El Gobierno se ofrece a los inmigrantes para agilizar su regularización en los países de origen

Como estaba previsto, el Gobierno aprobó el real decreto con la regularización masiva de inmigrantes —afectará, al menos, a medio millón de extranjeros sin papeles que residen actualmente en España— tras hacer algunas correcciones significativas en el texto inicial. Se vio obligado tras un ... dictamen muy duro del Consejo de Estado, preceptivo aunque no vinculante, que alertaba de errores de técnica normativa y la ausencia de cuestiones esenciales en el proceso como la acreditación fehaciente de no tener antecedentes penales para poder acceder al permiso de residencia y trabajo. El fin de semana fue intenso para el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, que tuvo que rectificar el texto para tenerlo a tiempo el martes por la mañana.A pesar de haber endurecido el requisito probatorio sobre los antecedentes, el Gobierno deja clara su voluntad política de que el mayor número de solicitantes pueda beneficiarse de la que es una de las medidas con más impacto de la legislatura. La gran novedad es precisamente que en este proceso se implicará el Ministerio de la Presidencia y Justicia al más alto nivel a través de la vía diplomática. El compromiso prueba hasta qué punto el Ejecutivo quiere poner toda la carne en el asador, mientras el resto de países europeos caminan hacia políticas migratorias mucho más restrictivas. Los requisitos para los solicitantes desde el primer momento fueron estar en España antes del 1 de enero de 2026 durante, al menos, cinco meses de manera ininterrumpida; y carecer de antecedentes penales en el país de origen y en aquellos en los que hubiese residido durante los últimos cinco años anteriores a su llegada a España. Sin embargo, Migraciones había apostado por una vía muy flexible: si en el plazo de un mes los interesados no lograban obtener la confirmación de terceros países sobre la carencia de esos reproches penales, bastaría con una declaración responsable. El Consejo de Estado alertó de que se trataba de una «técnica inadecuada» para un proceso tan masivo, al tiempo que reveló en su dictamen que el criterio del Ministerio del Interior era el mismo. Es decir, había que buscar otra vía.Noticia relacionada general No No Por la regularización masiva El Consejo de Estado evidencia las tensiones entre Migraciones e Interior Paloma EstebanEse es quizá el cambio más sustancial en el real decreto porque, finalmente, el proceso será el siguiente. Los solicitantes tendrán un mes para pedir el justificante de penales en sus países de origen o donde hayan residido previamente; si no logran hacerse con él, el Gobierno intervendrá para prestarles asistencia. Y lo hará a través de la vía diplomática por el cauce del ministerio que dirige Félix Bolaños, que enviará un requerimiento a esos países para exigir esa documentación sensible. A partir de ahí se habilitará un periodo de tres meses para recibir respuesta y, en caso de que esto tampoco ocurra, el interesado tendrá 15 días extra para tratar de conseguirlos por sus propios medios. Si después de este último plazo tampoco consigue el informe sobre antecedentes, «se le tendrá por desistido de su solicitud» . Esto es, aun con la intermediación del Gobierno, quien no consiga acreditar la falta de antecedentes no podrá acceder a la regularización. Este extremo es el que también sugería el Consejo de Estado en su informe, que igual que Interior, era partidario de que el proceso en el que el solicitante no pudiera probar la carencia de antecedentes debía, primero, quedar en suspenso; y finalmente no regularizar su situación. La declaración responsable, por tanto, queda en papel mojado.Solo la aplicación efectiva demostrará cómo funciona el dispositivo creado por Migraciones. El Gobierno espera que los casos afectados por estas dificultades de acreditación no representen un porcentaje significativo. En todo caso, el apoyo que dará el Ministerio de Justicia también acredita el respaldo de Bolaños al plan frente a las reticencias mostradas por Interior y su secretaría general técnica en todo el proceso normativo.La portavoz del Gobierno quiso incidir en la «triple legitimidad» que tiene su proyecto, «social, política y económica», dijo, para recordar que surgió de una iniciativa legislativa popular con más de 600.000 firmas, que después se admitió a trámite en el Congreso en 2024. Solo Vox se opuso y de ahí que Saiz incidiera en el apoyo político, incluido el PP en origen, y otros actores decisivos en la sociedad como la Iglesia católica. La oposición, sin embargo, se queja —escudándose también en el propio dictamen del Consejo de Estado— de las lagunas jurídicas y los problemas que puede acarrear la regularización ideada por el Gobierno sobre el papel. Tensión para las administracionesDe hecho, el órgano consultivo del Gobierno también advertía con rotundidad de la tensión que sufrirán las administraciones encargadas de tramitar la avalancha de solicitudes que se prevé. La ministra portavoz explicó el calendario: a partir de este jueves 16 los interesados ya podrán iniciar los trámites por la vía telemática y también pedir una cita previa para la vía presencial, que comenzará el lunes 20. El 30 de junio será el día límite para solicitar la regularización. Para llevarla a cabo habrá oficinas específicas de la Seguridad Social en horarios también determinados, y de Correos. Según la ministra de Migraciones en total 450 oficinas en todo el territorio nacional y un refuerzo del personal que también superará el medio millar. No lo dijo, pero el real decreto sigue contando con la participación de Tragsa , y su filial Tragsatec, para la regularización. Todo a pesar de las dudas manifestadas al respecto por el Consejo de Estado.El texto definitivo incluye a la empresa transformación agraria como entidad habilitada «para la gestión material y de apoyo técnico» en la tramitación de solicitudes, y deja claro que el personal «expresamente designado» podrá «realizar los trámites materiales de gestión, tramitación y preparación técnica y documental de las solicitudes y apoyo instrumental», sin intervención, eso sí, «en la instrucción sustantiva del procedimiento, en la valoración jurídica de las solicitudes ni en la adopción de decisiones sobre las mismas». El órgano consultivo en su informe consideraba difícilmente encajable la colaboración de la empresa pública en esta tarea, poniendo en duda, incluso, que pudiera llegar a justificarse la idoneidad de Tragsa —y Tragsatec— para este proceso. No solo eso, sino que incluso insistía en que deberían acotarse los encargos que le podrían plantear y que, el resultado y las previsiones de todo lo que está relacionado con la empresa integrada en SEPI, debería formar parte de la memoria del proyecto. Tanta importancia tenía el asunto para el Consejo de Estado que esta cuestión formó parte de las observaciones con carácter esencial: es decir, las que entiende que el Gobierno debería tener en cuenta y corregir. En esta ocasión, con escaso éxito.Tragsa participará A pesar de las reticencias mostradas por el Consejo de Estado, que ponía en duda que se pudiera justificar la idoneidad de Tragsa —y su filial Tragsatec— en el proceso de tramitar las solicitudes de la regularización, el real decreto mantiene a la empresa de transformación agraria como «entidad habilitada» y afirma que «el personal expresamente designado» podrá «realizar los trámites materiales de gestión, tramitación y preparación técnica y documental de las solicitudes y apoyo instrumental». El órgano consultivo llegó a encajar este asunto entre sus observaciones esenciales, con el objetivo de que se corrigiera. La ministra no lo mencionó, pero figura en el texto. Sí habló de oficinas específicas de la Seguridad Social y de Correos, que trabajarán en esta tarea en horarios específicos y con personal formado.