Cinco organismos internacionales alertan ya sobre la corrupción en España
ResumenAna Sánchez Madrid El duro memorándum preliminar sobre la situación de la corrupción en España expuesto el miércoles ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo de Europa, y adelantado por ABC, es la última alerta que se enciende dentro de un organismo internacional sobre nuestro país ... La Comisión Europea , la OCDE , el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) y Transparencia Internacional vienen advirtiendo a través de sus informes o índices de que nuestro país no está funcionando como debería en varios aspectos relacionados con la prevención y la respuesta frente a la corrupción. Hay coincidencia en que el Gobierno viene desoyendo varias de las recomendaciones clave , lo que revela falta de voluntad política y desmonta la «tolerancia cero» que el Ejecutivo dice mantener frente a esta lacra cuando se le echan en cara los casos de Koldo, Ábalos y Cerdán . Esta misma semana el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo , volvió a enarbolar ese lema en su primera intervención como número dos del Gobierno en la sesión de control del Congreso, para defenderse de los ataques de la portavoz popular, Ester Muñoz.
Madrid
El duro memorándum preliminar sobre la situación de la corrupción en España expuesto el miércoles ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo de Europa, y adelantado por ABC, es la última alerta que se enciende dentro de un organismo internacional sobre nuestro país ... pero no es la única.
La Comisión Europea, la OCDE, el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) y Transparencia Internacional vienen advirtiendo a través de sus informes o índices de que nuestro país no está funcionando como debería en varios aspectos relacionados con la prevención y la respuesta frente a la corrupción.
Hay coincidencia en que el Gobierno viene desoyendo varias de las recomendaciones clave, lo que revela falta de voluntad política y desmonta la «tolerancia cero» que el Ejecutivo dice mantener frente a esta lacra cuando se le echan en cara los casos de Koldo, Ábalos y Cerdán.
Esta misma semana el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, volvió a enarbolar ese lema en su primera intervención como número dos del Gobierno en la sesión de control del Congreso, para defenderse de los ataques de la portavoz popular, Ester Muñoz.
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El organismo que viene denunciando más a fondo la situación de la corrupción en España es el más importante que existe a nivel internacional para combatirla: el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco).
Su último examen sobre parlamentarios, jueces y fiscales analizó el cumplimiento de las medidas que había recomendado a España en 2013. Este informe fue aprobado en junio de 2024 pero no se conoció hasta abril de 2025 porque el Gobierno español bloqueó su publicación.
Sobre los diputados y senadores alertaba de que «la principal deficiencia» seguía siendo, once años después, la ausencia de una regulación específica sobre la actividad de los lobbies. En cuanto a los jueces, «reiteró su preocupación» por la politización del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial que, a día de hoy sigue sin reformarse.
Y sobre la Fiscalía, advirtió que las reformas para «aumentar la autonomía y redefinir el nombramiento del Fiscal General, no se habían implementado», al tiempo que reiteró su «preocupación sobre la percepción de la influencia del Poder Ejecutivo».
La conclusión fue que si bien se habían logrado «avances» desde evaluaciones anteriores, España se enfrentaba a desafíos críticos en materia de transparencia de la actividad de los lobbies, la independencia judicial y la autonomía de la Fiscalía.
En 2024, el Greco advirtió de «desafíos críticos» para la independencia judicial, la autonomía de la Fiscalía, y la transparencia ante los lobbies
En cuanto al último análisis sobre la prevención de la corrupción en el seno del Gobierno y las Fuerzas de Seguridad, el Greco vigiló como estaba el cumplimiento de las recomendaciones que había realizado a España en 2019. Fue aprobado el pasado junio pero el Ejecutivo no permitió su publicación hasta el 1 de agosto, en la gran operación salida de las vacaciones veraniegas.
En este caso también reconoció avances pero advirtió de que, seis años después, seguían existiendo «problemas fundamentales» por la falta de implementación de recomendaciones clave.
Entre ellas, volvió a aparecer la ausencia de leyes integrales sobre los lobbies y los conflictos de interés de los altos cargos. A día de hoy, el proyecto de ley que debe solucionarlo sigue varado en el Congreso de los Diputados.
El Greco también advirtió que las Fuerzas del Orden seguían manteniendo sistemas disciplinarios «débiles» frente a la corrupción, y que la protección de los denunciantes también seguía siendo «incompleta».
En junio de 2025 el Greco denunció «problemas fundamentales» a la hora de prevenir la corrupción en el seno del Gobierno
El Greco es independiente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo de Europa en la que el holandés Tekke Panman presentó este miércoles el memorándum preliminar que considera una «urgente necesidad» que España se dote de una estrategia anticorrupción integral y «coherente».
El Consejo de Europa es un órgano internacional ajeno a la Unión Europea, pero dentro del ámbito comunitario, la Comisión Europea también ha alertado sobre nuestro país en sus informes sobre el Estado de derecho.
El publicado en 2024 describió la corrupción como «un área de preocupación persistente» y advirtió de un «alto riesgo de corrupción tanto en la contratación pública como en la financiación de partidos políticos».
Para Bruselas, una de las principales deficiencias de España «es la ausencia de una estrategia nacional integral contra la corrupción». Y es que la Ley de Protección de Denunciantes de 2023 obligaba a Sánchez a ponerla en marcha antes de septiembre de 2024, pero en esa fecha ni siquiera habían arrancado los trabajos preparatorios.
El examen comunitario también puso de manifiesto la existencia de «deficiencias en la gestión» de los conflictos de interés de los altos cargos. sus declaraciones patrimoniales y la regulación de los lobbies. Así, recriminó al Gobierno no haber «avanzado sustancialmente» en ello y pidió más independencia y facultades sancionadoras para la Oficina de Conflictos de Intereses.
«La corrupción sigue representando un desafío importante«, fue su conclusión. »España aún debe adoptar una estrategia integral, reforzar las salvaguardias institucionales y subsanar las deficiencias en la aplicación de la ley para cumplir con los estándares europeos», especificó.
Bruselas calificó la corrupción de «desafío importante» en España en su informe de 2024 sobre el Estado de derecho
Su alerta no tuvo gran éxito porque, un año después, el siguiente informe sobre el Estado de derecho llegó a conclusiones similares. Bruselas denunció en 2025 que la corrupción seguía siendo «una preocupación pública importante» en España y que tanto expertos como empresas consideraban que «el problema es relativamente grave».
La ausencia de una estrategia integral contra la corrupción volvía a repetirse como gran falta, junto a una aplicación de la ley «notablemente baja» en los casos de sobornos internacionales y el hecho de que el Consejo de Transparencia seguía sin contar con «las facultades necesarias para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones».
A ello se añadió «una falta de progreso en la actualización de las normas sobre conflictos de intereses para los empleados públicos», o que «muy pocos» parlamentarios publicaran «sus reuniones con lobistas».
La conclusión fue que «ciertos sectores, como la contratación pública y la financiación de los partidos políticos, aún se identifican como áreas de alto riesgo de prácticas corruptas».
En su informe de 2025, la CE señala la contratación pública y la financiación de los partidos como «áreas de alto riesgo de prácticas corruptas»
Otro prestigioso órgano internacional, la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE) coincide en que España necesita una «estrategia anticorrupción única y unificada». En su último informe sobre la lucha contra la corrupción y la integridad publicado en 2024 alertó de la ausencia de un «organismo central dedicado a combatir» esta lacra en nuestro país.
Y es que las responsabilidades se distribuyen entre varios organismos. Por un lado, la Oficina de Conflictos de Intereses, por otro el Consejo de Transparencia, y también de manera independiente el Tribunal de Cuentas, la Intervención General de la Administración del Estado, y el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.
«Este enfoque fragmentado garantiza la cobertura de muchas áreas de riesgo, pero también expone deficiencias en la coordinación y la supervisión estratégica», advirtió la OCDE. Es decir, el modelo de supervisión español diluye las responsabilidades y dificulta el control.
Su informe destaca que España tiene buena calificación en algunas áreas pero «se queda atrás» en otras. Así, las regulaciones sobre la «gestión del riesgo de corrupción» son sólidas, pero su «implementación» es más débil.
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Sucede lo mismo en la regulación de conflictos de intereses. Nuestro país vuelve a tener una buena puntuación en las declaraciones de los miembros del Gobierno, diputados y senadores pero «persisten deficiencias en el ámbito judicial y otros cargos de alto riesgo».
En la misma línea, la OCDE considera que la regulación de la financiación política es relativamente sólida pero «la puntualidad y la exhaustividad» de los informes que la supervisan «siguen siendo inconsistentes».
Este organismo también pone el acento en la falta de regulación sobre la actividad del lobby, que califica como «el punto débil de España» y una «importante deficiencia».
El resumen fue que pese a que España había logrado un «notable progreso», la lucha contra la corrupción seguía «viéndose obstaculizada por la ausencia de una estrategia integral contra la corrupción y una regulación deficiente del lobby».
La OCDE reconoció «notables» avances pero subrayó que la lucha contra la corrupción seguía estando «obstaculizada»
Al margen de las instituciones oficiales internacionales, se encuentra Transparencia Internacional (TI), que es la mayor organización no gubernamental a escala mundial contra la corrupción. Esta organización elabora el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que es un referente global.
El último fue publicado en febrero y se refiere a 2025. España cayó tres puestos en el ranking mundial respecto a 2024 para colocarse con 55 puntos de 100 junto a Chipre, un puesto por encima de Italia y dos por debajo de Portugal.
Los países europeos con peor calificación fueron Azerbaiyán (30 puntos), Turquía (31), Serbia (33), Bosnia y Herzegovina (34) y Ucrania (36). En cambio, nueve grandes democracias europeas coparon los diez primeros puestos del índice: por buena calificación Dinamarca (89), Finlandia (88), Noruega (81), Suecia (80), Suiza (80), Luxemburgo (78), Países Bajos (78), Alemania e Islandia (ambos con 77). Todos ellos muy lejos de España.
España cayó tres puestos en el ránking mundial de Transparencia Internacional referente a 2025
Pedro Sánchez presentó el pasado 8 de julio su Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción ante el Congreso asegurando que atendía, por fin, a los consejos de Greco, la OCDE y la Comisión Europea. Sin embargo, las declaraciones de intenciones ya no son suficientes para ninguno de ellos. Las evaluaciones de este 2026 medirán si, de verdad, supone un cambio real o si España sigue siendo motivo de alerta dentro y fuera de nuestras fronteras.