La Policía denuncia que el Gobierno le aparta de la regularización de inmigrantes

La publicación este miércoles en el BOE del texto final sobre el real decreto que regularizará a más de 500.000 inmigrantes —según el Gobierno— relega a un segundo plano el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Policía ha sido ... desplazada de esta regularización y solo intervendrá si los funcionarios encargados de comprobar y tramitar la documentación encuentran en esta alguna sospecha o anomalía.Esta posición que tendrán los agentes en el proceso que se inicia este jueves ha creado malestar dentro del cuerpo de Policía. Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han cargado contra el texto que emana del pacto entre PSOE y Podemos, y han clamado contra el «papel residual» que el Gobierno ha asignado a la Policía en un proceso que consideran de «gran envergadura» y con «muchísimos expedientes». «La Policía es el único cuerpo que tiene capacidad real para cruzar la información, para verificar antecedentes, para comprobar identidades y para detectar patrones de fraude documental», responden a este periódico desde el sindicato.El SUP lamenta que los cuerpos y agentes hayan sido desplazados de esta tramitación que comienza y recuerda que «la Policía no es un accesorio en materia de extranjería» . Asimismo, opinan que el planteamiento de centralizar la tramitación en las Oficinas de Extranjería —dependientes funcionalmente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones— es un «error». Consideran que los funcionarios que van a llevar a cabo la labor de comprobar que se cumplan los requisitos para optar a la medida no tienen una formación comparable a los agentes ni experiencia previa.Noticia relacionada general No No Moncloa rectifica y los inmigrantes que no acrediten sus antecedentes no podrán regularizarse Ainhoa MartínezQue la intervención de los agentes se produzca una vez los funcionarios alerten de una anomalía en la documentación de alguno de los inmigrantes provoca que no se pueda anticipar la identificación de posibles irregularidades. En el sindicato preocupa que la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX) no detecte los fallos en la documentación y dé el visto bueno a expedientes irregulares, una circunstancia que 'a posteriori' «complica» la actuación y la capacidad preventiva de los agentes.El segundo plano en el que ha caído la Policía en los trámites y comprobación de la documentación de inmigrantes irregulares choca con el papel que el Gobierno ha dado a otros organismos como Correos o la empresa pública Tragsa — pese a las reticencias en el Consejo de Estado— . Ambas instituciones sí tendrán mano, junto a las Oficinas de Extranjería, en este proceso, aunque con una actuación administrativa de carácter estrictamente instrumental, de gestión material, apoyo técnico y canalización documental, según se puede leer en el texto publicado en el BOE.En esa línea, el sindicato Jupol —asociación mayoritaria de agentes de Policía— tacha de «grave» que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya externalizado el proceso de regularización, «apartando» a los agentes de Policía de funciones clave en la tramitación. Desde la asociación ven en este real decreto una «falta de confianza» por parte del Gobierno en los funcionarios especializados en control migratorio. Un hecho que incrementará el riesgo de errores, fraudes o deficiencias en la verificación de identidad y antecedentes.Dudas con el certificando de antecedentes penalesEl papel de los agentes de Policía no ha sido la única cuestión que ha causado revuelo dentro del cuerpo. El certificado de antecedentes penales sigue causando dudas, pese a que el Gobierno ha dado marcha atrás tras el dictamen del Consejo de Estado , eliminando la posibilidad de que los inmigrantes puedan realizar una declaración responsable para acreditar no tener antecedentes penales en el caso de que su país de origen no remita dicha información ni a él ni a España.Desde Jupol defienden que los plazos establecidos en esta regularización —se cerrará el 30 de junio— pueden provocar que personas detenidas recientemente por hechos graves puedan evitar que en su expediente aparezcan estos debido a la tardanza en los procedimientos y plazos judiciales. «La ausencia de antecedentes en un momento determinado no equivale necesariamente a la inexistencia de conductas delictivas previas o en investigación», exclaman.El segundo plano que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen en el proceso de comprobación de los expedientes de las personas que buscan optar a esta medida no exime a la Policía de tener que verificar 'a posteriori' toda esa documentación, en la que pueden ir incluidos expedientes irregulares no detectados por las oficinas de Extranjería. Un hecho que supondrá analizar más de 500.000 expedientes «sin refuerzos de plantilla» , según denuncian ambos sindicatos. A esto se le suma el miedo ante los posibles fallos que pueda tener el sistema de la Policía que filtra de forma automática los certificados de antecedentes penales, una herramienta que, de fallar, provocaría que los agentes tuviesen que comprobar de forma manual uno a uno los certificados.