La primera ministra de Dinamarca sacude la campaña electoral con un impuesto a los más ricos

En los primeros días de la campaña para las elecciones generales en Dinamarca, que se celebrarán el 24 de marzo, no se está hablando ni del aumento en el gasto en defensa, ni de la tensa relación entre el país escandinavo y EEUU. Tampoco sobre inmigración, ni del incremento del coste de vida. La líder de los socialdemócratas, Mette Frederiksen, quiere revalidar su puesto de primera ministra situando como tema central de la votación la reintroducción del impuesto sobre la fortuna de los más ricos, con el objetivo de reducir la desigualdad. Frederiksen tenía hasta finales de octubre de este año para convocar los comicios, pero aprovechando su subida de popularidad en las encuestas a raíz de la crisis con Groenlandia, decidió por sorpresa adelantar las elecciones para finales de marzo. Durante la legislatura, la líder socialdemócrata ha sido acusada de llevar a cabo unas políticas demasiado de derechas al frente de un gobierno de coalición con el partido liberal y los moderados. Las encuestas muestran que ahora es la izquierda verde la que amenaza la victoria de su partido: el Partido Popular Socialista está en alza después de arrebatar la alcaldía de Copenhague a los socialdemócratas en las elecciones locales de noviembre. Frente al auge de las formaciones de izquierda que muestran los sondeos, Frederiksen ha dado un golpe de efecto en la campaña al anunciar que si su partido gana pretende imponer un impuesto del 5% a las fortunas superiores a 25 millones de coronas danesas (2,3 millones de euros). Esta propuesta no genera consenso ni entre sus actuales socios de coalición ni entre los partidos del bloque conservador, y además ha hecho enfadar de forma pública y muy elocuente al empresariado danés, con varios de los empresarios más ricos amenazando con trasladarse a vivir fuera del país. Impuesto para financiar la reforma escolar Desde la tribuna del parlamento, Frederiksen justificó la necesidad de volver a reintroducir este impuesto, que ya fue abolido en el país nórdico en 1997, argumentando que “cuando el 1% más rico de la población posee aproximadamente una cuarta parte de la riqueza total de los daneses, la situación se ha vuelto demasiado desigual”. La líder socialista hacía referencia en este discurso a un informe publicado por el think tank progresista Consejo Empresarial del Movimiento Obrero (AE, por las siglas en danés), que señala que la fortuna del 1% de los daneses más ricos ha aumentado un 31% entre los años 2020 y 2024 mientras que la media de la riqueza del resto de la población solamente aumentó un 3,3%. El informe del AE también indica que de media el 1% de los daneses más ricos tiene un patrimonio de 58 millones de coronas (7,7 millones de euros), en comparación al patrimonio medio de los daneses, que es de 930.000 coronas (124.000 euros). En una entrevista para el periódico económico Børsen, Frederiksen ha detallado que el nuevo impuesto afectaría a 22.000 personas, que pagarían un promedio de 300.000 coronas al año (40.000 euros), mientras que el Estado recaudaría unos 6.000 millones de coronas (803 millones de euros). Los socialdemócratas han dicho que estos ingresos irán destinados a financiar la reforma en las escuelas, su otra propuesta estrella para ganar las elecciones. La primera ministra ha prometido reducir el número de alumnos a 14 estudiantes por clase en los primeros años de la educación primaria en los centros públicos, una medida que ha sido tildada de muy ambiciosa por los expertos, ya que implica un aumento significativo del presupuesto estatal en educación. Miedo a la huida de las grandes fortunas Como era de esperar para los socialdemócratas, el regreso del impuesto sobre las fortunas en Dinamarca ha hecho enfadar a los grandes empresarios, que se han manifestado con inusuales declaraciones en los medios de comunicación. Por otro lado, según una encuesta realizada en febrero por Oxfam Dinamarca, casi la mitad de los votantes ven el impuesto como una buena solución para atajar la desigualdad. Una de las figuras que se ha mostrado públicamente más contraria al impuesto a los ricos es el director general de la empresa Vestas, líder mundial en la construcción de aerogeneradores, que representa un auténtico motor económico para el país nórdico. En una entrevista para el periódico Berlingske, el directivo Henrik Andersen amenazó con marcharse del país e incluso deslocalizar parte de su empresa: “Si se hace realidad, dedicaré parte de mi tiempo en averiguar dónde voy a vivir, no lo puedo decir más claramente”. También ha entrado de lleno en la campaña Robert Maersk Uggla, director general y miembro de la familia empresarial más poderosa en Dinamarca, propietaria de A.P. Moller‑Maersk, una de las mayores navieras del mundo. Uggla señaló que el impuesto "sería perjudicial para Dinamarca” y, entre otras razones, aseguró que su empresa tendría aún más dificultades para reclutar y retener a sus altos directivos, dado que Dinamarca ya tiene una de las cargas fiscales más altas entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con unos impuestos equivalentes al 45,2% respecto al PIB, según la organización. Uno de los ejemplos que más han citado alarmados estos días los empresarios es el caso de Noruega, donde el impuesto sobre el patrimonio también fue uno de los temas decisivos que hizo renovar el poder al partido Laborista. Allí, en 2022, el Gobierno aprobó un aumento del impuesto al 1% a partir de los 145.000 euros y del 1,1% por encima de los 1,76 millones de euros. Este incremento provocó que el hombre más rico de Noruega, el magnate industrial Kjell Inge Røkke, anunciara por sorpresa que se trasladaba a vivir a la ciudad suiza de Lugano para evitar pagar el incremento. Desde entonces, los noruegos han visto un torrente de grandes fortunas salir del país para establecerse mayoritariamente en Suiza. Según la lista que formula cada año la revista Kapital, 105 de las 400 mayores fortunas se han trasladado a vivir en el extranjero entre 2022 y 2024, lo que desde los partidos de la izquierda se ha considerado como una auténtica “vergüenza”. Para remediarlo, la salida de Noruega también se ha vuelto costosa para los grandes patrimonios, ya que actualmente se aplica un impuesto del 37,8% sobre las ganancias de capital superiores a tres millones de coronas noruegas (253.000 euros).