El ‘vacío de poder’ que influyó en el fiasco de las pruebas PISA en Cataluña

El Consejo Superior de Evaluación, el organismo en Cataluña que gestiona las pruebas de evaluación, entre ellas PISA, se encontraba en un estado de “vacío de poder” y prácticamente “desahuciado” en el momento de preparación y gestión de estos exámenes. Así lo admiten varias voces próximas al organismo consultadas por este diario, que además añaden que la transición a la actual Agencia de Evaluación “no se hizo correctamente”. De hecho, la realización de las pruebas -entre marzo y mayo de 2025- coincidió con los derechos de puesta en marcha de la agencia. “La situación era un despropósito, es normal que al final sucediera algo”, añade un exmiembro del Consejo. Las pruebas de PISA han vuelto a llenar titulares antes de su publicación, que será este martes, debido al increíble error durante su proceso de preparación: Cataluña dejó fuera un 23% del alumnado seleccionado -por no conocer el idioma o tener dificultades de aprendizaje-, cuando solo podía excluir un máximo del 5%. Según las explicaciones ofrecidas por la consejera de Educación, Esther Niubó, el problema radicó en dos elementos: las instrucciones que se dieron a los centros fueron incompletas -se obvió el detalle de ese porcentaje máximo- y las reiteradas alertas de la organización no fueron atendidas por el personal del Consejo Superior de Evaluación. El porqué de esta desatención es lo que no se ha explicado, pero algunas voces apuntan a la situación interna de este organismo habría contribuido. “El Consejo vivía un proceso de decadencia progresiva, acentuada desde la destitución de su último presidente”, apunta un exmiembro. Carlos Vega fue el último presidente del Consejo, aunque su etapa también fue polémica y acabó su mandato cesado en enero de 2024 por el Govern de ERC por su mala gestión, precisamente, del fiasco de las últimas pruebas PISA. Entonces se decidió iniciar la conversión del Consejo en una Agencia de Evaluación, con nuevas funciones, pero durante casi un año y medio estuvo con una presidencia interina, que recaía en el director general de Currículo. En abril de 2025, en plena realización de PISA, el Govern publica el decreto de inicio de actividad del nuevo organismo y se nombra a su directora. La actual responsable de la Agencia, Núria Planas, asegura que en ese momento no contaba ni con estructura ni personal y que, en la práctica, no empezó a estar activa hasta julio, aunque todavía se encuentra en proceso de construcción, incorporando el staff técnico. La Agencia cuenta con una plantilla renovada, formada por especialistas en estadística y evaluaciones, más profesionalizadora, dejando atrás la etapa del Consejo donde la mayoría eran técnicos docentes, es decir, profesores en comisión de servicios que dejaban las aulas un tiempo para incorporarse al organismo de evaluación. “No solo se trata de un cambio de nombre, se están cambiando los perfiles técnicos y científicos y las metodologías”, defiende Planas. Con todo, todas las voces consultadas coinciden en que la situación del Consejo no era la más adecuada para afrontar la complejidad de las pruebas. “Había un vacío de poder. El Consejo fue decapitado y muchos de los técnicos, que tenían mucha experiencia, se fueron marchando y fueron sustituidos por otros que no controlaban los procesos, y no hubo ningún traspaso. Entonces, sin presidente ni cuerpo técnico que dominara el tema, cualquier cosa podía pasar”, explica una fuente cercana al organismo. Las diferentes voces consultadas también apuntan a que la transición entre organismos “no se ha hecho correctamente”. Sin una continuidad clara, el riesgo es que la gestión del problema quedara en tierra de nadie. “No se creó el clima adecuado ni se dio la importancia que requerían las pruebas, sea porque unos tenían un pie afuera y otros porque estaban entrando”, apunta la fuente próxima al Consejo. Voces conocedoras de los procesos de evaluación explican que normalmente el presidente del Consejo, junto con los técnicos y la inspección realizan un control y seguimiento cercano sobre su preparación, resolviendo las dudas que surjan de los centros y comprobando que todo vaya bien. “Si la directora general de Currículo cogió esta función [como presidenta accidental del Consejo] como una tarea más, a lo mejor descuidó el control que debía hacer”, plantean. El pasado lunes, Niubó no entró a valorar cómo influyó esta situación del Consejo en el conflicto. “La responsabilidad es del Departamento, pero el Consejo no supo o no pudo informar del error”. Casualmente, esta directora general y su superior, la secretaria de Mejora Educativa, lidiaban en ese tiempo también con la polémica reforma del currículo de bachillerato, que ha supuesto la fusión de las asignaturas de Física y Química, así como la de Biología con Geología y Ciencias Ambientales, medidas muy criticadas por los docentes. Ambos altos cargos del Departamento fueron cesadas el mismo día, en octubre de 2025, pocos meses después del incidente con PISA. En ese momento de impass, los centros también estaban realizando las pruebas de evaluación que impulsa tanto la Generalitat -que solo realizan un número limitado de escuelas- y las del Gobierno central -censales, las hacen todos-, tanto en primaria como en ESO. ¿Y por qué solo ha habido incidencia con PISA? Los motivos pueden ser varios, ya que esta prueba internacional es la única que contiene un porcentaje máximo de exclusión de alumnos y los centros seleccionados para realizarla son diferentes para cada edición, así que no conocían este detalle, y tampoco se les explicó. Pero tampoco es del todo verdad que no hubiera incidentes en el resto de evaluaciones. Un director pone como ejemplo las pruebas orales de castellano y catalán. “La idea inicial es que los alumnos se conectaran a una pantalla y los evaluara un técnico. Era un despropósito”, asevera. Finalmente, tras las quejas de docentes, se realizaron presencialmente con el profesor del mismo centro. Niubó explicó el lunes que las alertas sobre el error de la muestra de Pisa no saltaron en Via Augusta hasta marzo de 2026, cuando el Ministerio de Educación informa que los resultados de Cataluña no serán válidos debido a este incidente. Entonces, se inició una investigación interna que, hasta el momento, ha supuesto la apertura de tres expedientes disciplinarios a dos extécnicos funcionarios del Consejo y un ex alto cargo responsable del organismo. El mismo día se anunció el cese de la número dos del Departamento, la secretaria general Teresa Sambola, aunque la consejera lo desvinculó del caso. Con todo, lo sucedido ha sorprendido a propios y extraños, y en especial a expertos en las pruebas, como Francesc Pedró, catedrático de la UPF y analista de políticas educativas en la OCDE durante 10 años, quien admite que “nunca había oído hablar de una exclusión del 23%”. Tampoco entiende por qué los técnicos del Consejo no detectaron ni avisaron del exceso de alumnos excluidos. “Los centros envían la lista al Consejo y de aquí a Madrid, y fue el Ministerio quien lo detecta, lo que muestra dejadez del Consejo que no revisó la lista, a lo mejor por el momento de transición en que vivía”. Joan Mateo, que presidió el Consejo Superior de Evaluación de 2009 al 2021 encuentra insuficientes las explicaciones dadas hasta ahora. “Los hechos son suficientemente graves como para descargar la responsabilidad en tres funcionarios, siempre hay algún responsable por encima. Y lo más grave es que sucediera sin que nadie tuviera consciencia. Si los técnicos no reaccionaban, ¿a nadie se le ocurrió avisar a alguien superior? Creo que hay algo que no se está explicando”, defiende.