EEUU blinda a la Selección española ante las amenazas de embargo por las renovables

La Selección española suma una importante victoria en el Mundial, aunque esta vez fuera del campo. La Corte de EEUU para el Distrito de Columbia ha estimado la petición de España y ha ordenado modificar las citaciones judiciales (conocidas como subpoenas) con las que acreedores como el fondo Blasket buscaban obtener información financiera de los proveedores del equipo nacional en el torneo. La resolución, firmada por el juez John Bates y con fecha del lunes 22 de junio, supone un alivio fundamental para España en uno de los frentes más incómodos de la larga disputa que mantiene con los inversores afectados por el recorte a las subvenciones de las energías renovables. Blasket había puesto el foco en el Mundial, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, para redoblar la presión sobre España en busca del cobro de varios laudos cuyos derechos había adquirido en los últimos años. Proveedores de la Selección como Adidas y la cadena hotelera Hilton habían recibido requerimientos judiciales para informar acerca de cualquier pago o relación comercial ligada a la participación de España en el torneo. Pese a que el propio juez Bates reconoció en noviembre de 2025 el laudo ganado por Infrared y condenó a España a pagar más de 47 millones de dólares, ahora ha dado la razón a España en este punto concreto. En la resolución, el juez concluye que Blasket no ha aportado evidencia suficiente de que España ejerza un control tan extenso sobre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y su Selección como para considerarlas un alter ego del Estado, como planteaba el fondo. El hecho de que los estatutos federativos requieran aprobación estatal en determinados supuestos, que la federación reciba subvenciones públicas o que esté sujeta a normas de derecho público no es suficiente para borrar la distinción jurídica entre la Federación y el Estado, según el tribunal. La RFEF, recuerda el juez, está gobernada por un presidente y una asamblea elegidos por sus miembros, y administra su propio presupuesto con autonomía. De esta forma, el juez frena las pretensiones de Blasket, que quería recabar información sobre la prestación de diferentes servicios que necesitará la selección, desde el uso de instalaciones y el suministro de material hasta servicios de hostelería y logística, para identificar flujos económicos susceptibles de embargo. Por lo tanto, ordena a Blasket que "elimine a la RFEF y a la Selección española de su definición de «España», elimine al Banco de España de su definición de «España» y modifique las citaciones, según sea necesario, para que se ajusten a las órdenes previas del tribunal en este caso". Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) subrayan que "el juez Bates considera que España ha demostrado que los documentos que Blasket exige a terceros proveedores del Mundial de Fútbol son, en gran medida, irrelevantes para identificar los bienes embargables de España, al considerar a la RFEF y a la selección nacional como entidades independientes que no pueden considerarse como alter ego del Reino de España". Así, España tiene legitimación para reclamar la anulación de las citaciones alegando que suponen un acoso para la Selección y la RFEF, al recabar información privada sobre sus finanzas que no guarda relación con el Estado para ejecutar sentencias de reconocimiento de laudos. El alivio para España es, no obstante, parcial. Bates ha aplazado su decisión sobre las citaciones dirigidas a los bancos que prestan servicios financieros a España y sus organismos, pendiente de resolución en un procedimiento paralelo vinculado al caso Watkins. Es otra de las vías activadas por Blasket, que trata de rastrear activos, pagos y transferencias ligadas al Estado español a través de organismos como la Reserva Federal y The Clearing House. "Aunque esta no es la decisión que esperaban los acreedores, las órdenes dictadas confirman que, hasta que España satisfaga las sentencias emitidas por los tribunales estadounidenses, los acreedores mantienen el derecho a solicitar información amplia sobre los activos y pagos de España en todo el mundo", afirma Matthew McGill, socio del bufete King and Spalding, que lidera la estrategia de estos acreedores en los procedimientos abiertos en Estados Unidos. Blasket ha sido asesorado en el procedimiento judicial por King and Spalding y Gibson Dunn, mientras que España ha contado con los servicios de Sidley Austin. McGill asegura que "las limitaciones puntuales impuestas por los tribunales a estas labores de obtención de información no protegen a España frente a futuras acciones de ejecución y, además, podrán ser revisadas si España persiste en su negativa a cumplir con sus obligaciones internacionales". La decisión judicial da aire al Estado español, pese a que cuenta con una elevada factura renovable que sigue aumentando a medida que se resuelven nuevos procedimientos de arbitraje derivados de esta controversia. Aunque la Abogacía del Estado ha logrado reducir en buena medida el importe de las indemnizaciones que reclamaban originalmente los inversores afectados, la suma de las 28 resoluciones adversas que ha recibido España ya asciende a más de 2.300 millones de euros, si se suman los intereses y condenas en costas.