La Generalitat será copropietaria de viviendas y aportará una parte de la entrada

El Govern pondrá en marcha una fórmula innovadora para facilitar a mayores de 40 años que puedan adquirir una vivienda, basada en la propiedad temporal. Se trata de una figura que recoge el Código Civil catalán, en su artículo 547. Serán "compras conjuntas", donde la Generalitat aportará una parte de la entrada y el resto, el beneficiario de esta nueva ayuda. Así lo explicó el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la primera sesión del Debate de Política General, que estes martes ha arrancado en el Parlament. Según el también primer secretario del PSC, hay muchos catalanes que sí que tienen capacidad económica para adquirir una vivienda. Sin embargo, "no pueden hacer frente a la entrada". "La Generalitat se ofrece a comprarlo conjuntamente" y para poner en marcha esta nueva modalidad de adquisiciones, el Govern destinará en una primera fase 100 millones. La iniciativa se dirige a personas de más de 40 años, con ingresos estables y regulares y que tienen dificultades para adquirir una vivienda a precio de mercado. Las bases estaclecerán dos modalidades de ayuda, en función de la edad del beneficiario. Si tiene entre 40 y 55 años, deberá aportar el 50% del importe que costa el piso o casa y tendrá un derecho de uso durante 50 años. Los mayores de 56 años deberán abonar el 40% del precio y podrán residir en la vivienda 40 años. Cuando venza este periodo, el piso regresará al parque público para otra familia. Además, el beneficiario podrá vender el uso del piso por el tiempo que quede, sin tener que pedir permiso, y también puede transmitirlo a herederos. Si el propietario decide vender, el Govern tendrá la preferencia para recomprarlo y mantenerlo en el parque público. El propietario también podrá adquirir en cualquier momento la parte del piso que posseerá la Generaliat. En caso, el piso pasará a ser de titularidad privada, pero seguirá siendo para siempre una vivienda protegida. A esta medida, se sumará la puesta en marcha de un fondo para combatir situaciones de emergencia habitacional. Arrancará con una dotación de 25 millones y el objetivo del Govern es que en él se impliquen otras administraciones, entidades financieras y aseguradoras con la misión de "ayudar a personas amenazadas" con perder su hogar. Es un mecanismo que se aplicará una vez agotadas otras vías, como la mediación, el alquiler social y la mesa de emergencia. El objetivo es comprar la vivienda y gestionar su alquiler para que los afectados no lo tengan que dejar. La medida llega en pleno debate sobre el caso de Maricarmen, la vecina del barrio madrileño del Retiro que la semana pasada fue desahuciada después de que una sentencia judicial anulase la transmisión del contrato de renta antigua de alquiler que tenía. Illa lamentó que "por codicia" y por "el poder del dinero" se haya sacado "sin alma" de su casa a una mujer de 85 años. "Garantizar el derecho a la vivienda es mi primera prioridad", agregó. "Cataluña dice no a la especulación", señaló Illa, quien aseguró que en la comunidad, los pisos y las casas deben ser "para vivir" y no "para especular". También consideró que esta cuestión es una "misión de país".