La 'ley de nietos', más allá de la lucha partidista

El debate sobre la llamada 'ley de nietos' ha expuesto varios problemas de la España actual, y muchos de ellos ni siquiera tienen que ver con la propia ley. En los últimos días, por ejemplo, hemos comprobado la extraordinaria influencia que ejercen los partidos en nuestro debate público. Una influencia que condiciona y en ocasiones empobrece dicho debate. Hace meses que distintos medios, expertos y opinadores empezaron a llamar la atención sobre el efecto que conceder la nacionalidad a descendientes de españoles -en virtud de una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática- estaba teniendo sobre el censo electoral. En este diario, tanto Josu de Miguel como Luis Miller publicaron en su día buenos artículos sobre el tema, exponiendo lo que el primero señalaba como un "problema democrático" y el segundo interpretaba como un desafío que obliga a revisar nuestra legislación electoral. Sus análisis se basaban en datos elocuentes: 2,4 millones de extranjeros han solicitado la nacionalidad en virtud de esta ley, lo que podría doblar en muy poco tiempo el volumen del voto exterior. Y esos sufragios se suman a los de las circunscripciones existentes -nuestro sistema no incluye una circunscripción exterior-, lo que aumenta las posibilidades de que influyan en el resultado de unas elecciones generales: en las de 2023 hubo hasta 13 escaños que se decidieron por menos de 3.000 votos. Los cuatro últimos comicios autonómicos, además, han permitido intuir las discrepancias y tensiones que puede provocar este proceso: el PP ganó las cuatro por un amplio margen, pero fue el PSOE quien se llevó la mayoría del voto exterior. Sin embargo, este tema no se convirtió en verdadero asunto de debate nacional hasta que el presidente del PP no denunció en una entrevista en esRadio lo que percibía como un proyecto de "ingeniería electoral" por parte del Gobierno. Esto tuvo un efecto paradójico. Por una parte, atrajo un enorme foco mediático sobre los efectos de la 'ley de nietos'. Por otra parte, hizo que buena parte del debate girase en torno a lo que el PP decía sobre este tema. Así, Feijóo y los suyos consiguieron que todo el país hablara sobre el proceso de nacionalizaciones, pero también que la polémica se centrara en su propia postura sobre ese tema: si habían empleado los términos adecuados, si estaban contradiciendo posturas que antes habían defendido, si esta denuncia respondía a una estrategia política… El problema aquí no era únicamente del PP. Los partidos -y, sobre todo, los del bipartidismo, porque es cierto que Vox llevaba tiempo denunciando los efectos de las nacionalizaciones- ejercen tal influencia sobre nuestros debates, los medios están tan pendientes de ellos, que muchas veces parece que el propósito principal de la esfera pública es decidir si tiene razón el PSOE o si la tiene el PP. Es difícil articular debates autónomos que se escapen de la lógica partidista; cuesta abstraer temas sustanciales de los intereses políticos que los ponen en la agenda. Como si el objetivo principal de hablar sobre la 'ley de nietos' fuese decidir si los socialistas o los 'populares' llevan la razón, y no reflexionar sobre la medida en sí. Cuando esta nos remite a cuestiones de fondo muy relevantes: la naturaleza del 'demos', el vínculo -¿problemático?- entre nacionalidad y sufragio, la manera en la que determinados derechos se pueden transmitir a los descendientes… Un debate público maduro se centraría mucho más en esas cuestiones que sus derivaciones partidistas. Lo del dedo y la luna, en definitiva. Roberto Benito ha recordado, por ejemplo, que los debates sobre el voto exterior tienen una larga historia en nuestra democracia. Por razones logísticas -las garantías del proceso- y por razones de principio que también desarrollaba hace unos díasAgustín Ruiz Robledo: "Si la democracia avanzó al grito de 'No taxation without representation', también parece razonable sostener el principio inverso: quienes no soportan normalmente las consecuencias de las decisiones colectivas no deberían elegir a los que las deciden". Es más, estas cuestiones se han planteado de forma recurrente y transversal: BNG, PNV, PSOE… formaciones muy distintas han señalado en algún momento problemas en el voto exterior. Y parece claro que estos debates nunca se han resuelto del todo. Más bien se diría que nuestra sociedad llegó a la conclusión de que el voto exterior nunca iba a ser tan importante, tan numeroso, como para resultar potencialmente conflictivo. Y pasó a otros temas. Esto es lo que cambia, al menos en principio, el proceso de nacionalizaciones actual. Una cosa es que el voto del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) siempre haya existido. Otra cosa es que tuviera el volumen o la naturaleza que va a alcanzar ahora. Porque de ser, como su propio nombre indica, un voto de "residentes ausentes", está pasando a incluir también a una cantidad muy elevada de personas que nunca han residido en España. A esto contribuye el elemento de 'chapuza' que muchos han señalado estos días, apuntando a esa instrucción que interpretó la concesión de nacionalidades contemplada por la Ley de Memoria Democrática, ampliando de forma bastante arbitraria el criterio de a quiénes debía aplicarse. Así, por la puerta de atrás, sin participación de los partidos ni debate social, una ley de nietos del exilio se convirtió en una ley de nietos a secas. A esta chapuza normativa se añadió otra administrativa, expuesta por Ángel Villarino y Ana Belén Ramos en El Confidencial: el volumen de solicitudes que generó esa interpretación de la ley ha colapsado nuestros servicios consulares. En el caso del consulado de Buenos Aires, el proceso de recogida de documentación no se podrá finalizar antes de mayo de 2030; y luego viene lo complicado, que es revisar uno por uno los papeles y digitalizar los expedientes. Quizá estemos ante un saludable recordatorio de que cualquier conspiración gubernamental a gran escala chocaría necesariamente con las ineficiencias de nuestra burocracia. Llegados a este punto, muchos animan a quitar hierro al asunto. Sí, vienen a decir: puede que el proceso sea chapucero y problemático, pero lo más seguro es que finalmente no ocurra nada. Se señala que quienes están pidiendo la nacionalidad lo hacen, ante todo, por razones emocionales o por los beneficios de tener un pasaporte europeo, y no porque sientan un deseo irreprimible de votar en las próximas elecciones. También se recuerda que el porcentaje del voto entre los inscritos en el CERA suele ser muy bajo: en las últimas elecciones estuvo alrededor del 10%. Incluso si el Gobierno hubiera impulsado esta medida para obtener un beneficio electoral, se sigue diciendo, su apuesta fracasará: los nuevos nacionalizados votarán poco, y quienes lo hagan pueden perfectamente comportarse de una forma tan plural como el resto de españoles. Es cierto que, en las cuatro últimas elecciones autonómicas, el voto exterior ha seguido una tendencia distinta a la del resto; también lo es que esa discrepancia no ha alterado en lo más mínimo el resultado. Uno puede coincidir con este planteamiento. Es más, si tuviera que apostar, lo haría por que el voto exterior no determinará las próximas elecciones. Sobre todo, porque no creo que vayan a ser unos comicios muy ajustados. Pero uno puede pensar esto a la vez que piensa que las cuestiones serias no se pueden afrontar con una actitud de "seguro que al final no pasa nada". Y un censo y unas elecciones son cuestiones muy serias. Para ilustrarlo, basta con imaginar la extraordinaria polémica que suscitaría que unas elecciones generales fueran decididas por el voto exterior, sobre todo si este se expresara en una dirección marcadamente distinta de la de los residentes, y si en él participaran centenares de miles de recién nacionalizados cuyos vínculos con España fueran muy tenues. Claro que forma parte de la naturaleza humana no ocuparse seriamente de los problemas hasta que no se manifiestan. Pero uno pensaría que una sociedad madura es aquella que intenta superar esa tendencia. David Jiménez Torres es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid.