¿Es posible que los planes de pensiones sean obligatorios?

El debate sobre las pensiones privadas vuelve a estar encima de la mesa tras la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. La controversia tiene varias aristas e intereses contrapuestos que llevan años sin lograr un punto de encuentro efectivo, independiente del color del Gobierno en cada momento. La posibilidad de acuerdo entre las partes solo se puede atisbar a través de un consenso político y social, algo que está a años luz de darse en España y que tampoco es muy previsible tras las elecciones, gane quien gane. Las gestoras de pensiones y las aseguradoras son la parte más activa en un escenario en el que sindicatos y empresas tienen un papel determinante igual que el Estado y el Ejecutivo de turno. La adhesión obligatoria (autoenrollment) de todos los trabajadores a un plan de pensiones de empleo, el modelo implantando en Reino Unido e Irlanda, se ha hecho hueco en las reivindicaciones más recientes de gestoras y aseguradoras. Pero no es la única alternativa propuesta por la parte privada para configurar un pilar complementario al sistema público de pensiones. Las entidades llevan décadas poniendo el foco en los esquemas implantados en otros países. La mochila austriaca, el modelo sueco, con su sobre naranja; o la alternativa chilena son algunos referentes señalados, sin olvidarse de las EPSV (entidades de previsión voluntaria) del País Vasco, que cuentan con mejor fiscalidad y mayores aportaciones. Su penetración entre los trabajadores es mayor que la de los planes de pensiones en el resto del Estado entre otras cosas por su mayor tradición en el mundo de las cooperativas y su cultura de negociación colectiva. Las gestoras a través de Inverco y las compañías de seguros a través de Unespa son inasequibles al desaliento en su empeño por ampliar la actividad de su negocio, ante lo que consideran la imposibilidad de mantener en el futuro las actuales pensiones públicas. Desde la Administración, de diferentes signo político, se han reducido año tras año las vías de desarrollo de esta actividad, con cancelación de aportaciones a los empleados públicos y límites al ahorro y a sus beneficios fiscales a los particulares. En paralelo, se han ampliado los incentivos a las pensiones de empleo por considerar que son las que pueden llegar a más población, pero la respuesta de este colectivo es muy moderada. Son los sindicatos, con CCOO como el más activo, y CEOE, quienes tienen la llave para que el eterno debate de la previsión social complementaria salga del día de la marmota en el que lleva instalado desde hace décadas. "Así llevamos año, tras año, tras año" dijo Olimpia del Águila, responsable de seguridad social e igualdad del departamento de empleo, protección social e igualdad de CEOE, en el II Observatorio de Pensiones Grupo Mutua, celebrado el jueves pasado. La posición de la Unión Europea a favor de estos mecanismos de previsión social complementaria puede ayudar a salir de este bucle, afirmó Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, en este encuentro. Carlos Bravo, secretario de políticas públicas y seguridad social de CCOO, dejó la puerta abierta al modelo británico de adhesión automática, que calificó de "interesante" y del que dijo que "podría dar juego" en su intervención en este encuentro. Este modelo fija una aportación total del 8% del salario a los planes de pensiones de empleo que se distribuye entre un 4% por parte del empleado, un 3% de la empresa y un 1% del Estado. El representante de CCOO apostilló que para calibrar la situación hay que tener en cuenta que Reino Unido, Irlanda y Australia, que también cuenta con pensiones privadas obligatorias para los trabajadores, tienen una tasa de sustitución (porcentaje que supone la prestación de jubilación sobre el último salario) de entre el 29% y el 34% muy inferior a la española, que supera el 70%. La implantación de la adhesión obligatoria debe contar con el visto bueno de los empresarios y para CEOE, el autoenrollment ya está incorporado en España a través de la negociación colectiva. "Es una forma de superar la dificultad de adscribir obligatoriamente a los empleados a un plan de pensiones", ya que la Constitución española dice que las pensiones complementarias serán libres, "pero somos libres de pactar a través de la negociación colectiva la adscripción de nuestras empresas y trabajadores de un sector" (ver información adjunta). No obstante, la representante de los empresarios, se mostró reticente a aumentar el coste que el autoenrollment supone para las empresas, porque "no se puede hacer más caro el mantenimiento de los puestos de trabajo". Como si de un juego de espejos se tratara, los sindicatos tampoco están por la labor de que la aportación de los trabajadores se detraiga de su nómina, en su opinión debe ser adicional: un nuevo salario diferido. Cada parte defiende sus intereses y en esta línea Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco propuso en que se ordene la obligatoriedad de las pensiones privadas en aras de preservar de la salud financiera de la población igual que en su día se prohibió el consumo de tabaco en determinados espacios para proteger la salud de los ciudadanos o, en la misma línea, se implantó la retirada de los puntos del carnet de conducir para tratar de reducir los accidentes de tráfico. Reivindicaciones aparte, lo que parece claro es que la última reforma de las pensiones privadas, impulsada en 2022 por José Luis Escrivá, el actual gobernador del Banco de España y ex ministro de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones, no ha funcionado. Se lanzó sin acuerdo con las partes implicadas y aunque el objetivo de extender la previsión social complementaria a todos los trabajadores fuera compartido, no lo era el camino para lograrlo. "Después de 16 años de parálisis absoluta del sector, en 2022 se abrió una ventana de oportunidad", señala Bravo que apunta, no obstante, a deficiencias en el planteamiento inicial. En su opinión, en el fracaso de esta iniciativa "hay una responsabilidad compartida del legislador, de los interlocutores sociales y del sector". El Gobierno lanzó el proyecto "sin consenso interno" entre el ministerio de Escrivá y el de Hacienda y "por lo tanto con la falta de acompañamiento con medidas fiscales" sostiene. Además, añadió Bravo, la reforma nace con el objetivo de impulsar la previsión social entre los funcionarios y los autónomos. En el primer caso, se da la "incongruencia de que la Administración no ha habilitado las aportaciones al sector público", suspendidas desde la crisis financiera. En paralelo, dijo, los autónomos no están aprovechando los incentivos fiscales que da la reforma a sus aportaciones a pensiones. "Yo creo que aquí hay un interés por parte de los comercializadores de estos productos que prefieren retener en el tercer pilar a este colectivo, con retornos más altos que en los planes de pensiones simplificados". En el reparto de responsabilidades, Comisiones Obreras reconoce que sindicatos y patronal no están analizando la implantación de pensiones complementarias en la negociación colectiva, a excepción del sector de la construcción, "un hito con el que estamos encantados".