Vivas desmiente las cifras del Gobierno y denuncia que aún quedan entre 8.000 y 11.000 inmigrantes en Ceuta
ResumenEl presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha desmentido los datos del Gobierno, que estima que en la ciudad autónoma se encuentran 2.500 inmigrantes, y ha señalado que los informes sitúan entre 8.000 y 11.000 las personas que aún quedan por volver ... , aunque no saben cuántos menores hay exactamente. El dirigente popular ha reclamado además que la única salida a esta crisis es el retorno a Marruecos a través de la frontera de El Tarajal. El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, fue quien informó de que todavía permanecían 2.500 personas, sin embargo desde el Gobierno regional refutan estas afirmaciones.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha desmentido los datos del Gobierno, que estima que en la ciudad autónoma se encuentran 2.500 inmigrantes, y ha señalado que los informes sitúan entre 8.000 y 11.000 las personas que aún quedan por volver ... , aunque no saben cuántos menores hay exactamente. El dirigente popular ha reclamado además que la única salida a esta crisis es el retorno a Marruecos a través de la frontera de El Tarajal. El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, fue quien informó de que todavía permanecían 2.500 personas, sin embargo desde el Gobierno regional refutan estas afirmaciones. «No se puede decir que hay 2.500 personas cuando hay entre 8.000 y 11.000. Pedimos transparencia en la comunicación y percepción de la realidad y a partir de ahí, actuación proporcional», ha solicitado Vivas durante su comparecencia a los medios este sábado para hacer balance de la situación tras sus extensas reuniones con el Rey y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Vivas ha vuelto a recalcar que habían estado informando al Gobierno de Sánchez sobre la entrada de inmigrantes días antes de la crisis del 30 de julio . «Fuimos a todos los ministerios competentes en la materia, a la presidencia del Gobierno para pedir la adopción de una acción enérgica, decidida y coordinada para atender esta situación de verdadera emergencia. No fuimos escuchados», ha sostenido. El despliegue de medios para atajar la complejidad que se está presentando en la ciudad ha sido insuficiente, según defiende el presidente ceutí, que pide más presencia policial en las calles para la seguridad de sus conciudadanos. Ceuta no «romperá nunca con la realidad institucional, la responsabilidad y el sentido de Estado» pese a sus divergencias con el Gobierno central en la gestión de estas circunstancias. «La verdad es que la incomparecencia del Estado y las capacidades ejecutivas que corresponden al Gobierno fueron clamorosas el día de la entrada masiva», ha constatado líder ceutí. Vivas ha agradecido el papel constitucional «ejemplar y admirable» de Felipe VI en esta crisis y ha subrayado que «hubiera ido a cualquier sitio a la llamada del Rey» en referencia a su salida de Ceuta para reunirse con él en el palacio de Marivent este jueves. La entrada de más de 70.000 inmigrantes ha puesto de manifiesto el acuerdo que firmó España y Marruecos en 2021, cuando se produjo el último cruce irregular por la frontera, de que las diferencias entre los dos países «nunca se van a resolver de una manera unilateral», según ha sostenido Vivas. Las calles de Ceuta no han vuelto a la normalidad, las autoridades locales reclaman que el trabajo se oriente al refuerzo policial con el aumento de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; la agilización de extranjería con el despliegue de medios humanos y materiales para procesar los retornos de forma urgente; el mantenimiento del Ejército para garantizar la tranquilidad de la población y el blindaje fronterizo para prevenir futuras entradas como las que apuntan las redes sociales el día 15 de agosto .La acogida de menoresHay alrededor de 1.300 menores que están siendo tutelados por el Gobierno ceutí , la ministra Rego contaba este viernes que en los sistemas de acogida constan, por el momento, 1.342 menores no acompañados. El perfil migrante ha cambiado y son muchas las niñas inferiores a 13 años las que han accedido por la frontera. A ellas precisamente son las que se están dando la prioridad principal para que tengan refugio y estén protegidas.El Ministerio de Juventud e Infancia anunció que realizará una transferencia de crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de urgencia de estos adolescentes . Esta partida para la atención de menores extranjeros no acompañados se suma a los 5,5 millones de euros asignados a Ceuta en el reparto de fondos aprobado en la última Conferencia Sectorial de Infancia del pasado julio.Los vicepresidentes de Vox de Castilla y León, Extremadura y Aragón plantarán a la ministra Rego en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia del 13 de agosto para constar anticipadamente su negativa. Han anunciado que impugnarán judicialmente todo expediente que no finalice con el retorno a Marruecos. Acceso a la información de los fallecidos y los desaparecidosLa Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) dio este viernes una rueda de prensa en Rabat junto con la Coordinadora Europea para los Derechos Humanos en Marruecos (CEDHM) para hacer balance de la crisis migratoria. La principal oenegé de derechos humanos del país ha lamentado que se trate de una «crisis estructural»: «Marruecos no enfrenta una guerra, hambruna, ni catástrofes naturales que justifiquen un éxodo de tal magnitud. ¿Qué impulsa entonces a miles a arriesgar sus vidas por un futuro mejor fuera del país? », han manifestado. El acceso a la información sobre los fallecidos y los desaparecidos, así como el número de jóvenes que aún deambulan por las calles están siendo costosa. Además, han instado a Marruecos a adoptar una política migratoria basada en los derechos humanos y no solo en seguridad, también hacen un llamamiento a la UE y a España para que Rabat no solo sea «un simple guardián de las fronteras de Europa».Las muertes se calculan en al menos 141 personas sumando desaparecidos y heridos . Para la asociación la muerte de tantas personas en el mar sitúa el derecho a la vida en el centro de las responsabilidades estatales, instando a adoptar medidas preventivas para proteger vidas humanas, no solo intervenir tras la catástrofe.