Justicia independiente y campaña electoral

Entre las consecuencias derivadas de la disolución de las Cámaras y la convocatoria anticipada de elecciones generales, empieza a destacar el impacto que la decisión de Pedro Sánchez puede tener en las diversas causas judiciales que afectan, de forma más o menos directa, al Gobierno y al PSOE. Un cautela habitual en la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha consistido en evitar decisiones de imputación, celebraciones de juicios orales o dictados de sentencia en períodos de precampaña o campaña electoral. Lógicamente, se trataban de juicios con aforados o de asuntos políticamente relevantes. Quizá desde la perspectiva del Tribunal Supremo, esta autocontención tuviera un fundamento institucional relativo a su mantenimiento de la discusión partidista propia de todo tiempo electoral.Ahora bien, la extensión de esa prudencia a investigaciones penales abiertas por otros tribunales desde hace muchos meses, con decisiones pendientes de tomar en un plazo más o menos breve, constituiría una peligrosa autorrestricción de la independencia judicial. Sería reprochable que un juez acelerara súbitamente un proceso penal desarrollado a un determinado ritmo. Pero lo contrario no es aceptable tampoco, es decir, una ralentización repentina de una investigación en cuyo desarrollo normal iban a tomarse determinadas decisiones que podrían afectar a la percepción social de un partido político o de un candidato. Habría que preguntarse si este paréntesis judicial en tiempo electoral restringiría también las decisiones de archivar el proceso o de absolver a un acusado, con el correspondiente beneficio a un partido. Si un juez se debe solo al imperio de la ley, las decisiones políticas que responden a criterios políticos –de conveniencia electoral o beneficio personal– deben quedar extramuros del juzgado. Perderían parte de su razón quienes defienden a los jueces frente a los que los critican porque judicializan la política para que, cuando llega un período de casi dos meses hasta las elecciones, los jueces den tácitamente la razón a esas críticas con la paralización de sus sumarios.Por otro lado, desde el punto de vista político y democrático, el prurito judicial de no interferir en las campañas electorales para no condicionar el voto genera su propia antítesis. Evitar decisiones a las que, por plazo razonable y desarrollo del proceso, tendría que llegar el juez puede privar al debate político de una información que podría ser relevante para la formación de la voluntad electoral. Quizá saber si un partido o un candidato es imputado por corrupción contribuya mucho más a la transparencia política que silenciar esa circunstancia hasta que pasen las urnas, cuando los votantes caigan en la cuenta de que, sin posibilidad de rectificar, han apoyado exactamente eso, un partido o un candidato imputados por corrupción o por delitos más graves. Ni correr de más, ni frenar la marcha. Los procesos judiciales que afecten a partidos y a políticos deben mantener la velocidad que tenían antes de la disolución de las Cámaras y lo coherente con la independencia es que los jueces tomen aquellas decisiones que se corresponden con el estado de la investigación. El Gobierno, tan aplicado en descalificar a los jueces, no tiene concedido por la Constitución el poder para parar la Justicia a su conveniencia electoral.