Sánchez pone en la picota al CNI y a la Policía para exonerar su gestión en Ceuta

Pedro Sánchez acudió este jueves al Congreso con un discurso exculpatorio de su gestión en Ceuta . El Gobierno es consciente de que esta crisis le está generando un desgaste inesperado, en un momento crítico de la legislatura y cuando la maquinaria exhibe ya síntomas ... de gripado evidentes. Desde el Ejecutivo se busca paliar la sensación de abandono que ha calado en la opinión pública por la reacción tardía y tanto la inyección de recursos récord, aprobada por el Consejo de Ministros, como la comparecencia del presidente se incardinan en esa estrategia antiinflamatoria . En Moncloa reconocen que no buscaban «convencer» -algo que no consiguieron, a tenor de las réplicas de los partidos de la oposición-, sino explicarse y exponer su posición. Pero esta defensa se construye sobre un planteamiento cuestionable desde el punto de vista de la seguridad nacional. El Gobierno expone las vulnerabilidades del Estado, las fallas del sistema que permitieron la violación de la integridad territorial de España, como argumento para esquivar su responsabilidad. Lo hace, además, despachándola en los servicios de Inteligencia, CNI y Policía Nacional, en un cuestionamiento implícito sobre la efectividad de sus capacidades de previsión y, lo que es más grave, de respuesta en el futuro. En este sentido, Sánchez articuló parte de su intervención en dotar de un cariz de imprevisibilidad la entrada masiva en Ceuta sin aportar ninguna concreción novedosa.«Hemos examinado todos los informes, mensajes y notas verbales que el CNI y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado remitieron a las autoridades políticas y la Delegación del Gobierno y ninguno iba más allá de la descripción de datos o del aviso rutinario, ninguno previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo», señaló el presidente. De hecho, el Gobierno tiene previsto hacer público un dosier con toda esta información, incluso aquella que requiera desclasificación por parte del Consejo de Ministros, para que la próxima semana pueda obrar en poder de la opinión pública y los medios de comunicación para que sea escrutada. Además, más allá de que fueran incapaces de prever el suceso, el presidente también defendió que una vez se produjo el mismo, los cuerpos de seguridad españoles no contribuyeran a repelerlo, algo para lo que -en su opinión- habría sido necesario utilizar la fuerza.Sánchez volvió a situar en la picota a los servicios de inteligencia y policiales al reconocer que, más de un mes después de la crisis, todavía no han sido capaces de determinar la autoría de la misma. «Puedo garantizarles que ni el CNI, ni la Policía Nacional, ni el servicio diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional han entregado al Ejecutivo evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio. Ninguna», sentenció. Y lo que es más preocupante, del espíritu de la intervención y de la lista de compromisos pendientes también se deduce que el Estado no cuenta todavía con las capacidades para hacer frente a un evento de las mismas características si volvieran a repetirse en el corto plazo. En este sentido, el presidente reconoció que los medios actuales son insuficientes, porque «se vieron superados y habrá que reforzarlos para prevenir hechos futuros».Además, Sánchez también lanzó una carga de profundidad contra el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía que emitió un informe a la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, sin informar al Ejecutivo sobre la implicación de gendarmes marroquíes guiando a los migrantes que entraron en Ceuta. «Tenemos que entender por qué el CENIF no remitió una nota informativa del 29 de julio a ningún superior en la cadena de mando de la Policía o al Ministerio del Interior y por qué no compartió con sus superiores del Gobierno el contenido de un informe que le había encargado una juez con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado», advirtió. Cambio con MarruecosPese a que el Gobierno no quiera dar a este informe la entidad probatoria necesaria para apuntar a Marruecos, sí ha tenido un efecto en la estrategia de apaciguamiento que se ha mantenido hasta ahora de cara a Rabat. Si bien es cierto que Sánchez no alteró el discurso en cuanto a negar que obren en poder del Ejecutivo «pruebas» ni «evidencias sólidas» de que las autoridades marroquíes estuvieran detrás de lo ocurrido en Ceuta, sí elevó el tono al asegurar que «si existieran esas pruebas sólidas actuaríamos en consecuencia, con total contundencia». «Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros cuando la situación lo requiera», dijo. No obstante, en Moncloa no consideran que ese momento haya llegado y el presidente pide «prudencia» y «trabajar cargados de hechos probados y contrastados». El presidente también avanzó cambios en la relación con Marruecos y fuentes del Gobierno lo encuadran en la necesidad de revisar los términos actuales, porque se han demostrado insuficientes para evitar que lo sucedido en Ceuta se pueda volver a repetir. «Lo que pasó el 30 y 31 de julio nos tiene que hacer modificar la estrategia a ambos lados», señalan en Moncloa, donde recuerdan que Marruecos tiene un acuerdo con la Unión Europea para garantizar el control de las fronteras y lo ocurrido demuestra que «tendrá que hacer algo más para que esto no vuelva a pasar».Además de elevar algo el tono contra Rabat, Sánchez ha esperado a esta declaración en el Congreso para revelar que el pasado 21 de agosto desde el Ministerio de Exteriores se convocó a la embajadora de Marruecos, aunque acudió el encargado de negocios, por las «declaraciones inaceptables» que dos ministros del reino hicieron sobre la soberanía de Ceuta y Melilla. Este reproche diplomático no había trascendido hasta ahora, cuando lo habitual es que el Gobierno anuncie este tipo de medidas públicamente cuando se producen. El presidente también puso el foco en la permeabilidad de la frontera marroquí en las horas centrales del cruce masivo, advirtiendo de que deberá dirimirse «si hubo incapacidad o inacción» por parte de las autoridades de Rabat, una investigación que se está desarrollando a nivel de los servicios de inteligencia y también en el ámbito judicial.