La UCO cifra en más de 300.000 euros los beneficios de Cerdán y su familia a través de la trama entre 2015 y 2024

Las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vuelven a poner el foco en el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. El instituto armado ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga la red corrupta que presuntamente anidó en el Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos, un informe de 162 páginas en el que se analiza de manera exhaustiva la evolución del patrimonio del exdirigente socialista en los últimos 10 años para concluir que este dispuso de “fuentes de ingresos” no declaradas y que él y su entorno familiar pudieron embolsarse por diferentes vías 323.000 euros de la trama. En el epicentro de la investigación sobre Cerdán está el supuesto amaño de 11 contratos de obra pública del Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos al frente del departamento. Se trata de cinco licitaciones millonarias del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y seis de la Dirección General de Carreteras adjudicadas entre 2018 y 2021. En un informe anterior, la UCO apuntó que el exdirigente socialista presuntamente actuó como “enlace” entre las empresas constructoras y Transportes para lograr comisiones ilegales del 2% por las adjudicaciones. La Guardia Civil situaba ya entonces a Cerdán como la persona que se encargaba presuntamente de gestionar los cobros, parte de los cuales terminaban redundando en beneficios para Ábalos y el que fuera su asesor en el ministerio, Koldo García, ambos recientemente condenados a altas penas de cárcel por el Tribunal Supremo. En el reciente documento policial, de nuevo aflora como pieza clave de la trama la empresa navarra Servinabar, propiedad del empresario guipuzcoano Joseba Antxon Alonso, amigo del propio Cerdán, y en la que presuntamente el exdirigente socialista tiene el 45% de las participaciones según un documento localizado en un registro. El ex número tres socialista ha negado de manera reiterada cualquier relación societaria con Servinabar, pero el informe de la UCO incide de nuevo en los vínculos entre él y la mercantil. Entre ellos, por ejemplo, las gestiones que Alonso hizo a través de esta mercantil para comprar un piso en Madrid por cerca de un millón de euros para que fuera usado por Cerdán y su mujer. La adquisición finalmente se frustró por discrepancias con los propietarios, según detalla la UCO. Esta misma empresa y otras mercantiles relacionadas con ella son, de hecho, el origen de los 323.178,41 euros que los investigadores consideran que Cerdán y su entorno familiar recibieron de la trama entre 2015 y 2024. La UCO incluye aquí desde alquileres de viviendas, al renting de vehículos y la compra de mobiliario hasta sueldos para su esposa, hermana y cuñado, y pagos de gastos personales hechos a través de tarjetas de crédito de la empresa. Entre ellos estarían, por ejemplo, los 1.300 euros mensuales que Francisca Muñoz, esposa de Cerdán, cobró durante meses de una mercantil de Armilla (Granada) para la que no llegó a trabajar nunca, o el abono de una multa por una infracción de tráfico cometida supuestamente por el exdirigente socialista. Los agentes también ponen el foco en los estrechos vínculos económicos de Servinabar con Acciona, una de las empresas que se hizo con varias de las adjudicaciones del Ministerio de Transportes bajo sospecha. Varios directivos de esta compañía están imputados desde hace tiempo, entre ellos el exdirector de Construcción, Justo Vicente Pelegrini. El documento policial señala que la sociedad presuntamente participada por Cerdán obtuvo unos ingresos entre 2015 y 2025 de 8,65 millones de euros y que de esta cantidad, 7,5 millones (el 87,04%) tuvieron su origen precisamente en Acciona o en proyectos vinculados a la constructora. El informe de la Guardia Civil añade que este porcentaje fue incluso mayor en la etapa de Ábalos al frente del ministerio, de manera que los ingresos de Servinabar procedentes de esta compañía supusieron el 95,72% en 2019 y el 99,81%, prácticamente la totalidad, al año siguiente. El informe, al que la UCO ha dedicado más de un año, analiza de los movimientos de las cuentas bancarias de Cerdán desde 2014, cuando era diputado en el Parlamento de Navarra y no tenía funciones en el PSOE a nivel nacional, hasta junio del año pasado, cuando ingresó en prisión provisional por orden del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. En este sentido, el documento policial destaca lo que los investigadores consideran que en este periodo existió un sospechoso cambio de la operativa bancaria de Cerdán que se produce tras llegar a Madrid a asumir responsabilidades en Ferraz. Así, la UCO destaca que entre 2014 y 2018, cuando su carrera política se desarrollaba principalmente en Navarra, el exdirigente socialista retiraba habitualmente más de 10.000 euros anuales de sus cuentas. Sin embargo, a partir de 2019 prácticamente dejó de extraer dinero en metálico, aunque el gasto con tarjetas se mantuvo en cifras similares a las de años anteriores. Los investigadores señalan que este dato apunta a la existencia de “una fuente de financiación alternativa” que evitaba que tuviera que retirar efectivo y que coincide, de nuevo, con la “etapa ministerial” de Ábalos. A ello, los agentes añaden 18.261,56 euros de origen aparentemente desconocido que supuestamente Cerdán ingresó en sus cuentas en metálico entre 2014 y 2017, cuando aún desarrollaba su actividad política en Navarra. Los agentes también llaman la atención sobre las liquidaciones de gastos que el ex número tres del PSOE presentó a su propio partido como dirigente y al Congreso en su condición de diputado. El informe compara losque Cerdán cargó en sus cuentas y tarjetas con las cantidades reflejadas en estas liquidaciones para destacar la sustancial diferencia que había entre unas y otras. Sobre todo en 2020, cuando presentó gastos cuatro veces más elevados de los que reflejaron aquel año sus depósitos bancarios. Los agentes, que se muestran muy cautos al interpretar estos datos ―dicen estar aplicando “un criterio de prudencia”―, plantean dos posibles explicaciones a estas discrepancias tan acusadas: que el exdirigente socialista hubiera reclamado gastos que en realidad no había hecho o que hubiera pagado inicialmente con dinero de procedencia desconocida. El juez Moreno investiga en una pieza secreta dentro de esta misma causa los reembolsos de dinero en efectivo que el PSOE entrega a sus cargos y trabajadores cuando estos anticipan gastos cotidianos de comidas, alojamiento, transportes, gasolina o peajes. Una de las hipótesis de la UCO es que Cerdán, pero también Ábalos y exasesor de este, Koldo García, pudieran haber blanqueado dinero de las mordidas usando las liquidaciones de gastos después de que en las conversaciones intervenidas a este último con su expareja hablaran de ir a la sede socialista a recoger “sobres” con “chistorras”, “soles” y “lechugas”, en referencia supuestamente a billetes de 500, 200 y 100 euros. Con este informe, la UCO no da por concluida la investigación sobre el patrimonio de Cerdán. De hecho, en el mismo documento, los investigadores piden al juez Moreno que les autorice a recabar de cinco entidades bancarias datos sobre los productos financieros abiertos en las mismas a nombre de cuatro familiares directos del exdirigente socialista. En concreto, los investigadores quieren acceder a la información bancaria de su esposa, Francisca Muñoz; de su hija, Alba Cerdán; de su hermana, María Belén Cerdán, y de su cuñado, Antonio Muñoz. Los agentes consideran que todos ellos podrían haberse “beneficiado” de fondos provenientes de Servinabar.