Sánchez y Feijóo tendrán un 'cara a cara' el 16 de noviembre y se enzarzan por el debate a cuatro

No hay campaña sin debates y no hay debates sin polémica. El calendario en este momento se ha clarificado mirando al esperado cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El PSOE ha confirmado que no tiene inconveniente en que se celebre ... el lunes 16 de noviembre en un medio de comunicación privado. El PP había propuesto que fuera en esa fecha en Mediaset. El forcejeo entre los dos grandes partidos, sin embargo, se centra en el debate televisivo a cuatro (además de Sánchez y Feijóo participarían Frente Amplio y Vox) previsto para el jueves 26 de noviembre , apenas tres días antes de la votación. El PSOE ha confirmado que acepta la invitación de RTVE para que acoja esta cita televisiva. Pero el PP, que puso encima de la mesa que tuviera lugar en Atresmedia , se niega a ir a la televisión pública. Fuentes de Génova desechan la propuesta de forma airada: «No habrá debate a cuatro en RTVE y no entendemos el intento de boicot del PSOE a Atresmedia. El debate será en la cadena en la que hace tres años sí le valía debatir a Pedro Sánchez».Fuentes socialistas aseguran que, tras analizar todas las propuestas recibidas, consideran que «al menos deben existir dos encuentros entre los cabezas de lista y que se debe seguir el precedente establecido en las pasadas elecciones de julio de 2023». Entonces se celebró un cara a cara organizado por un grupo privado -fue Atresmedia- al inicio de la campaña y un debate con los cuatro candidatos principales organizado por la televisión pública. «Siendo indispensable que ambos encuentros se produzcan», sentencian.Ante la disconformidad que Ferraz ya preveía, los socialistas anticiparon que «no elegirán ni vetarán a ningún grupo mediático» y que, en su lugar, «piden a todos los grupos que encuentren un acuerdo entre ellos y que emitan la señal en abierto para todas las cadenas, como ya se ha comprometido a hacer TVE».En la misma línea, el PSOE señala que «no van a vetar a ninguna cadena privada» y que, «de igual forma, no van a consentir, bajo ningún concepto, el veto a la televisión pública». «La misión de servicio público que la Constitución y las leyes encomiendan a Radio Televisión Española tiene en los debates electorales una de sus expresiones más esenciales y garantistas», señalan fuentes del PSOE. El problema es que el PP está en una guerra abierta con la televisión pública desde hace mucho tiempo. Consideran que la «colonización» por parte del Gobierno es total y han dejado de acudir a todos los programas, con la única excepción de Radio Nacional. En la propuesta inicial del PP el único debate que aceptaban en RTVE era el de portavoces parlamentarios, que sería el día 21 de noviembre, y al que sí asistirá la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz.En Ferraz, por su parte, reivindican su «compromiso» con los debates y recuerdan que en 2023 ya acudieron a los dos debates planteados en campaña: tanto en el 'cara a cara' organizado por Antena 3 (Atresmedia) como al formato a cuatro celebrado en los estudios de RTVE. El patrón que ahora piden repetir. Por el contrario, critican que Feijóo «prefirió ausentarse» y «plantó a la radiotelevisión pública en el debate a cuatro, hurtando a los españoles la posibilidad de contrastar su programa con el resto de fuerzas políticas». Debates obligatoriosEn el plan para la regeneración política que surgió tras los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez, el Gobierno se comprometió a hacer obligatorios los debates electorales. El Consejo de Ministros avanzó en esta línea a través de un anteproyecto de ley que preveía una reforma de la ley electoral para que a estos debates estuvieran «obligados a concurrir las fuerzas políticas que compiten en esos comicios, salvo causa justificada que sea aceptada por la Junta Electoral competente». En la reforma se fija también que en los debates electorales participen todos los candidatos de las formaciones políticas que lograron representación en las anteriores elecciones y a la vez abre la posibilidad de que intervengan representantes de los que la Junta Electoral Central denomina «grupos políticos significativos».