Emmanuel Macron se enfrenta a una tormenta política tras los violentos disturbios

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su asediado primer ministro se enfrentan a una grave crisis, después de que la peor oleada de violencia callejera vivida en el país en años provocara acusaciones de que el Gobierno habría gestionado de forma desastrosa el dispositivo policial. Las manifestaciones que tuvieron lugar el sábado en todo el país —que reunieron a estudiantes que protestaban por las condiciones en el ámbito educativo y a ciudadanos indignados por el elevado coste de la vida— derivaron en disturbios y saqueos, desatando una tormenta política. Macron y su gobierno en minoría, liderado por el primer ministro Sébastien Lecornu, ya se enfrentaban a una inminente batalla presupuestaria, la inquietud en los mercados y semanas de protestas en los institutos de enseñanza secundaria. El sábado, las autoridades tuvieron dificultades para contener los incendios y los saqueos perpetrados por individuos vestidos de negro y con el rostro cubierto. Se produjeron saqueos en comercios, ataques a ayuntamientos e incendios en edificios. Además, los alborotadores se enfrentaron a la policía en ciudades de todo el país. Estos sucesos empañan la presidencia de Macron a seis meses de una contienda electoral decisiva para su sucesión, en la que la líder de extrema derecha, Marine Le Pen, encabeza las encuestas. Los índices de popularidad de Macron ya han caído al 15%, su nivel más bajo desde su primera elección en 2017, mientras que los de Lecornu son apenas algo mejores, situándose en el 22%, según un sondeo de Ipsos realizado antes de los disturbios. Antes incluso de que se extinguieran los incendios, comenzaron los reproches políticos. El Gobierno acusó a la extrema izquierda de fomentar la violencia, mientras que la oposición, que en esta ocasión hizo un frente común, arremetió contra el Ministerio del Interior por haber perdido el control de las calles y por no estar preparado para una protesta que había sido convocada hace semanas. "Habrá un antes y un después de esta explosión de ira pública, que recuerda mucho a los momentos más oscuros de la crisis de los chalecos amarillos", aseguró Bruno Cautrès, politólogo de Sciences Po, en referencia a las protestas antigubernamentales que sacudieron el primer mandato de Macron en 2018 y 2019. Las escenas apocalípticas del sábado proyectaron una imagen de que el Estado ya no tiene el control del país; se trata, por tanto, de una experiencia que podría influir en el voto de la gente", añadió Cautrès. En su opinión, el ganador más evidente fue la Agrupación Nacional de Le Pen, mientras que los grandes perdedores —Macron y Lecornu— necesitan encontrar cuanto antes respuestas reales para tranquilizar a la ciudadanía y calmar a unos mercados inquietos. Macron intentó hacerlo en un discurso televisado el domingo por la noche, en el que prometió que Lecornu reuniría a estudiantes, líderes sindicales y legisladores para idear soluciones concretas, al tiempo que se reforzarían los planes de seguridad ante futuras protestas. "Sí, tenemos que sentarnos a la mesa y trabajar juntos", declaró. Le Pen declaró ese mismo domingo que "estamos viviendo una profunda crisis de confianza y de autoridad que supone una amenaza para la democracia". "Nuestro país se encuentra atrapado entre la violencia y la impotencia", añadió, en referencia a la extrema izquierda y al Ejecutivo, respectivamente. Su partido publicó el domingo en X que ella "restablecería el orden" frente al caos de Macron. Varios políticos de la oposición señalaron que el dispositivo desplegado el sábado contaba con apenas 10.000 agentes, mientras que, en plena crisis de las protestas de los chalecos amarillos, el número de efectivos llegó a superar los 60.000. El Ministerio del Interior afirmó que esa cifra era incorrecta, pero se negó a facilitar otra. Los servicios de inteligencia nacional habían previsto una asistencia de unas 100.000 personas para el sábado; sin embargo, la cifra real fue aproximadamente cinco veces mayor. Según las primeras estimaciones, unos 1.500 comercios en todo el país fueron saqueados, mientras que grupos de alborotadores atacaron también los ayuntamientos de Lille, Marsella y Limoges. Bruno Retailleau, líder del partido conservador Los Republicanos, que ocupó el cargo de ministro del Interior bajo el mandato de Macron hasta el año pasado, afirmó que el gobierno debería haber estado mejor preparado, tras semanas de protestas en los institutos que ya han derivado en más de 7.000 detenciones. Lecornu atribuyó la responsabilidad a grupos violentos de extrema izquierda que "intentan caldear el ambiente de cara a las presidenciales". Aunque los ministros negaron una falta de organización, la Asamblea Nacional anunció el domingo la apertura de una investigación para determinar las causas del fallo en el dispositivo policial. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, explicó que fue casi imposible contener a los grupos itinerantes de alborotadores, que en un momento dado llegaron a acercarse al Palacio del Elíseo. Cerca de 1.000 agentes y bomberos resultaron heridos durante los enfrentamientos. En las ciudades más afectadas, como Limoges, donde el ayuntamiento quedó destruido por un incendio, las autoridades locales señalaron que los alborotadores no expresaban ninguna reivindicación concreta, sino que simplemente habían acudido para atacar. El domingo, en el centro de París, los vecinos de un restaurante que quedó reducido a cenizas cerca de la muy castigada Plaza de la República relataron que los saqueadores llegaron con mochilas, que llenaron de botellas de alcohol, cigarrillos y tarjetas SIM que intentaron revender. Vadim Kantorov, residente de la zona desde 2015, señaló que, en ese momento, la presencia policial era prácticamente inexistente en las calles aledañas a la plaza, a pesar de que los agentes lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes en la propia plaza. Según comentó, en protestas anteriores, el barrio solía quedar completamente blindado con horas de antelación. "Daba la impresión de que la policía no tenía información sobre lo que se estaba planeando, y eso me asusta", lamentó Kantorov. El domingo, el ambiente en la zona estaba cargado con el olor a vehículos y bicicletas urbanas calcinadas; no obstante, un mercado de antigüedades seguía funcionando y muchos comercios permanecían abiertos. Sebastian Roché, especialista en cuestiones policiales del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS), señaló que el tono confrontativo empleado por Lecornu y el Ejecutivo frente a las recientes protestas estudiantiles ha contribuido a agravar la tensión. En París, el recorrido oficial de la manifestación no se acordó con la policía hasta última hora del viernes; además, el punto de llegada era una plaza demasiado pequeña para albergar a una multitud tan numerosa, lo que provocó su dispersión y dificultó las labores de seguridad. "Acordar una ruta la víspera impide desplegar a la policía en los lugares adecuados", explicó Roché, añadiendo que existían advertencias serias sobre posibles actos de violencia. "Cabe la posibilidad de que la labor de inteligencia no se realizara correctamente desde un principio, pero también parece que el Ministerio [del Interior] no le prestó la debida atención ni supo interpretar bien la información", añadió. Durante las protestas estudiantiles, la policía fue objeto de críticas, sobre todo por parte de la formación de extrema izquierda La Francia Insumisa, por el uso de granadas y otras armas "no letales" que provocaron lesiones graves. El uso de estas granadas se suspendió la semana pasada, después de que un manifestante perdiera una mano a causa de una explosión; sin embargo, la medida se volvió a autorizar antes de las protestas del sábado y otro manifestante sufrió la misma lesión. Lecornu ha criticado al líder de extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, por no condenar con suficiente firmeza la violencia del sábado, y ha acusado a su partido de dedicar semanas a avivar las protestas estudiantiles. Por su parte, Mélenchon ha respondido afirmando que Lecornu es "responsable del caos que él mismo preparó metódicamente por pura incompetencia". El domingo, sugirió que el Gobierno estaba permitiendo deliberadamente que la violencia se intensificara para justificar su propia represión y desacreditar los objetivos legítimos de las protestas estudiantiles. "El quid de la cuestión son las demandas de los manifestantes, los problemas a los que se enfrentan los estudiantes y el elevado coste de la vida", declaró Mélenchon a la cadena LCI. Políticos de extrema derecha han aprovechado los disturbios para establecer un vínculo con la inmigración alegando que los jóvenes de origen migrante son, con mayor frecuencia, los responsables de actos delictivos. "Estamos pagando el precio de... décadas de inmigración descontrolada", advirtió Le Pen. La policía no ha establecido explícitamente esa relación y ha señalado que muchas de las casi 2400 personas detenidas hasta ahora en el marco de las protestas son adultos, no jóvenes. La presión sobre el Ejecutivo podría provenir, de forma más inmediata, desde la base, dado que muchos pequeños negocios han quedado devastados por los saqueadores. Algunos responsables locales de las zonas afectadas por los disturbios también han elevado el tono de sus exigencias. "Quiero poder reconstruir nuestro ayuntamiento bajo las mismas condiciones que la catedral de Notre-Dame... y con los millones que ello conlleva", declaró el domingo a LCI el alcalde de Limoges, Guillaume Guérin. "Si en un plazo de 48 horas no recibo ese compromiso por parte de la oficina del primer ministro o del Elíseo, pondré mi dimisión sobre la mesa", advirtió. © The Financial Times Limited [2026]. Todos los derechos reservados. FT y Financial Times son marcas registradas de Financial Times Limited. Queda prohibida la redistribución, copia o modificación. EXPANSIÓN es el único responsable de esta traducción y Financial Times Limited no se hace responsable de la exactitud de la misma.