El Tribunal de Cuentas revela que el Gobierno destinó 2.389 millones de fondos europeos para pagar las pensiones

Maniatado por la falta de créditos suficientes en los presupuestos prorrogados para atender los compromisos adquiridos, el Ministerio de Hacienda tuvo que tirar en 2024 de los recursos sobrantes de los fondos europeos del Plan de Recuperación para pagar una parte de la ... factura de las pensiones , según ha denunciado el Tribunal de Cuentas en su informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024.En concreto, Hacienda autorizó el 6 de noviembre de 2024 una ampliación de crédito por 1.722,1 millones de euros y unos días después, el 19 de noviembre, una transferencia de crédito de 667,3 millones de euros (2.389,4 millones en total) para atender compromisos de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas del sistema de la Seguridad Social ante la insuficiencia de los recursos incluidos en la prórroga de los Presupuestos de 2023 para atender esos compromisos. Todos esos recursos se sacaron del llamado servicio 50, la sección especial de los Presupuestos donde se consignan desde el año 2021 los recursos recibidos de la Comisión Europea para financiar los proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que sobre el papel solo podía utilizarse para atender gastos asociados a ese plan.Noticia relacionada general No No El PP acusa al Gobierno de desviar créditos de fondos europeos a gastos de pensiones y Defensa Bruno PérezLa excepcionalidad de la maniobra es puesta de manifiesto en el informe del Tribunal de Cuentas, que recuerda que no se ajusta al marco regulatorio establecido por el propio Gobierno en el Real Decreto-Ley que reguló la ejecución de los fondos europeos y en la Ley de Presupuestos de 2023 en el que se estipulaba de manera explícita que «los créditos dotados en el servicio 50 'Mecanismo de Recuperación y Resiliencia' de cada sección […] solo podrán ejecutarse con la finalidad de financiar actuaciones que resulten elegibles« dentro de ese mismo ámbito. Sin embargo, el hecho no se ha incluido como salvedad en la fiscalización del Tribunal de Cuentas -que es la vía ordinaria para poner en cuestión la información proporcionada por el Gobierno-, que ha preferido atender a la alegación del Gobierno en la que se justifica este apaño presupuestario por la existencia de créditos sobrantes de los fondos europeos que no se iban a utilizar, y que por tanto no ponían en riesgo el cumplimiento de los objetivos acordados con la Comisión Europea, y por la naturaleza »ineludible« de los gastos atendidos.Cambio de enfoque tras las alegaciones de HaciendaEl modo en que el Tribunal de Cuentas ha decidido sustanciar el asunto, mediante su inclusión en el capítulo de 'Otros resultados que no afectan a la opinión', es decir, rebajando la magnitud de esta inusual maniobra presupuestaria y descartando que afecte a la imagen fiel que la Cuenta General del Estado ofrece de la situación real de las cuentas del Estado ha generado una insólita discrepancia interna en el órgano fiscalizador. El informe oficial se limita a reconocer «la excepcionalidad de las circunstancias concurrentes en estas modificaciones» y a reflejar que «la actuación se ha llevado a cabo bajo unos fundamentos jurídicos que deberían haber quedado mejor justificados», sin más.Una fórmula que no ha convencido al conjunto del Tribunal y que ha desembocado en la insólita inclusión en el informe de una explicación adicional del sentido del voto de una de las consejeras y en el voto particular de otro consejeros, disconformes ambos con el modo en que se ha resuelto el asunto. El voto particular del consejero Javier Morillas revela que en el informe original la transferencia de recursos había sido señalada como salvedad en el informe y que se dejaba bien sentado que «la normativa solo contempla las transferencias de créditos entre secciones dentro del Plan de Recuperación», pero que las alegaciones presentadas por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos hicieron desaparecer las partes más contundentes del análisis del Tribunal de Cuentas e hizo que se sacara del área de 'Salvedades' hacia el área de 'Otros resultados que no afectan a la opinión'.El consejero deja por escrito su opinión de que «las alegaciones formuladas no rebaten los puntos reflejados en el anteproyecto remitido a alegaciones, ya que las normas aplicables no permitían en ningún caso que se autorizasen las transferencias financiándolas con créditos sobrantes del servicio 50» y su sensación de que «del texto aprobado parecería deducirse que la excepcionalidad de las circunstancias concurrentes y que se trate de compromisos ineludibles justificaría el uso de fondos del Plan de Recuperación para financiar gastos de pensiones, sin embargo las normas al respecto son claras y lo que se debe manifestar es que los fundamentos utilizados no son sólidos».El voto particular de la consejera Isabel Fernández Torres incide en ese juicio. Considera que la opinión del Tribunal de Cuentas «no se ajusta ni a la literalidad ni a la finalidad» del marco jurídica que regula el empleo de los fondos europeos y que debería haberse mantenido esa consideración como 'salvedad' en la declaración del Tribunal de Cuentas. Y deja un recado adicional: «esta circunstancia no es sino un reflejo más de las dificultades de gestión derivadas de la ausencia de presupuesto», algo que también se menciona de pasada en el informe del Tribunal de Cuentas que enfatiza que la no presentación de los Presupuestos de 2024 impidió su debate en las Cortes Generales.