Guerra ilegal o guerra injusta

La agresión de Israel y Estados Unidos contra Irán es injustificable. Ni Donald Trump ni Benjamín Netanyahu pueden comparecer ante el mundo como dos demócratas ejemplares, y los motivos que inspiran esta intervención militar nada tienen que ver con los derechos de las niñas o las mujeres iraníes. Esta guerra es, además, una temeridad que arroja una nueva sombra de incertidumbre sobre un orden internacional ya de por sí frágil. España hace bien en no titubear en su oposición a estos ataques y es mérito del presidente Sánchez haber sabido reconocer cuál debe ser nuestra posición. Sentado lo anterior, sí conviene abrir un debate sobre los motivos que inspiran esa oposición. Desde el Gobierno y desde no pocos análisis se insiste en la condición ilegal de esta guerra, recordando que no responde a ninguno de los supuestos recogidos por el derecho internacional que amparan el ius ad bellum. El derecho internacional es un marco jurídico decisivo en la construcción de un orden mundial estable y, por tanto, debe respetarse. Pero eso no impide actualizar la discusión sobre sus condiciones y recordar una vieja enseñanza que ya aprendimos en Antígona: lo legal y lo justo no siempre coinciden. Esa grieta entre el derecho positivo y la verdadera justicia alimenta debates que ni pueden ni deben esquivarse. El derecho internacional ha sido un instrumento eficaz para proteger la soberanía y la independencia de los Estados. Pero sería ingenuo olvidar que ese mismo marco puede también amparar el que en el interior de no pocos países se vulneren de forma sistemática los derechos humanos. Si el derecho internacional no tiene nada que decir ante la ejecución sistemática de manifestantes documentada durante las últimas revueltas en Irán, ese silencio debería inquietarnos. Del mismo modo, oponerse a esta guerra, ilegal, pero sobre todo injusta, no debería resolverse bajo la comodidad moral de una consigna como el “No a la guerra”. Durante siglos, desde Cicerón hasta Michael Walzer, nuestra tradición intelectual ha discutido con seriedad bajo qué condiciones la violencia puede ser legítima. La respuesta que esa tradición ofrece —proporcionalidad, último recurso, autoridad competente, fin justo— es precisamente lo que esta intervención incumple. Esa es la condena que merece: no sólo la de la ilegalidad formal, sino la de una guerra que no supera ninguno de los criterios morales que la humanidad ha elaborado para distinguir la fuerza legítima de la barbarie.