El juez imputa a la directora de la Guardia Civil y al DAO en el caso de las cloacas de Ferraz

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas, en la causa de las cloacas del PSOE, según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO. Pedraz los ha citado a declarar el próximo 16 de julio en calidad de investigados "al existir en la causa indicios de responsabilidad de los mismos en hechos que, prima facie, sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa, podrían presentar los caracteres de delito". Lo hace a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que les atribuye un delito continuado de prevaricación y otro de obstrucción a la Justicia. Se trata de la causa donde se indagan las maniobras de Leire Díez, a sueldo del PSOE, para que se investigara a la UCO de la Guardia Civil por posibles filtraciones en las causas que afectaban al Gobierno y a la familia del presidente Pedro Sánchez. De la instrucción judicial se desprende que la fontanera trazó un plan para que se abriera una investigación interna a miembros de la UCO con el objetivo de amedrentarlos y disuadirlos de seguir investigando la corrupción en el Ejecutivo, el PSOE y el entorno familiar de Sánchez. El escrito de la Fiscalía se refiere a "la utilización instrumental de expedientes disciplinarios como mecanismo de presión sobre los investigadores policiales". Para llevar a cabo ese plan, Leire Díez -que anotó en su agenda «Investigación interna G.C. para filtraciones»- aprovechó su cercanía a la directora de la Guardia Civil, quien decidió abrir esas informaciones reservadas contra la unidad de élite del Instituto Armado en la lucha contra la corrupción. Se abrieron tres expedientes internos señalando a miembros de la UCO por supuestas filtraciones que no procedían de este departamento. La directora de la Guardia Civil niega haber participado en "ninguna trama" contra el cuerpoEL MUNDO / EUROPA PRESS La Fiscalía expone la repercusión que eso podía tener en los investigadores: "La apertura sucesiva de informaciones reservadas frente a los integrantes de una unidad policial encargada de investigaciones penales de especial trascendencia posee una evidente capacidad para generar un efecto desaliento sobre el ejercicio independiente de las funciones de policía judicial. La presión no se agota en el perjuicio que cada expediente pueda ocasionar al funcionario directamente afectado, sino que proyecta un mensaje institucional hacia el conjunto de la unidad investigadora: el desarrollo de determinadas líneas de investigación puede acarrear consecuencias disciplinarias para quienes las impulsen". Por otro lado, en una providencia, notificada este jueves, el instructor de la Audiencia Nacional indica que no procede por ahora, sin perjuicio de lo que resulte de las diligencias a practicar, citar como investigado al anterior director de la Guardia Civil Leonardo Marcos, en la medida que la conducta descrita respecto de él per se no integra ningún tipo penal. El departamento que dirige el fiscal de Sala Alejandro Luzón ha solicitado las imputaciones después de que dos ex responsables de Unidad Central Operativa (UCO), Rafael Yuste y Alfonso López Malo, ratificaran la semana pasada ante el juez Pedraz que les indicaron que debían "ponerse de perfil" en investigaciones como la del hermano del presidente del Gobierno. Anticorrupción explica que se les debe citar como imputados "a fin de salvaguardar su derecho a no declarar, no confesarse culpable y los demás que le amparan en dicha posición, y no en la que se otorga a los testigos". La reuniones con la 'fontanera' Por otro lado, según ha desvelado la investigación judicial, Mercedes González se reunió dos veces con la fontanera del PSOE, pese a haberlo negado en un primer momento la directora de la Guardia Civil y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Yuste y López Malo rechazaron, además, que la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, les convocara tras estallar el caso de la fontanera y les comunicara los contactos que había mantenido con ella. En sendas declaraciones judiciales ante el juez Pedraz, los ex responsables de la UCO echaron por tierra la explicación que González dio en su comparecencia en el Senado. La directora de la Guardia Civil negó en la Cámara Alta que fueran ciertas las indicaciones de su DAO sobre el caso del hermanísimo y aseguró que había informado a los mandos de que conocía a Leire Díez. Sobre estos extremos, asegura que "en nota de prensa de la Directora General de la Guardia Civil y en su comparecencia ante el Senado el 16 de junio de 20267 , reconoció al menos dos encuentros, sin determinar duración, fecha ni contenido que, hasta entonces, eran desconocidos en el ámbito de dicha Unidad Central Operativa, como ahora se expondrá, según manifestaciones de los testigos que hasta la fecha han declarado en las actuaciones (todos ellos Generales de la más alta responsabilidad en el ámbito de estas actuaciones, subordinados directos del DAO)". Obstrucción a la Justicia La Audiencia considera que "la utilización instrumental de expedientes disciplinarios como mecanismo de presión sobre los investigadores policiales puede integrar el delito de obstrucción a la Justicia del artículo 464.1 del Código Penal". Este artículo sanciona a quien, "con violencia o intimidación, intentare influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal". Se trata de "garantizar el normal funcionamiento de la Administración de Justicia mediante la protección de la libertad de actuación de quienes intervienen en un procedimiento judicial, evitando que ésta pueda verse alterada por cualquier forma de presión ilícita", en palabras de las fiscales Anticorrupción. Por su parte, el delito de prevaricación castiga el dictado de resoluciones "arbitrarias" y "manifiestamente injusta" dictadas en contra del interés público. Por último, Pedraz ha aceptado la práctica de otras diligencias solicitadas por la Fiscalía como requerir al PSOE para que identifique a la persona que suscribió el contrato de asesoramiento jurídico con el abogado Jacobo Teijelo, también imputado en el caso cloacas, en las fechas en las que este letrado manifestó que era asesor jurídico de esta formación, es decir, de octubre de 2024 a junio de 2025.