El Gobierno baraja rebajas fiscales a la luz pero busca alternativas a la bonificación sobre el litro de carburante

El plan de respuesta del Gobierno frente al impacto económico en España del conflicto en Oriente Próximo incluirá medidas fiscales para contener los precios de la energía; iniciativas específicas para moderar el coste de los carburantes, con especial atención al campo y los transportistas; el rescate de parte del malogrado escudo social y el despliegue de mecanismos de protección del empleo. Así lo anunció ayer el titular de Economía, Carlos Cuerpo, tras una reunión de los ministros económicos del Ejecutivo con empresarios y sindicatos para debatir las medidas a tomar, que se aprobarán "en los próximos días" y "con la mayor celeridad posible", aunque no aclaró si eso será en el Consejo de Ministros del próximo martes. Cuerpo aprovechó la ocasión para enviar un "mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía, asegurando que "estamos aún lejos de la situación que se dio en 2022 con la guerra de Ucrania". "A España nos pilla con los deberes hechos en materia de seguridad energética, por nuestra apuesta por las renovables y la electrificación de la economía; por la diversificación de las fuentes de abastecimiento y por las infraestructuras, en materia de transporte, pero también refinería o regasificación", dijo. Cuerpo: "Habrá una atención especial a los sectores más afectados por la subida del diésel" A partir de ahí, el ministro reveló que "el esqueleto del plan del Gobierno" incluye cuatro bloques de iniciativas. En primer lugar, "medidas fiscales" para "la minimización del coste de la electricidad y de la energía", en línea con las aprobadas tras la invasión rusa sobre Ucrania. Conviene recordar, que entonces el Ejecutivo llegó a rebajar el IVA de la luz del 21% al 5%, rebajó del 5,11% al 0,5% el Impuesto Especial sobre la Electricidad; y suspendió el Impuesto a la Producción de Energía Eléctrica del 7%. En segundo lugar, agregó Cuerpo, se actuará para aliviar "el impacto de la subida del precio de los combustibles con especial atención a sectores como el del campo o el del transporte por carretera" -y la "logística", añadió luego-, los más afectados por el encarecimiento de los carburantes, y en especial del diésel. En este sentido, sin embargo, Cuerpo reveló que las opiniones recabadas entre agentes sociales y sectores afectados invitan a descartar el uso de la bonificación fiscal de 20 céntimos por litro de carburante puesta en marcha en 2022, y que el Gobierno trabaja en el diseño de medidas alternativas que garanticen mejor su traslación a precios. El objetivo, adujo, es garantizar que "se están sirviendo las materias primas a los mejores precios posibles a los ciudadanos y con garantías de competencia". En este sentido, Economía llevará a cabo una vigilancia reforzada de los precios de la mano de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Además, desveló, la efectividad de las medidas se medirá utilizando Inteligencia Artificial para fiscalizar los precios aplicados en las 12.600 estaciones de servicio de todo el país. En tercer lugar, el Ejecutivo aprovechará para relanzar parte del malogrado escudo social -rechazado dos veces por el Parlamento al incluir la suspensión de desahucios- como la prohibición del corte de suministros a familias vulnerables o el bono social eléctrico, así como el despliegue de mecanismos de protección laboral como los ERTE. Finalmente, el plan del Gobierno pasa por seguir reforzando su apuesta estructural por las energías renovables, la transición ecológica y electrificación de la economía, que Cuerpo definió como "un seguro de vida para minimizar el impacto de la crisis". "Ahora mismo lo prioritario es trabajar para cerrar un texto con la mayor celeridad que pueda responder a los efectos que ya notan ciudadanos y empresas, que recoja las aportaciones de sectores, agentes sociales y grupos parlamentarios para que pueda contar con el mayor consenso posible", defendió el responsable de Economía, tras la reunión con los máximos representantes de las patronales CEOE y Cepyme, los sindicatos CCOO y UGT, y los ministros de Hacienda, Energía, Trabajo y Seguridad Social. Ante la fuerte incertidumbre sobre el devenir de la guerra en Irán y sus consecuencias económicas globales, en todo caso, Cuerpo defendió la necesidad de que las medidas de respuesta se diseñen "con rigor y responsabilidad" así como con "un nivel de flexibilidad suficiente para ir adaptándolas a la situación conforme vaya evolucionando". Monitorizando crédito, vivienda y alimentos"No hay ninguna estimación clara sobre un posible impacto en la actividad, y por lo tanto en el PIB o en nuestro cuadro económico" como consecuencia de la guerra abierta en Irán, tras el ataque de EEUU e Israel y la respuesta de Teherán por todo Oriente Próximo, aseguró ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Pese a que el bloqueo del estrecho de Ormuz, por el que circula el 20% de crudo y el gas mundial, ha disparado el barril de petróleo por encima de los 100 dólares, encareciendo energía y carburantes en España, el Gobierno no ha detectado de momento traslación sobre la inflación general, el precio de los alimentos, la afiliación de empleo, los alquileres de vivienda, o el acceso a crédito. Preguntado por todos estos ámbitos, Cuerpo aseguró que serán monitorizados para analizar medidas en cada uno si fuera necesario.