La huelga abre una grieta en el mapa sindical: organizaciones que representan a más de medio millón de trabajadores rechazan la convocatoria de CCOO y UGT

La huelga general por la vivienda ha abierto una profunda grieta en el mapa sindical nacional. De un lado, los grandes sindicatos de clase, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), que han sucumbido a la presión de las acampadas y han dado un paso histórico al convocar la primera huelga en ocho años de Gobierno progresista de Pedro Sánchez. Y del otro, un amplio bloque sindical que cuestiona la forma —que no el fondo— de la movilización y que agrupa a organizaciones que representan a más de medio millón de trabajadores de distintos sectores, tanto del ámbito privado como del público. Las direcciones de CCOO y UGT han acordado con el Sindicato de Inquilinas la celebración de una huelga general por la vivienda el día 11 de noviembre. Los sindicatos que dirigen, respectivamente, Unai Sordo y Pepe Álvarez han accedido así a una exigencia no solo de los convocantes de las acampadas por la vivienda sino también de la propia calle. El estallido social tras el desahucio de Maricarmen, que ha desembocado en adelanto electoral tras el rechazo parlamentario de los decretos de vivienda, hizo saltar las alarmas en las centrales sindicales. Y tras varios días de reflexión y debates internos para encontrar el encaje legal de una huelga que no tiene su origen en un conflicto laboral, decidieron lanzarse a la convocatoria. Una decisión que no ha sido recibida de manera uniforme entre los representantes de los trabajadores. Y es que el sindicalismo español combina el duopolio de dos grandes centrales estatales como son CCOO y UGT con un amplio abanico de sindicatos nacionalistas y alternativos con una fuerte implantación territorial. Un mapa muy fragmentado en el que conviven sensibilidades muy dispares. Y aunque frente a la crisis de vivienda la posición es prácticamente unánime (todos reconocen el problema y reivindican soluciones), los posicionamientos se distancian en cuanto a la huelga general, ya que unos justifican el encaje laboral y otros cuestionan la motivación política. El debate no es baladí porque el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo establece que una huelga es ilegal "cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados". CCOO y UGT defienden la convocatoria y argumentan que la huelga está justificada porque el problema del acceso a la vivienda está directamente relacionado con los bajos salarios. Sin embargo, no todas las organizaciones lo entienden así, y por eso muchas se están desmarcando de la huelga general, provocando una fractura en el mapa sindical. Antes que CCOO y UGT, fue la Confederación General del Trabajo (CGT), de tradición anarcosindicalista y una de las principales organizaciones del sindicalismo alternativo en España, la que recogió el guante del Sindicato de Inquilinas. Posteriormente se han sumado los sindicatos nacionalistas vascos (ELA y LAB) y la gallega CIG. En total, el frente sindical que respalda la huelga en estos momentos aglutina más de 2,3 millones de afiliados, a razón de un millón de CCOO, otros 984.000 de UGT, en torno a 100.000 de CGT, algo más de 100.000 de ELA, 50.000 de LAB y unos 85.000 de CIG. Un frente amplio que, no obstante, encuentra oposición en un bloque crítico que representa a más de medio millón de trabajadores, ya que entre todos suman unos 550.000 afiliados. Empezando por el sindicato de funcionarios CSIF, que cuenta con 260.000 afiliados y que ya ha anunciado que no secundará la huelga general, criticando sus "connotaciones políticas" y argumentando que su actividad "se ciñe única y exclusivamente a las cuestiones laborales". Por su parte, la Unión Sindical Obrera (USO), con 150.000 afiliados, también ha rechazado sumarse a la convocatoria porque "con un Gobierno en funciones y el Parlamento disuelto, no existe un receptor real de reivindicaciones". También Fetico, que representa a unos 95.000 afiliados y tiene un peso importante en sectores intensivos en mano de obra como la gran distribución, ha defendido que la función de un sindicato debe orientarse a la negociación colectiva y la mejora de los salarios, mostrando su "preocupación" por la "participación de los sindicatos en una huelga que coincide con un proceso electoral" y que, "aun siendo justa, no es de naturaleza laboral". Y uno más: Valorian, con más de 40.000 afiliados y gran representación en el comercio, ha mostrado su desacuerdo con "el enfoque de la movilización y la confrontación política que la acompaña".