El CGPJ se rebela contra los ataques del Gobierno a los jueces tras destaparse el caso de las cloacas

La ofensiva del Ejecutivo contra los jueces a raíz del levantamiento del sumario de Plus Ultra, y especialmente después del auto que acordó los registros en Ferraz, ha puesto en pie de guerra a parte de las carreras judicial y fiscal, que tanto a través ... del órgano de gobierno de la primera, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como de las asociaciones que las representan han reaccionado contra la nueva campaña de deslegitimación del Poder Judicial. Lo han hecho, además, una vez que se ha conocido la estrategia ideada dentro del partido para desestabilizar los procedimientos que cercan al entorno de Pedro Sánchez. A primera hora de la mañana la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitía un comunicado en el que mostraba su «preocupación» por estos ataques que provienen precisamente de «cualificados responsables de altas instituciones del Estado» y que cuestionan la «independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales». Esta campaña contribuye, según el CGPJ, a «erosionar la confianza de la ciudadanía en el Estado de derecho» y «debilita los cimientos de una sociedad democrática avanzada». Para cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales (entre ellas las mayoritarias APM y AF) el CGPJ se ha quedado corto en su reacción al obviar el «espionaje» que ha sacado a la luz el caso Leire y que se habría llevado a cabo, entre otros, con la juez que ha instruido el caso contra el hermano de Sánchez en Badajoz, Beatriz Biedma, «con el fin de hostigarla y desacreditarla».Recuerdan estas asociaciones que hace un año ya suscribieron un comunicado conjunto de apoyo a esa magistrada ante las informaciones que ya entonces se estaban difundiendo sobre presiones a su persona. «Lo publicado ahora vendría a ratificar lo que por aquel entonces se venía apuntando», dicen.Una «estrategia orquestada»Las firmantes no ocultan la «inquietud» que les causa el hecho de que esas estrategias de deslegitimación «hayan afectado no sólo a una compañera concreta sino a una pluralidad de integrantes de la judicatura».En este sentido consideran que la respuesta del CGPJ tenía que haber sido más incisivo porque «lo publicado estos días va mucho más allá» de las descalificaciones por parte de miembros del Ejecutivo «en la medida en que apuntaría a una estrategia orquestada para atentar contra la independencia judicial». «Causa especial desazón la falta de contundencia de nuestro órgano de gobierno (...); esperábamos que hubiera estado a la altura en su labor constitucional de defensor y garante de la independencia judicial», dicen.De igual forma lamentan la « ausencia de reacción por parte de la Fiscalía General del Estado, ignorando su deber legal de defender la independencia judicial».Las asociaciones firmantes aseguran que se mantendrán expectantes «ante lo que resulte de las diligencias que se están instruyendo, y adoptarán las medidas que estimen oportunas en el ámbito estatal y europeo, en interés no sólo de los jueces, juezas, magistrados o magistradas directamente concernidos, sino en el de todos los miembros de la carrera judicial». La teoría del «golpe judicial»Uno de los ministros más comprometidos en esa campaña de deslegitimación del Poder Judicial ha sido Óscar López, quien ha sembrado la duda sobre la actuación de los jueces afirmando que se están admitiendo denuncias impulsadas por grupos ultraderechistas «sin fundamento o con pruebas fabricadas» y ha cuestionado el calendario judicial y la «mafia judicial» del PP, ironizando sobre cómo se condena al fiscal general sin pruebas sólidas, pero a su vez se archivan o se toman decisiones favorables en otros casos de interés político. «Sobre el calendario, cuanto mayor se hace uno, menos cree en las coincidencias », ha apuntado. Además ha criticado el modo en que se redactan y filtran algunos autos y sumarios judiciales, llegando a compararlos en sus declaraciones con libros de ficción. De igual forma, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha hablado de una estrategia para «derribar» al Ejecutivo de Sánchez que se sustenta en las causas judiciales que salpican al PSOE y al hermano y mujer del presidente. «En el entorno de estas investigaciones hay intereses claros que se están traduciendo en informaciones privilegiadas y determinadas acciones para derribar al Gobierno », dijo. Puente ha puesto de manifiesto, además, una coincidencia de calendarios judiciales y el uso del sistema para entorpecer al Ejecutivo. En la misma línea, el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, de cuya campaña a las autonómicas catalanas también ha pedido información el juez Pedraz, ha remarcado: « Ser socialista no es ser ingenuo. Respetamos y pedimos respeto a la Justicia, pero sé distinguir una casualidad de lo que no es una casualidad». Este mismo martes, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha obviado aludir a ese «derribo del Ejecutivo por métodos no democráticos» al que se han referido algunos de sus compañeros y ha dicho que es «perfectamente compatible manifestar el respeto a la Justicia» con criticar «casualidades temporales».