Europa exigió a Marlaska "reforzar la seguridad" de los agentes contra el narco

La muerte de dos guardias civiles el viernes, en la costa de Huelva, durante una persecución a narcolanchas, desnuda al Gobierno de Pedro Sánchez, que ha evitado aplicar las recomendaciones dictadas el pasado mes de noviembre por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, tras haber investigado sobre el terreno el asesinato de los dos agentes de Barbate que en 2024 también perdieron la vida en su lucha contra el narco. Según constatan a EL MUNDO fuentes policiales implicadas en estas operaciones contra el tráfico de drogas en Andalucía, el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, sigue haciendo caso omiso a las directrices europeas que contenía el demoledor informe revelado por este diario a finales del pasado año y que subrayaba «la urgente necesidad de reforzar la seguridad física y las condiciones de trabajo y las garantías jurídicas de las fuerzas de seguridad». El documento también reconocía que «delitos transfronterizos como el tráfico de drogas están ejerciendo una presión cada vez mayor sobre las fronteras exteriores de la UE» y que las bandas que los cometen «representan un peligro real y acentúan la necesidad de que los agentes del orden estén adecuadamente protegidos». Asimismo, el informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo reclamaba al Ejecutivo español «restablecer unidades especiales en la lucha contra el tráfico de drogas como la desmantelada OCON-Sur, con financiación y personal adecuados y mandatos permanentes para operar en zonas fronterizas de alto riesgo». El cuerpo de choque que trataba de contener al narco en el Estrecho de Gibraltar fue disuelto por Interior 16 meses antes de que la narcolancha embistiera a la embarcación en la que patrullaban los guardias civiles fallecidos en Barbate. La publicación del informe final del organismo europeo coincidió con un nuevo ataque de narcotraficantes contra las fuerzas del orden en Andalucía. El 8 de noviembre, un policía nacional quedó en estado crítico después de que un traficante que vigilaba la nave en la que los agentes iban a desarrollar un dispositivo antidroga le disparara en el estómago con un arma de guerra. Ocurrió en Isla Mayor, Sevilla. Las conclusiones finales del informe fueron aprobadas en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo con los 18 votos a favor del Partido Popular Europeo, Patriots y ECR, y la abstención de los dos europarlamentarios de Renew. Se emitieron diez votos contrarios, correspondientes a los socialistas europeos, los verdes y el grupo de la izquierda. Extracto del informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.EM En esas conclusiones finales se instaba también al Parlamento Europeo y al Consejo y la Comisión europeos a «impulsar una propuesta para incluir en la lista de eurodelitos los actos violentos contra agentes para que no queden impunes», y a «proponer una directiva que clasifique a todas las fuerzas policiales de los Estados miembros «como profesiones de alto riesgo». Esas iniciativas, largamente reclamadas por los agentes a través de la Confederación Española de Policía (CEP) y no dependientes del Gobierno español, sí están siendo ya tramitadas por la UE. «El problema es que el Gobierno no ha aplicado las directrices europeas. Marlaska fue citado en Bruselas para explicar qué había hecho tras ese informe y no acudió, porque no podía decir nada. Y ahora volvemos a tener dos compañeros muertos en una persecución contra el narcotráfico», lamenta David Gutiérrez, portavoz de la CEP. «El ministro puede repetir que hay más medios que nunca, pero la realidad es que nuestros compañeros siguen jugándose la vida en escenarios de riesgo extremo sin el reconocimiento, la protección jurídica y los medios que exige el Parlamento Europeo», abunda y se pregunta: «¿Cuántos policías y guardias civiles más tienen que morir para que Interior deje de presumir de estadísticas y empiece a proteger de verdad a quienes están en primera línea contra el crimen organizado?» Este diario revelaba ayer que mandos de la Guardia Civil contradicen la versión del ministro Grande-Marlaska, quien atribuye las dos últimas muertes de agentes en Huelva a un accidente por haberse producido por una colisión entre patrulleras. Los mandos consultados por EL MUNDO creen que el choque fue propiciado por los narcos a través de un movimiento «estudiado» por parte de los delincuentes. Es una práctica que definen como «habitual», atendiendo a las características de las embarcaciones y sus tácticas. «Cuando les detectan y empieza la persecución, empiezan a hacer eses para intentar que colisionen», aseguran. Grande-Marlaska no asistió al funeral de los agentes Germán y Jerónimo y, en una rueda de prensa desde Madrid, sostuvo que «no todas las tragedias pueden evitarse». Europa ya censuró el intento del Gobierno español de «obstruir» su investigación sobre la muerte de los agentes de Barbate. El informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acusa al Ejecutivo socialista de «retirar pruebas clave» relacionadas con la muerte de los dos agentes, en lo que considera «una grave obstrucción a la finalidad investigadora de la misión». Se refiere el informe al hecho de que el Ministerio del Interior «retirara la embarcación patrullera implicada en el asesinato de Barbate» con el fin de que no pudiera ser examinada por la misión de eurodiputados que se desplazó a Andalucía en mayo del pasado año.