Puente mantiene a una cúpula repleta de afines y ex cargos del PSOE al frente de la gestión de la peor crisis de la historia de Adif

El 2 de junio de 2018, Pedro Sánchez tomó posesión como presidente del Gobierno. Llegaba a La Moncloa después de una moción de censura contra Mariano Rajoy que había construido sobre la necesidad de regenerar las instituciones y acabar con determinadas prácticas de la política española: «Hay que acabar con la colonización por los partidos de las instituciones. Sustituir la afinidad por el mérito y la capacidad». Dos años antes, en el marco del pacto firmado con Ciudadanos en febrero de 2016, Sánchez defendió la necesidad de limitar los nombramientos directos del Gobierno en las cúpulas de las corporaciones públicas, prometiendo que los puestos directivos se cubrirían bajo estrictos criterios de profesionalización, mérito y capacidad técnica, en lugar de cuotas partidistas. Aquellos compromisos de meritocracia y regeneración parecen chochar ahora, en el ocaso de la actual legislatura, en lugares como el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente y en las empresas públicas que dependen de él. Y es que la peor crisis del ferrocarril español en décadas, que se ha saldado con al menos 115 muertos entre los accidentes de Adamuz y Urda, ha puesto bajo una presión extraordinaria a Adif, la empresa pública responsable de administrar una de las mayores redes ferroviarias de alta velocidad del mundo. Toda su cúpula ha sido renovada durante el mandato de Puente, que se ha rodeado de perfiles políticos y de puestos de confianza en su necesidad de regenerar y hacer olvidar épocas anteriores. «He venido a hacer, no a estar», advirtió en su toma de posesión, en noviembre de 2023. De los actuales ocho integrantes de la principal estructura ejecutiva de Adif, que son los encargados hoy de gestionar la gran crisis ferroviaria, cuatro presentan antecedentes políticos o han ocupado cargos en administraciones gobernadas por el PSOE. Sus vinculaciones son de distinta naturaleza y varios cuentan también con una dilatada experiencia técnica, pero lo cierto es que en la configuración de la cúpula actual la confianza política aparece como un gen dominante. La misma cúpula que se enfrentó a la crisis por el accidente de Adamuz (cuyas causas aún se investigan, pero cuyo origen pocos dudan ya que estaba en la infraestructura) se enfrenta ahora a la gestión de la crisis de Urda, que ha terminado de dinamitar la reputación de la alta velocidad española y minado la confianza en la seguridad entre usuarios, trabajadores y operadores. La presidencia de Adif ha cambiado cuatro veces de rostro desde que gobierna Pedro Sánchez. Isabel Pardo de Vera fue la primera, nombrada bajo el mandato de José Luis Ábalos y la sucedió María Luisa Domínguez, nombrada por la sustituta de Ábalos, Raquel Sánchez. Cuando Óscar Puente tomó posesión como ministro, en noviembre de 2023, reorganizó buena parte del ministerio en las primeras semanas con evidente voluntad de dejar atrás los escándalos de Ábalos u otros sonados como la compra de trenes para Cantabria y Asturias que no cabían por los túneles existentes. Para ello tiró de gente de confianza. Colocó al exalcalde socialista de Irún José Antonio Santano al frente de la Secretaría de Estado y sustituyó a la presidenta de Adif por Ángel Contreras, un ingeniero procedente de la propia empresa que había desarrollado buena parte de su trayectoria en responsabilidades vinculadas al mantenimiento ferroviario. Era, sobre el papel, una apuesta por el conocimiento interno del gestor de infraestructuras. Pero el experimento apenas duró nueve meses. En septiembre de 2024, Puente cesó a Contreras y entregó la presidencia a Luis Pedro Marco de la Peña. Para entonces, el ministro reconocía públicamente que su antecesor era «un técnico de los más cualificados que tiene Adif». Y asumía personalmente la responsabilidad del relevo: «La culpa no es de él, es mía». Su sustituto no llegaba desde los puestos de mando ferroviarios ni desde la dirección de conservación de la red. Procedía del Gobierno vasco, donde había ejercido como viceconsejero de Infraestructuras y Transportes durante la etapa del socialista Iñaki Arriola. Marco de la Peña tampoco es un político sin preparación técnica. Es ingeniero de Caminos y acredita una dilatada trayectoria profesional relacionada con las infraestructuras. Puente sustituyó a un directivo formado dentro de Adif y especializado en su funcionamiento por un ingeniero con experiencia de gestión en un gobierno autonómico socialista. Marco de la Peña abrió la puerta a abandonar su puesto tras el accidente de Adamuz si la investigación acreditaba responsabilidades en su gestión. Este martes compareció junto al ministro Puente para dar cuenta de sucedido en Urda. Pero la presidencia no es el único cargo relevante actual que cuenta con antecedentes políticos. Concepción Casillas Martín dirige el área corporativa de Personas, Estrategia y Seguridad de Adif. Es licenciada en Derecho, cuenta con una larga trayectoria profesional en el sector ferroviario y ha desempeñado responsabilidades jurídicas y de recursos humanos. Su vinculación partidista, sin embargo, está documentada y figuró en las candidaturas del PSOE al Ayuntamiento de Ávila en las elecciones municipales de 2019 y 2023. También fue controvertido el nombramiento del periodista Salvador Almenar Antón como director del Gabinete de Presidencia, Comunicación y Relaciones Institucionales, de la que dependen jerárquicamente áreas tan sensibles como la Dirección de Seguridad de la Circulación. Su trayectoria se ha desarrollado fundamentalmente en el ámbito de la comunicación y las responsabilidades institucionales. Antes de desembarcar en Adif ocupó distintos puestos de confianza y dirección en la Generalitat Valenciana durante la etapa del socialista Ximo Puig, además de responsabilidades vinculadas a la Delegación del Gobierno. El cuarto caso es más complejo. Ángel García de la Bandera ocupa la Dirección General de Operaciones y Explotación, uno de los puestos más sensibles de Adif. Es un profesional con experiencia ferroviaria y responsabilidades técnicas acreditadas que, sin embargo, también ejerció como director gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana con el Gobierno de Puig. Estos cuatro perfiles representan la mitad de los ocho puestos examinados. La otra mitad está ocupada por Irene Bonet Tous, secretaria general; Luis Llamas Martínez, director general de Planificación, Proyectos y Construcción; Manuel Martínez Cepeda, director general de Finanzas, Compras y Sistemas; y Elena González Gómez, responsable de Viajeros y Desarrollo de Negocio. Sus trayectorias conocidas son fundamentalmente profesionales y no se les conoce militancia partidista equivalente. El malestar en torno a la ocupación de puestos técnicos por afines políticos ha tomado más fuerza tras la tragedia de Urda. Julio Gómez-Pomar, ex secretario de Estado de Infraestructuras (PP), abogaba abiertamente ayer en Expansión por la separación de Adif del Ministerio de Transportes y lograr así «una mayor independencia del poder político y un sistema donde la competencia profesional sea el criterio de selección de la estructura directiva». Más emotivo fue Miguel Montenegro, del sindicato CGT, desde las escaleras la estación de Málaga tras una concentración de trabajadores ferroviarios en homenaje a las víctimas del accidente. «Llevamos años denunciando la situación», apuntó entrecortado. «No puede ser que empresas tan técnicas como las ferroviarias estén gestionadas por gente que no tiene ni idea del ferrocarril». El vídeo con sus palabras se ha hecho viral.