frederiksen. Entre los abiertamente críticos con España está también el primer ministro checo, Andrej Babis. “Vemos lo que está ocurriendo en España, algunos políticos son capaces de sustituir a la población simplemente para mantenerse en sus cargos y seguir en el Gobierno”, ha lanzado a su llegada a la cumbre. Por su parte, el canciller austriaco, Christian Stocker, ha hablado de una “mala señal” para toda Europa. “La legalización en España de muchos migrantes ilegales no es una buena señal cuando en Europa estamos haciendo esfuerzos para limitar la inmigración ilegal (…) y sabemos que cada señal tiene un efecto”, ha declarado el conservador austriaco. En este sentido, ha indicado, independientemente de que la crisis de Ceuta estuviera “o no” ligada a la regularización masiva realizada, “no sé si lo de Ceuta habría ocurrido sin esa señal”, ha considerado. Fuera de los micrófonos, tanto los defensores acérrimos de este giro a la derecha en política migratoria como los menos contundentes reconocen que es un debate más político que de fondo real. Sobre todo ante un año plagado de elecciones clave donde una extrema derecha prácticamente imparable en muchos países está marcando el discurso migratorio. Como señalaba la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su también tradicional carta migratoria pre-cumbre, las políticas migratorias ya en marcha están logrando “resultados sustanciales”: “Los cruces ilegales de la frontera han descendido hasta su nivel más bajo desde 2021, con una reducción del 55% en los últimos dos años y de más de un tercio solo este año”, subrayó la alemana en su misiva. Pero “algunos países quieren una discusión más emocional porque la necesitan por motivos internos”, explicaba las presiones y la potencial crítica a Sánchez una fuente diplomática en vísperas del almuerzo de trabajo de este viernes, centrado en la migración. Y “muchos no están contentos” con la regularización española, recordó. La Comisión, en boca de su responsable de Migración, Magnus Brunner, ha reconocido varias veces que la regularización no tuvo nada que ver con la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Aun así, tanto Meloni como Frederiksen, que encabezaron en agosto una dura carta contra Sánchez responsabilizándole de la crisis en la ciudad autónoma, quieren volver ahora al ataque y reprocharle una vez más, como ya hicieron en la cumbre previa de junio, antes de la crisis ceutí, una regularización que afirman —y en esto no están solas— que tiene un peligroso “efecto llamada”. La dicotomía en materia migratoria se refleja en esta cumbre: por un lado, los líderes europeos reculan formalmente y, en las conclusiones de la cita, manifiestan sin fisuras su “solidaridad y apoyo” a España frente a la crisis ceutí. Pero a la vez, usarán el máximo foro europeo para atacar a la misma España —o a su gobierno actual, en vísperas casi de las elecciones adelantadas al 29 de noviembre— para hacer política interna en materia migratoria. Un diplomático reconocía estos días que el debate migratorio se mueve en “dos esferas”. La de la “vida real”, donde las políticas europeas funcionan, como demuestran las cifras decrecientes de entradas irregulares por las diversas rutas marítimas y terrestres, y la de la “vida política”, donde “algunos dirigentes lanzan mensajes y pasan mucho tiempo hablando de soluciones innovadoras que son en realidad soluciones viejas que no han funcionado, pero que crean debates” que sienten útiles en tiempos electorales. Con todo, desde Madrid se asegura que Sánchez acude “muy preparado” para esa nueva cita, armado con cifras “contundentes” para rebatir los argumentos, tal como hizo también su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una primera reunión extraordinaria de emergencia de la UE tras la crisis ceutí. A su llegada a la cumbre el jueves, el presidente del Gobierno subrayó además la necesidad de una gestión migratoria “responsable, solidaria” y “acorde con el respeto a los derechos humanos”.