Sánchez pide unidad para la reconstrucción tras los incendios y carga contra el “negacionismo climático”

La crudeza de los incendios forestales que asolan Madrid, Ávila, Toledo y Castellón, que han disparado la superficie quemada por encima de las 170.000 hectáreas y obligado a evacuar o confinar a casi 100.000 personas, ha condicionado el tradicional balance del curso político de Pedro Sánchez. Las últimas catástrofes naturales le han permitido al presidente del Gobierno redoblar la presión sobre Alberto Núñez Feijóo, aunque sin comprometerse a citarle a una reunión —la última fue en marzo de 2025— para que el líder de la oposición se comprometa a suscribir un Pacto de Estado contra la emergencia climática. “El Gobierno siempre está abierto a debatir con la oposición, ojalá fuera una oposición constructiva y no destructiva. Si tienen a bien materializar y unirse a este Pacto de Estado, tienen las puertas abiertas”, ha contestado a la pregunta concreta de si llamará a Feijóo. “Todas las administraciones debemos estar unidas contra el fuego; la emergencia climática se está agravando año tras año. Por eso hago una petición expresa, un único reclamo a todos los actores políticos: con más argumentos que nunca hago una propuesta que particularmente este año queda constancia de que es imperativa. El negacionismo es el peor combustible ante la emergencia climática y nos hace más vulnerables”, ha insistido Sánchez en su invitación en su última comparecencia en La Moncloa antes del parón del verano, al mismo tiempo que incidía en una de las señas de identidad de Vox. El partido de Santiago Abascal, que acaba la temporada cogobernando con el PP en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, niega la responsabilidad humana en la subida de las temperaturas y tilda de “fanáticos climáticos” a quienes alertan de que no es casualidad que cada vez sean más habituales las olas de calor y los incendios de sexta generación. El presidente ya propuso sin éxito un acuerdo durante la oleada de fuegos de agosto del año pasado. Entonces, varias comunidades del PP, las responsables de la prevención y extinción de incendios, llegaron a responsabilizar en una bronca política inédita al Ejecutivo central de la falta de medios. Ni Galicia, Castilla y León y Extremadura llegaron a pedir la emergencia nacional, es decir, a delegar la gestión de la crisis, como Isabel Díaz Ayuso hizo la semana pasada por primera vez en la historia con los incendios de Madrid. Los desastres naturales causados por la voracidad de unos incendios de récord —el de Burgohondo (Ávila) ya es el peor desde que hay registros con más de 50.000 arrasadas y el de La Mierla (Guadalajara) es el cuarto con más de 33.000— le han brindado a Sánchez la oportunidad de hacer un nuevo llamamiento para conformar un pacto de Estado en contraposición al “negacionismo climático de la derecha”. “No tengo ningún problema en hablar con las fuerzas políticas, o en una conferencia de presidentes, pero hay algunas cuestiones que me invitan a ser un poco precavido por los acuerdos de gobierno del PP con Vox. Lo que hay no es una voluntad firme de luchar contra la emergencia climática, sino de negarla”, ha recalcado después de insistir en que ahora mismo “no hay otro acuerdo más necesario para el país”. Aun sin negar el calentamiento global, dirigentes del PP han realizado declaraciones ambiguas al respecto. “Que el clima cambia es algo que ha ocurrido durante la historia de la humanidad”, afirmó la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, este lunes en una entrevista en Esradio. La lucha contra los incendios ha acaparado la comparecencia, de hora y media de duración. Sánchez ha dedicado los primeros 20 minutos a reivindicar la respuesta del Gobierno mientras se preguntaba “qué más tiene que pasar para que todos nos pongamos en un acuerdo de país”. “El negacionismo desarma, no es aceptable que haya recortes en políticas de prevención y no haya coordinación de administraciones en este objetivo común. Me causa muchísima pena ver a líderes políticos convertirse en portavoces de bulos y de desinformación, porque la ley de montes no impide lo que dicen que dice. Los planes de limpieza y de desbroce son titularidad de las comunidades autónomas”, ha sentenciado en una andanada implícita contra Díaz Ayuso. La declaración de la emergencia nacional solicitada por Madrid le ha servido además para persistir en su objetivo de distinguir la reacción y experiencia en la sucesión de crisis, muchas veces simultáneas, que ha afrontado su Gobierno, desde la pandemia a las consecuencias de las guerras de Ucrania e Irán. “La pregunta es cómo habrían respondido otros a estas crisis. A la vista de lo que hicieron cuando gobernaron, la respuesta es clara. Son los mismos que gobiernan con la ultraderecha y acuerdan el frenazo de las energías renovables en Extremadura, Castilla y León o Aragón”, ha apostillado. El Gobierno ha declarado en el Consejo de Ministros 211 zonas afectadas por emergencias de protección civil, la mayoría por incendios, en 14 comunidades autónomas. También ha aprobado una prestación extraordinaria para los trabajadores afectados por los fuegos, que ascenderá al 70% de la base reguladora y se podrá cobrar hasta un máximo de cuatro meses. El frente judicial, al que el presidente no hizo ninguna alusión en su exposición inicial de 60 minutos, es el gran talón de Aquiles del Gobierno. La semana pasada, José Luis Rodríguez Zapatero negó en una entrevista en RTVE su participación en el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra. Sánchez ha defendido que la operación “ha sido examinada por activa, pasiva y perifrástica” y “es de una legalidad absolutamente intachable”. En cuanto al origen de las joyas tasadas en 1,3 millones de euros que Zapatero guardaba en una caja fuerte en su despacho, una incógnita que sigue sin aclarar, Sánchez ha replicado que no es el “portavoz” del referente socialista, aunque le mantiene su apoyo y ha apelado a la “presunción de inocencia” del antiguo líder de los socialistas. En otro tono ha abordado los casos judiciales que afectan a su esposa y a su hermano. Respecto al de David Sánchez, recientemente condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación, ha defendido su amplio currículum: “Es una persona que se ha dedicado a trabajar toda su vida (...) No es solo mi hermano, tiene todo el derecho a recurrir esta sentencia que considera injusta y esperamos que otras instancias le den la razón”. Sobre su esposa, Begoña Gómez, imputada por tráfico de influencias y malversación, el presidente ha remarcado que su mujer renunció a su empresa cuando él llegó a La Moncloa para evitar cualquier conflicto de interés: “Era una profesional antes de que yo la conociera”, ha zanjado. “No es mi mujer, es Begoña Gómez. Con este tipo de estrategias lo que se hace es deshumanizar a personas”, ha insistido. “¿La pareja de un presidente del Gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional? ¿Esa es la España que queremos?“, se ha preguntado. ”Luego que la deriva judicial acabe donde tenga que acabar, ha añadido, antes de concluir que sus familiares sufren “una causa política”. “Es evidente que hay una intencionalidad por parte de las acusaciones populares y de los partidos políticos de Vox y del PP, que se presentan como acusaciones populares”, ha abundado. Ya en clave de balance de fin de curso, Sánchez ha sacado pecho por la buena marcha de la economía, y ha presumido de que, pese a la policrisis energética, comercial y geopolítica, España es el país que más crece dentro de la eurozona. “Cinco veces más que Italia, cuatro que Alemania y tres que Francia”, ha comparado. En lo que respecta a lo puramente político, algo menos boyante, el presidente ha recordado también que han logrado la aprobación en el último semestre de “26 normas con rango de ley”, en un difícil contexto parlamentario. Y en una legislatura en la que el Gobierno no ha podido sacar adelante unos Presupuestos: “Nuestra intención es presentar los presupuestos y aprobarlos”, ha remachado. Sobre la convocatoria de las elecciones generales si las cuentas públicas son tumbadas, ha evitado concretar una fecha. Numerosos alcaldes y otros candidatos del PSOE dan por sentado que serían en febrero o marzo, antes de las municipales y autonómicas de mayo. En esta línea, el líder del Ejecutivo ha subrayado, por ejemplo, la buena marcha del empleo, la ejecución de los fondos europeos, una inversión “récord” en I+D o el competitivo precio de la electricidad en España, gracias a un mix energético marcado por las renovables. Sánchez ha afirmado haber tomado “decisiones valientes que han molestado a unos pocos”. En ese sentido, ha recordado la última medida de reducción de impuestos a los combustibles tras estallar el conflicto en Oriente Medio: “La pregunta es: ¿cómo habrían respondido otros ante estas crisis?“, ha zanjado. Sánchez también ha llegado a la comparecencia con la buena noticia de la tasa de paro del 9,87%, la más baja desde 2008. El número de personas trabajando en España marca un nuevo récord y roza los 22,8 millones. El presidente ha resaltado además el proceso de “desconcentración” de organismos estatales y ha anunciado que la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública estará en Zaragoza. Sobre la vivienda, una de las cuestiones más peliagudas —y uno de los mayores focos de preocupación de la población, según las encuestas—, Sánchez ha insistido en que “queda muchísimo por hacer”, pero que se empiezan a observar los efectos que tiene la ley de vivienda en aquellas autonomías, como Cataluña y Euskadi, donde se aplican los límites a los precios del alquiler en las denominadas “zonas tensionadas”. “Dejen a un lado el sectarismo”, ha advertido el presidente a las comunidades que, dentro de sus competencias, se niegan a aplicar la normativa. En este sentido, Sánchez ha afirmado que, en el primer trimestre de este año, se han alcanzado niveles de construcción de vivienda pública no vistos en 18 años. El Gobierno tenía previsto aprobar este martes un real decreto ley de vivienda que se ha visto forzado a posponer, ya que aún no tenía cerrados los apoyos de Junts y Podemos.