Guía para entender el caso de corrupción que amenaza con parar el mayor parque eólico de España

La investigación que dirige el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Teruel, Juan José Cortés Hidalgo, sobre la trama presuntamente corrupta cuyo epicentro es la empresa de energías renovables Forestalia dio hace una semana un salto de gigante cuando fueron detenidos el dueño de este grupo aragonés, Fernando Samper, y Eugenio Domínguez, quien fue subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica entre 2017 y junio de 2023, y luego unos meses más asesor del mismo departamento. Esa subdirección es la encargada de estudiar si cualquier gran proyecto —también los de renovables— cumple con la normativa ambiental, si los impactos que producirá son admisibles y cómo se deben compensar. Lograr el aval ambiental, que permitiera sacar adelante los parques solares y eólicos, era el objetivo principal de los promotores de los miles de proyectos que se presentaron en el último boom renovable en España, entre 2022 y 2023. En ese lapso es en el que habría actuado este entramado, cuyo fin era presuntamente beneficiar los proyectos de Forestalia frente al resto de competidores en proyectos como el mayor parque eólico del país, ubicado en Teruel, según se desprende de las pesquisas recogidas en el sumario del caso al que ha accedido EL PAÍS. Ese macroparque, denominado Clúster del Maestrazgo y que contempla 125 gigantescos aerogeneradores, está ahora en el aire después de que la Guardia Civil advirtiera al juez en uno de sus informes de que su construcción, aún no iniciada, podría ocasionar daños medioambientales irreversibles. El magistrado ha convocado a las partes a una vista el próximo viernes para decidir si paraliza de manera cautelar su ejecución como planteaban los agentes. Los delitos que se investigan en esta causa son prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Dos documentos incorporados al sumario son clave para entender el estado actual de la investigación. Por un lado, el auto del 27 de febrero en el que el juez Cortés autorizaba los 12 registros de la semana pasada en la provincia de Madrid y la ciudad de Zaragoza. Por otro, un completo informe de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, fechado el 23 de febrero. En ambos se detalla el papel que presuntamente jugaban las seis personas detenidas la semana pasada, entre las que destacan Samper y Domínguez. A Samper, dueño de Forestalia, el juez lo sitúa como “el tronco central que dirige estratégicamente las ramas de la organización desde el ámbito del sector privado”. “Presuntamente, no tiene inconveniente en recurrir a actos delictivos para conseguir sus objetivos empresariales en el lucrativo mercado de las instalaciones de energías renovables”, añade en aquel auto. Samper es el mayor de los hermanos que heredaron el Grupo Jorge, centrado en el sector cárnico. Él luego montó por su cuenta la empresa Forestalia, dedicada al sector de las renovables y que, en muchos casos, se centraba en lograr los permisos de proyectos para luego venderlos a otras compañías, como ocurrió con el macroparque del Maestrazgo, que ahora es propiedad de un fondo de inversiones. Con una agresiva forma de expandirse e importantes conexiones políticas a uno y otro lado del espectro ideológico, Forestalia centró su desarrollo en Aragón. Al ser un proyecto que afecta a más de una provincia, la tramitación de la declaración de impacto ambiental del Clúster del Maestrazgo recayó en el Ministerio para la Transición Ecológica y no en el Gobierno aragonés. Para poder sacar adelante sus parques y lograr esos presuntos tratos de favor, Samper no recurría a terceras personas. Él mismo tenía, según el auto del juez, una relación “inusualmente estrecha” con “funcionarios clave, manteniendo reuniones habituales (en ocasiones semanales) fuera de los cauces reglamentarios para tratar expedientes específicos”. Tenía contactos tanto en el ministerio como en el Gobierno aragonés, donde tramitaba proyectos más pequeños, pero que en ocasiones ocultaban macroparques fragmentados. A cambio, esos funcionarios recibían presuntamente mordidas. En la investigación, el que fuera alto funcionario del ministerio Eugenio Domínguez, aparece como el hombre de Forestalia dentro del ministerio y la figura principal. Hasta tal punto de que no dudaba en “asignarse a sí mismo la práctica totalidad de los proyectos de energías renovables presentados por promotores pertenecientes al Grupo Forestalia”, según se describe en el informe de la UCOMA, que lo califican como un “facilitador”. Los investigadores explican que “múltiples declaraciones” de funcionarios del ministerio le señalan como el presunto responsable de haber “creado un sistema de tramitación paralelo, derivando estos expedientes a la empresa pública Tragsatec para su evaluación bajo su supervisión directa”. La relación con la empresa aragonesa de energías renovables era tal que Domínguez “acudía de forma habitual a la empresa Forestalia por las tardes al finalizar su horario laboral”. Este alto funcionario llegó a subdirector general de Evaluación Ambiental en 2017, con el PP, pero se mantuvo en el cargo durante la etapa de la socialista Teresa Ribera, actual comisaria europea. Se jubiló en junio de 2023, pero siguió como asesor de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente hasta final de ese año. Las irregularidades detectadas se centran en los años 2022 y 2023, aunque no se descarta que puedan ir más atrás en el tiempo. De hecho, la Guardia Civil hizo copia de todos sus correos electrónicos oficiales desde 2016. En julio de 2023, Domínguez creó junto a su esposa, Montserrat H. (también detenida en esta operación), una compañía mercantil aparentemente dedicada a la decoración, pero que los investigadores sospechan que sirvió realmente como instrumento para recibir las supuestas contraprestaciones por favorecer a Forestalia. Entre los seis detenidos la pasada semana había un notario de Madrid, Javier L. C., al que el juez adjudica en uno de sus autos el papel de “cooperador necesario en un posible delito de blanqueo de capitales”. Las pesquisas apuntan que este fedatario público tuvo un papel “esencial para garantizar la opacidad en las transacciones societarias empleadas para canalizar los presuntos pagos” al ex alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica. En concreto, la Guardia Civil le acusa de facilitar la firma de los contratos privados de compraventa de participaciones en dos sociedades a través de las que supuestamente Domínguez era recompensado y de maniobrar para que esos acuerdos permanecieran opacos. Para ello, en lugar de elevar a público los contratos, los introducía en sobres cerrados que quedaban custodiados en la caja fuerte de su notaría, situada en la calle Miguel Ángel, de Madrid. “Al utilizar esta técnica de depósito, las operaciones no quedaban registradas en el Índice de Actividad Notarial, impidiendo la trazabilidad de los cambios de titularidad real de las empresas por parte de las autoridades”, señala el juez, que tilda esta actuación de poco rigurosa y de incumplir con ella las obligaciones que impone a los notarios la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. En sus informes, la UCOMA destaca además que, cuando acudieron a su notaría a requerirse formalmente los protocolos durante las pesquisas, Javier L. C. “omitió deliberadamente la entrega de uno de ellos”, en concreto uno en el que intervenía precisamente el ex alto cargo ministerial, por lo que concluyen que hubo, por su parte, una “evidente falta de colaboración”. En el registro de su despacho en Madrid, los agentes intervinieron los sobres cerrados que encontraron en la caja fuerte. La Guardia Civil también arrestó a los hermanos Eduardo y Roberto P. A., residentes en las localidades madrileñas de San Lorenzo de El Escorial y Rivas-Vaciamadrid, respectivamente. Al primero, los investigadores le atribuyen “el papel de principal testaferro e intermediario societario clave dentro de la organización”, según destaca el juez. Su función, en concreto, era la de actuar “como nexo en las relaciones” entre el ex alto funcionario del ministerio y el grupo empresarial Forestalia “facilitando la canalización de presuntas contraprestaciones” que presuntamente recibió aquel. Además, Eduardo P. A. figura como representante de un elevado número de mercantiles de Samper, aunque la investigación pone el foco en cuatro de ellas: Calipe Innova SL, Calipe Smart Energy SL, Caliope Energy Greem SL y Babieca Investment Renewable SL, consideradas “determinantes en la estructura de la organización criminal”. La última, en concreto, era la que ostentaba las participaciones en las empresas promotoras de los proyectos de renovables que dependían de la firma de Domínguez para salir adelante. Las pesquisas apuntan a que él era el responsable de “crear una estructura de opacidad que permite recompensar económicamente los tratos de favor recibidos por el Grupo Forestalia”. Su hermano Roberto es señalado como “testaferro en el entramado societario creado para el blanqueo de capitales y la ocultación de beneficios ilícitos” de la trama. De él, la investigación destaca su “vinculación estrecha” con Samper al actuar como secretario no consejero en varias empresas controladas por este. Una de ellas es Mercurio & Saturno SL, empresa que a su vez administra la mercantil Investment Power Conservation SL, la sociedad que en julio del año pasado adquirió participaciones en las empresas promotoras de proyectos de energía renovables que debían recibir el visto bueno de Domínguez. “Se le identifica, junto a su hermano, como una de las personas que prestan su identidad para la creación de multitud de mercantiles con baja traza laboral y capital reducido” que supuestamente eran utilizadas para, mediante contratos privados de compraventa, “recompensar económicamente los tratos de favor recibidos por el grupo Forestalia”, destaca la Guardia Civil en sus informes, que aún no ofrece una cuantificación del dinero que finalmente recibió Domínguez por sus presuntos favores. El mismo día que eran detenidos los seis investigados, los agentes de la UCOMA registraban siete despachos ―seis en la provincia de Madrid y uno en la ciudad de Zaragoza― que figuraban como sede de 24 sociedades presuntamente implicadas en la trama desmantelada. En uno de sus informes, la Guardia Civil destaca la “magnitud del entramado mercantil” —del que el juez destaca su “complejidad”—, con miles de sociedades que pivotan, precisamente, en torno a una de las empresas investigadas: Babieca Investment Renewable SL. “Esta mercantil encabeza un holding empresarial, controlando las acciones de otras empresas (filiales), funcionando como un tronco central que dirige estratégicamente las ramas, permitiendo la gestión centralizada, diversificación de riesgos y optimización fiscal”, destacan los agentes. Las pesquisas apuntan que, a través de algunas de estas empresas, mediante una supuesta cesión opaca de participaciones, los presuntos cabecillas de la trama canalizaban las mordidas al ex alto funcionario de Transición Ecológica como presunto pago por “los tratos de favor” recibidos.