La Guardia Civil revela un supuesto pago de 5,2 millones de Forestalia al excargo del Miteco por facilitar sus proyectos

La presunta red de corrupción destapada por la Guardia Civil en relación con proyectos de renovables de Forestalia, que se saldó con la detención la semana pasada de seis personas, incluye pagos millonarios al excargo del Ministerio de Transición Ecológica por parte de la empresa aragonesa como facilitador de las iniciativas energéticas. Así consta en el informe del Instituto Armado que está ya en poder del Juzgado de Instrucción nº1 de Teruel, que lleva a cabo las pesquisas. Este tribunal, por cierto, reunirá el viernes a todas las partes personadas, a petición del Ministerio Fiscal, para escuchar sus alegaciones y decidir si acepta o no, como plantean, suspender de forma cautelar los trabajos en el Clúster del Maestrazgo, el megaparque que se sitúa en el epicentro de la trama. En concreto, están citados los detenidos -pueden enviar a representantes legales-, el denunciante Teruel Existe, Vox como acusación popular y la empresa danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), que adquirió a Forestalia el proyecto. El principal detenido es Eugenio Domínguez, exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), que fue nombrado por la popular Isabel García Tejerina en 2017 pero que continuó en su cargo con su sucesora, la socialista Teresa Robera. Según el relato de la Guardia Civil, Domínguez creó una especie de 'caja negra' dentro del Departamento ministerial al derivar los expedientes de Forestalia a la empresa pública Tragsatec para poder ejercer desde ahí una supervisión directa y al margen de los controles ordinarios. Así conseguía garantizar la aprobación de las declaraciones de impacto ambiental (DIA). Estas gestiones, según el informe del Instituto Armado, tenían una contraprestación económica. En concreto, y tal y como adelantó 'Heraldo de Aragón' y ha podido acreditar este periódico, los agentes creen que Domínguez y su esposa, Montserrat Heredero, constituyeron en julio de 2023 la empresa Estudio de Asesoramiento Dherco, formalmente dedicada a decoración de interiores y con "nula actividad comercial", para introducir "fondos ilícitos dándole apariencia de legalidad". A través de ella, el matrimonio adquirió participaciones de Caliope Smart Energy (del grupo Forestalia) y, a través de esta, 509 participaciones de Babieca Investment Renewable. Préstamo de 5,2 millones Dos meses después, la filial de Forestalia Cemsal otorgó un préstamo de 5,2 millones de euros a Babieca, lo que el juez considera un incremento patrimonial directo del matrimonio Domínguez-Heredero. Además, el exfuncionario recibió participaciones en otras 15 sociedades de Forestalia titulares de 33 proyectos eólicos en Zaragoza y Teruel que él mismo tramitó. En la trama jugaba una parte importante, siempre según refleja el informe de la Guardia Civil, el notario madrileño detenido, Javier L. C. –uno de los seis arrestados–, que formalizaba las operaciones mediante "actas de depósito" en sobres cerrados guardados en una caja fuerte, de manera que evitaban elevarlas a escritura pública y que quedaran registradas. Y en el eje se situaba presuntamente también el propio fundador y dueño de Forestalia, Fernando Samper, que dirigía a nivel estratégico la organización desde el sector privado. Mantenía reuniones incluso con carácter semanal con funcionarios clave al margen de los cauces oficiales, tanto en el Ministerio como en el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). El ejemplo más evidente, según los investigadores, era el Clúster del Maestrazgo, el mayor proyecto eólico de España y cuya declaración de impacto ambiental favorable firmó Domínguez en diciembre de 2022 con técnicos de su confianza. Forestalia lo vendió posteriormente al mencionado fondo danés. "Situaciones extrañas" en el Inaga De hecho, el informe del Instituto Armado recoge testimonios de trabajadoras del Inaga que apuntan a "situaciones extrañas" respecto a proyectos de Forestalia y a "cambios de criterio injustificados" en sus informes, que pasaban de ser negativos a positivos. También recogen los "amplios conflictos" entre una técnica del Inaga y su dirección debido a sus informes desfavorables a proyectos de Forestalia. Esta persona, cuya declaración se incluye en las diligencias, habría sido posteriormente apartada de sus funciones y sustituida por "una persona dedicada a la rama en veterinaria sin conocimientos ni experiencia previa en renovables". Algo que, según la Guardia Civil, "sugiere una acción punitiva o de silenciamiento". La Guardia Civil también sospecha que Samper compró por encima del valor de mercado la consultora Viadós, fundada por el exconsejero de Medio Ambiente de Aragón Alfredo Boné y dos miembros de su equipo. El sobreprecio pactado fue de casi 445.000 euros. Hay que recordar que Forestalia ya fue registrada en diciembre de 2025 en el marco del caso Leire, una investigación sobre contratos y subvenciones fraudulentas vinculadas al entorno del PSOE. Tras una reunión entre la UCOMA y la UCO, los investigadores concluyeron que ambas causas eran independientes, aunque las dos tienen en el punto de mira el mismo Ministerio.