La Generalitat pide la suspensión cautelar de la regularización de inmigrantes tras la advertencia del Supremo

La providencia del Tribunal Supremo abriendo la puerta a paralizar la regularización masiva de inmigrantes ya tiene respuesta por parte de la Generalitat Valenciana, que fue precisamente una de las que presentó un recurso contra el Real Decreto 316/2026. En sus alegaciones, la Generalitat no solo se suma a la petición de suspensión cautelar del proceso, sino que advierte de que, de no hacerlo, "los efectos de la regularización podrían hacerse efectivos de forma inmediata". La Generalitat ha presentado este martes sus alegaciones al Tribunal Supremo sobre la procedencia de presentar cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE), ante las dudas sobre la legalidad del Real Decreto impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, y al que se han acogido más de un millón de personas. De hecho, la Abogacía de la Generalitat subraya en sus alegaciones que la norma "no es una mera reforma técnica de extranjería, sino una regularización extraordinaria y masiva de personas en situación irregular, aprobada por vía reglamentaria y con efectos potenciales sobre cientos de miles de personas". El escrito, según fuentes del Gobierno de Juanfran Pérez Llorca, advierte de que la medida puede afectar no solo a España, sino al conjunto del espacio Schengen, especialmente "por sus efectos sobre asilo, retorno y circulación". Además, la Generalitat considera que el Estado habría actuado "de forma unilateral, sin coordinación suficiente" con la Comisión Europea ni con los demás Estados miembros justo antes de la plena aplicación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. En este sentido, presenta la actuación estatal "como una decisión que podría anticiparse al marco europeo común y, en la práctica, debilitar sus objetivos de control, retorno efectivo, cooperación y reparto equilibrado de responsabilidades". El escrito de la Abogacía defiende técnicamente que existen dudas de compatibilidad con el Derecho de la Unión, en particular con el Reglamento europeo sobre procedimiento común de protección internacional, la Directiva de Retorno, el Reglamento sobre gestión del asilo y la migración y las reglas Schengen. Además, aduce que "no puede utilizarse una norma interna de rango reglamentario para producir efectos generales que puedan comprometer una política europea común". Por ello, la Generalitat insta a plantear cuestión prejudicial ante el TJUE, pero pide al Supremo que no espere a esa cuestión para resolver las medidas cautelares. Su argumento es simple: si no se suspende ya la norma, la medida cautelar perderá sentido, porque el plazo de solicitudes finaliza ya.