El interminable reguero de ceses de los cinco años salvajes del Gobierno en Indra: 37 millones, cuatro presidentes, 35 consejeros y 30 directivos

La salida de Ángel Escribano y el dramático nombramiento de Ángel Simón a las 3.30 de la mañana de un Jueves Santo es solo un punto y seguido en el interminable reguero de ceses y salidas de altos directivos de la compañía, sometida desde hace cinco años a la zozobra de los planes y alianzas del Gobierno y todos los efectos de segundo orden que eso conlleva. La llegada de Pedro Sánchez a la presidencia no supuso ningún cambio en el grupo de Indra que mantuvo a su equipo gestor en primera instancia. Sin embargo, desde que en mayo de 2021 la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales maniobró para destituir a Fernando Abril-Martorell y poner a Marc Murtra en su lugar la compañía vive en la más absoluta inestabilidad. Este jueves, Ángel Simón se convirtió en el cuarto presidente que tiene la compañía desde entonces, un proceso en que la empresa ha tenido ya 35 consejeros diferentes y más de 30 integrantes en su alta dirección, algunos en dos etapas. Los sucesivos bandazos han costado a la compañía casi 40 millones de euros en indemnizaciones. Las mayores han sido a los CEOs y directores generales que han ido saliendo de la empresa por los choques con el Gobierno. Ignacio Mataix, primero director de defensa y luego CEO, dejó la compañía tras menos de dos años al frente con un paquete valorado en 15,5 millones de euros. Menos duró la consejera delegada de Minsait, Cristina Ruiz, nombrada a la vez que Mataix tras la salida de Fernando Abril-Martorell, que salió de la empresa por "mutuo acuerdo" con un paquete de 4 millones de euros bajo el brazo. Mayor fue la indemnización del propio Abril Martorell, casi seis millones de euros, y de Luis Abril, el último ejecutivo que había salido hace menos de un año después de chocar con Escribano, que le pidió dejar el Consejo para acomodar el equilibrio entre independientes y dominicales. Ahora, el siguiente es Escribano, que se va sin indemnización porque no tiene derecho a cese, pero también sin cláusula de no competencia que le impida volver a la dirección junto a su hermano aguas abajo. Sin embargo, el reguero de indemnizaciones sigue en todos los niveles de la cúpula, algunas millonarias como el de la mano derecha de Abril Martorell, Rafael Gallego, que percibió casi 2,7 millones, o Javier Lázaro, el primero de los tres directores financieros que ha tenido Indra en esta etapa, cuyo pago final no se detalla, pero le correspondía un millón solo en acciones. La situación ha llevado a que la propia compañía haya empezado a pagar primas de fichajes a los directivos por incorporarse a la empresa y firmar cláusulas en las que los directivos se aseguran indemnizaciones por encima de la ley en caso de cese. "Tres altos directivos incorporan un derecho indemnizatorio temporal equivalente a entre una y dos anualidades (...) que se extingue bien al cabo de un periodo transitorio tras su incorporación o bien cuando la indemnización, superior a la que les correspondería legalmente". Por otro lado, otros cuatro ejecutivos cuentan con una "claúsula indemnizable específica" si son despedidos "no debido a un incumplimiento imputable al directivo" o "baja voluntaria", es decir, si se produce por una pérdida de confianza. Precisamente, en ese apartado se han vivido situaciones surrealista como la vuelta a la compañía de Gonzalo Escalante junto a Ángel Escribano, después de haber cesado por desavenencias con De los Mozos menos de un año antes. En el interés, cobró 56.000 euros de Indra por su cláusula de no competencia, tal y como se detalla en el útimo informe normativo. Purgas del Consejo Los cambios en el Consejo también han sido numerosos. La salida de Abril Martorell y la elección de Murtra como presidente terminó con una verdadera purga de consejeros independientes que han sido el principio de numerosas salidas por varios motivos. Desde renovaciones, cambios de criterio a la necesidad de ir haciendo hueco a los socios que el Gobierno ha ido reclutando para el accionariado. Primero fue Sapa con Jokin Aperribay, luego Pablo Jiménez de Parga en representación del fondo de Joseph Oughourlian, dueño de Prisa y aliado del Gobierno en un principio y ahora de los Escribano, y posteriormente por los propios Escribano. Así, consejeros independientes como Elena García Armada no llegaron al año de mandato y otras como Ángeles Santamaría, apenas lo superaron. Estos relevos no han estado exentos de casos extraños como la renuncia el día antes de la junta de accionistas de su silla en el órgano por parte de Mónica Helena Espinosa, por una compatibilidad. Ahora, toca la llegada de la consejera número 36, ya que la empresa necesita cumplir con el 40% de mujeres en el órgano antes del 30 de junio para no ser sancionada por la nueva Ley de Paridad. El cásting para encontrarla se ha complicado notablemente en las últimas semanas.