Pedro Sánchez anuncia un plan de integración dotado de 500 millones de euros y defiende la regularización: “España será un país mejor”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes una dotación anual de 500 millones de euros para un plan de integración que busca "garantizar el cumplimiento de los derechos y los deberes" de las personas migrantes en España, mientras la Administración continúa analizando más de un millón de solicitudes de regularización. "La regularización es un éxito de gestión migratoria, un paso clave para sacar de la invisibilidad a cientos de miles de personas. Y el plan de integración convierte ese primer paso en un proyecto de vida", ha resumido el jefe del Ejecutivo en un discurso en el que ha defendido el proceso extraordinario "por moralidad e inteligencia". El plan de integración, anunciado por Pedro Sánchez hace más de un año, ha visto la luz el mismo día en que finaliza el plazo para la presentación de solicitudes de la regularización extraordinaria. Se trata de un gesto que pretende subrayar la importancia de acompañar el proceso con medidas concretas destinadas a asegurar la inclusión de los recién llegados, a través de pilares como la formación, el refuerzo de los servicios públicos o la inversión en programas formativos en los sectores con mayor demanda de mano de obra, según ha explicado el jefe del Ejecutivo. Para detallar el alcance del plan, fuentes del Gobierno inciden en que la regularización extraordinaria debe entenderse como un paso previo dentro de un proceso más amplio de inclusión social y laboral. Sostienen que el objetivo del Ejecutivo es que las personas que ya residen en España puedan desarrollar un "proyecto de vida" en condiciones de estabilidad jurídica, acceso al empleo y plenos derechos, evitando situaciones de invisibilidad o vulnerabilidad. Desde el Ejecutivo insisten en que el plan no está dirigido exclusivamente a la población migrante, sino al conjunto de la sociedad. Explican que muchas de las medidas previstas afectan directamente a los servicios públicos y a las administraciones territoriales, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta en ámbitos como la educación, la sanidad o el acceso a la vivienda, donde identifican tensiones vinculadas a la exclusión social más que al volumen de llegadas. El plan aborda los posibles desafíos ligados a los procesos migratorios a través, principalmente, de la lucha contra la exclusión, el apoyo en el aprendizaje de idiomas y los programas de inclusión comunitaria, según fuentes del Gobierno. "El proceso de regularización, con más de un millón de solicitudes presentadas, demuestra que detrás de cada petición hay una persona que quiere formar parte [de la sociedad] con todos los derechos y deberes. Los retos vienen de la exclusión. La exclusión no favorece a nadie, no da prioridad nacional a nadie; hace la vida más difícil tanto a quien llega como a quien acoge", ha afirmado Sánchez en la inauguración del acto. La hoja de ruta contará con "cuatro grandes ejes, 16 medidas y 10 objetivos". El Gobierno aclara que el diseño del plan incluye una coordinación interministerial y una planificación progresiva hasta 2030, con medidas presupuestadas y evaluables. La ejecución se realizará de forma escalonada, priorizando aquellas actuaciones vinculadas al empleo y a los servicios públicos durante los primeros años de despliegue. El primer eje se centra en la "integración" y en la activación de más vías de migración ordenada y regular. Según Sánchez, "esto exige pensar en dos cuestiones: cómo llega la gente a nuestro país y cómo vive con nosotros". En este sentido, el Gobierno plantea abrir más vías legales y ordenadas para facilitar la integración desde el primer día. "Es importante empezar antes de cruzar la frontera", ha añadido el presidente. Con este objetivo, el Gobierno se compromete a poner en marcha una agencia estatal de movilidad humana, que reunirá funciones y recursos hoy dispersos para ofrecer una gestión más eficaz, manteniendo los procedimientos actuales y las medidas ligadas al control fronterizo. No obstante, fuentes gubernamentales matizan que la creación de dicha agencia requerirá la aprobación de una norma con respaldo parlamentario, por lo que su impulso en esta legislatura no parece probable. El segundo eje sitúa el empleo como la principal herramienta de inclusión. "No hay integración plena sin autonomía", ha señalado. Con este objetivo, el Gobierno activará una oferta extraordinaria de Formación Profesional, especialmente en los sectores con mayor necesidad de mano de obra, con una dotación superior a 150 millones de euros. El tercer eje aborda la integración como un "compromiso recíproco". En este ámbito, Sánchez ha subrayado que la sociedad española tiene la responsabilidad de garantizar los valores y el marco legislativo, así como de asegurar la igualdad de trato y combatir la discriminación. Al mismo tiempo, ha añadido, quienes llegan deben respetar las leyes, aprender las lenguas cooficiales y compartir los valores comunes. "Deben formar parte de esa comunidad", ha insistido. "En España esas reglas son claras: valores democráticos, derechos LGTBI, aconfesionalidad del Estado, respeto al diferente. No son condiciones para unos ni privilegios para otros; son las reglas de todos", ha añadido. Para ello, el Gobierno reforzará los recursos de las administraciones implicadas en la inclusión, como los ayuntamientos. El plan incluye una dotación de 30 millones de euros destinada a reforzar el aprendizaje de los idiomas oficiales y los programas de integración comunitaria para mejorar la convivencia en barrios y ciudades. El objetivo, según Sánchez, es avanzar en la inclusión trabajando tanto con las personas migrantes como con la sociedad de acogida. "Vamos a reforzar la lucha contra lo que cada vez es más común: los discursos de odio, mejorando el apoyo a las víctimas", ha señalado el presidente. Por último, el cuarto eje se orienta a garantizar el cumplimiento de los derechos y libertades. El plan contempla eliminar las barreras culturales, sociales y económicas para asegurar el acceso en igualdad de condiciones a los servicios públicos. El Ejecutivo destinará 200 millones de euros a reforzar estos servicios, impulsar el éxito educativo y combatir la segregación escolar. “Sabemos que persisten desafíos importantes”, ha asegurado la ministra de Inclusión, Elma Saiz, en el cierre del evento. "Necesitamos respuestas serenas, políticas públicas basadas en la evidencia y la convicción de que una sociedad cohesionada nunca se construye levantando muros entre vecinos, sino tendiendo puentes entre personas”, ha concluido. Empresas, sindicatos y solicitantes Al discurso de Sánchez le ha seguido la celebración de varias mesas redondas en las que los agentes sociales, ONG y solicitantes de la regularización extraordinaria han aportado su visión sobre el procedimiento y los retos surgidos a partir de ahora, tras el cierre del registro de peticiones. En la primera conversación, centrada en el ámbito laboral, han compartido el diagnóstico de la necesidad de mano de obra en distintos sectores, aunque con matices en el enfoque. Desde CEOE, Antonio Garamendi ha puesto el acento en la regularización administrativa y en la existencia de vacantes en la economía española, mientras que CEPYME ha advertido de que la falta de personal afecta especialmente a las pequeñas y microempresas. Desde el ámbito sindical, CCOO y UGT han defendido la aportación de la población migrante, reclamando "políticas de gestión ordenada" que eviten la explotación laboral, garanticen derechos y refuercen los servicios públicos. Desde el ámbito social, Diego Fernández Maldonado, responsable de Incidencias sobre Migraciones de Cáritas, ha definido el procedimiento como un “hito histórico”. Ha subrayado que la regularización supone el inicio de un recorrido más largo en el que aún quedan retos por resolver, y en el que será clave el acompañamiento a quienes acaban de obtener la documentación. “Tiene que haber una respuesta comunitaria en el acompañamiento de estas personas, no se trata solo de conseguir la regularidad, hay que acompañar a estas personas”, ha apuntado. La mirada personal la ha aportado la propia voz de los solicitantes. Jenny Carlota Garay, peruana, ha relatado en primera persona el esfuerzo de dejar atrás a la familia y sostener trabajos durante años en situación irregular. “Ser migrante no es fácil, significa alejarse de la familia, aceptar trabajos duros y demostrar cada día que hemos venido a aportar”, ha explicado, reivindicando la migración como una historia de esfuerzo y contribución a la sociedad de acogida.