El propietario tendrá que indemnizar al inquilino cuando no le renueve el alquiler si el segundo decreto prospera

El segundo decreto de vivienda, que incluye una extensión indefinida de todos los contratos de alquiler y que el Gobierno prevé publicar este jueves en el BOE, obligará al casero a indemnizar con al menos 12 mensualidades de renta al inquilino si decide cortar la relación. El texto, al que ha tenido acceso este diario y que tendrá que votarse en el Congreso para ser firme, incorpora el nuevo régimen de renovación automática de los arrendamientos y permite al propietario romper con el contrato al vencimiento de cada plazo, de cinco o siete años en función de si es una persona física o jurídica. Sin embargo, el texto establece una compensación económica, equivalente a una renta anual, si el arrendador no alega alguna de las causas justificadas recogidas en el decreto. Todo parte de la modificación del artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). El cambio establece que, una vez cumplido el periodo mínimo obligatorio ―cinco años cuando el arrendador es un particular y dos más cuando es una empresa―, el contrato se prorrogará de manera indefinida por periodos sucesivos de la misma duración si ninguna de las partes transmite su voluntad de no renovarlo. En caso de querer finalizar el contrato, el propietario deberá comunicarlo con al menos seis meses de antelación, frente a los dos meses del inquilino. Si el arrendador decide no renovar, no tendrá que alegar ningún motivo concreto para hacerlo siempre que abone la indemnización. La compensación será de al menos 12 mensualidades de la renta correspondiente a una vivienda de características análogas, calculada conforme al sistema estatal de referencia de precios de alquiler, y no podrá ser inferior a una mensualidad por cada año que el inquilino haya permanecido en la vivienda. La norma tiene que validarse en las Cortes y todavía no tiene garantizados los apoyos necesarios en la votación que tendrá lugar el viernes. Y contempla determinados supuestos en los que el propietario podrá evitar el pago de esta contrapartida. Entre ellos figuran la necesidad de la vivienda para el propio arrendador, su cónyuge o familiares de hasta segundo grado; que el inquilino no habite efectivamente la casa durante más de seis meses al año sin causa justificada; que disponga de otra residencia apta en el mismo municipio; o que se formalice un nuevo contrato de cinco o siete años a precio regulado. También se prevé la situación de vulnerabilidad acreditada del arrendador. Estas causas deberán quedar justificadas en la comunicación de no renovación. Con todo, el decreto establece un régimen transitorio para aplicar las nuevas reglas de forma progresiva. Si el casero ya había comunicado correctamente al inquilino su intención de no renovar el contrato antes de la entrada en vigor de la norma, podrá hacerlo sin pagar la indemnización. Además, si el contrato vence dentro de los seis meses posteriores a la convalidación de la ley, el propietario podrá comunicar, sin tener que abonar la compensación, la no renovación con un preaviso de cuatro meses. El nuevo régimen se aplicará a partir de entonces, con el objetivo de evitar una fuga masiva de viviendas del mercado del alquiler. El Gobierno ha pospuesto un día la publicación en el Boletín Oficial del Estado del decreto que incorpora esta prórroga indefinida, uno de los puntos más calientes de la negociación y una de las principales exigencias que el Sindicato de Inquilinas reclama desde la acampada de la Puerta del Sol en Madrid. El Ejecutivo, no obstante, explica que la decisión se debe únicamente a motivos técnicos y jurídicos, ya que el texto está ya redactado. El Consejo de Ministros de este martes se retrasó más de una hora y forzó una negociación contra reloj para que el paquete de vivienda incluyera, de alguna manera, la extensión indefinida de los contratos. El Gobierno, escudándose en que no había tenido tiempo de negociar un punto tan ambicioso con los socios de la investidura de los que depende la posterior convalidación ―en referencia a Junts y PNV―, decidió trocear el decreto en dos e incluir esta extensión automática en una segunda orden. La razón del retraso de la publicación es eminentemente jurídica. Ambos textos están conectados y la segunda norma modifica un artículo de la primera. El primer decreto establece una renovación de los contratos de alquiler de hasta dos años que puede solicitar el inquilino y a la que el casero está obligado ―con algunas excepciones―, mientras que el segundo introduce la prórroga automática. Por ello, insisten en el Gobierno, no tendría sentido que la segunda norma modificase una disposición que todavía no ha entrado en vigor al no haberse publicado previamente en el BOE. La idea del Gobierno es que el Congreso vote por separado la convalidación de los dos textos el viernes, en un pleno extraordinario, aprovechando además el creciente respaldo de la calle a las protestas para presionar a los socios más escépticos. El martes, tras conocer la fórmula ideada por la coalición, Valeria Racu y Alicia del Río, portavoces del Sindicato de Inquilinas de Madrid, cargaron contra la decisión de haber troceado los decretos, algo que, aseguran, abre la puerta a que el segundo sea rechazado. La diferencia entre una prórroga limitada a dos años y un sistema de renovación automática de los contratos ha concentrado buena parte de la discusión durante las negociaciones que se precipitaron tras el desahucio de Maricarmen a manos de Urbagestión. El Sindicato de Inquilinas, que capitanea las movilizaciones y mantiene la presión desde el centro de Madrid, reclama contratos indefinidos en los que el inquilino pueda continuar en la vivienda mientras cumpla con los pagos y no concurra una causa justificada y acreditada para poner fin al arrendamiento. Sumar y el resto de las formaciones de izquierdas incorporaron esa reivindicación en las negociaciones, mientras que el PSOE trató de hacer encaje de bolillos para no perder el apoyo de PNV y Junts, con otras prioridades en materia de vivienda. Si tiene dudas, sugerencias o simplemente quiere contarnos su caso, puede enviarnos un email a vivienda@elpais.es. Los datos que facilite serán tratados por EDICIONES EL PAÍS, S.L.U., (C/ Miguel Yuste, 40, 28037-Madrid), con la finalidad de gestionar sus dudas y/o testimonios y elaborar contenido informativo. 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