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Expansión ·

La difícil descarbonización de la industria y el caso de ArcelorMittal

Resumen

"La industria genera cerca del 24% de las emisiones brutas de España", se asegura en el informe Descarbonización industrial: heterogeneidad sectorial, condicionantes e implicaciones de políticas públicas, elaborado por Fedea y Deloitte. Cuatro industrias básicas -minerales no metálicos, refino de petróleo, química y metalurgia- suponen el 74% de las emisiones de combustión y el 73% de las de proceso. El principal obstáculo para realizar la necesaria transición y cumplir las exigencias europeas y alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima español (PNIEC) -que exige recortar un 21% adicional las emisiones de combustión entre 2024 y 2030-, según el informe, está en la competitividad internacional: "La industria española vende sus productos en un mercado altamente globalizado, donde el 58% de las actividades industriales tiene una apertura comercial superior al 30%, lo que impide a las empresas subir precios para cubrir los costes de descarbonización sin correr el riesgo de perder clientes frente a competidores extranjeros". Esta fuerte exposición genera el riesgo de la fuga de carbono, cuando una empresa traslada su producción o sus inversiones fuera de la Unión Europea, a países con leyes ambientales menos estrictas.

"La industria genera cerca del 24% de las emisiones brutas de España", se asegura en el informe Descarbonización industrial: heterogeneidad sectorial, condicionantes e implicaciones de políticas públicas, elaborado por Fedea y Deloitte. Cuatro industrias básicas -minerales no metálicos, refino de petróleo, química y metalurgia- suponen el 74% de las emisiones de combustión y el 73% de las de proceso. El principal obstáculo para realizar la necesaria transición y cumplir las exigencias europeas y alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima español (PNIEC) -que exige recortar un 21% adicional las emisiones de combustión entre 2024 y 2030-, según el informe, está en la competitividad internacional: "La industria española vende sus productos en un mercado altamente globalizado, donde el 58% de las actividades industriales tiene una apertura comercial superior al 30%, lo que impide a las empresas subir precios para cubrir los costes de descarbonización sin correr el riesgo de perder clientes frente a competidores extranjeros". Esta fuerte exposición genera el riesgo de la fuga de carbono, cuando una empresa traslada su producción o sus inversiones fuera de la Unión Europea, a países con leyes ambientales menos estrictas. Un riesgo que afecta al 90% de las grandes industrias españolas y al 60% de las pequeñas y medianas, que también venden en el exterior. Además, el mercado europeo de derechos de emisión (EU ETS) "no basta para movilizar las millonarias inversiones iniciales que requieren las nuevas tecnologías", pese a haber conseguido que contaminar tenga un coste explícito, impulsando una reducción del 40% en las emisiones del sector desde 2005. A ello se une la llegada del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), con la eliminación gradual de los permisos gratuitos de emisión entre 2030 y 2038. Fedea y Deloitte reconocen que el sector industrial ha realizado avances significativos al reducir un 32% la intensidad de sus emisiones por unidad de valor añadido entre 2019 y 2024. Si miramos lo que ha logrado, por ejemplo, una de las grandes empresas de uno de los sectores más difíciles de descarbonizar, como es ArcelorMittal España, ya ha logrado reducir un 47,7% sus emisiones absolutas de Alcances 1 y 2 -directas e indirectas- respecto a sus niveles de 2018, según su Informe de Sostenibilidad 2025 (ver información adjunta). El estudio diferencia entre dos tipos de fuentes: las emisiones de combustión, que suponen el 68% del total industrial y se generan al quemar combustibles para producir calor o energía, y las de proceso, que representan el 32% y derivan de las propias reacciones químicas necesarias para fabricar materiales. "La descarbonización no admite una fórmula única, cada proceso industrial requiere una temperatura distinta", dice. El estudio propone un marco de intervención pública que adapte las ayudas al perfil económico de cada caso: -Desde medidas informativas o préstamos con avales públicos para proyectos rentables, hasta subvenciones directas a la inversión, cobertura de mayores costes operativos e impulso a infraestructuras compartidas. -Instrumentos como los Certificados de Ahorro Energético (CAE) o los avales públicos ya están operativos, pero faltan piezas clave, como los Contratos por Diferencia (CfD), diseñados para subvencionar la diferencia de coste operativo al usar energías limpias frente a las convencionales, que en España aún están en fase de diseño a diferencia de países como Alemania. -Infraestructuras externas habilitadoras sin las cuales las fábricas no podrán transformarse, aunque reciban subvenciones, como acelerar el despliegue de redes eléctricas de gran capacidad, la construcción de hidroductos para transportar hidrógeno verde y el desarrollo de redes para capturar, transportar y almacenar el CO2 sobrante (tecnología CCUS). -Tecnologías limpias, cuyo nivel de desarrollo (medido por la escala TRL, Technology Readiness Level o Nivel de Madurez Tecnológica) es desigual. Mientras que la electrificación de baja temperatura o el biometano están listos para aplicarse masivamente, tecnologías indispensables para la industria pesada -como la captura directa de carbono o la electrólisis a gran escala- aún necesitan apoyo en investigación, pruebas piloto y proyectos demostrativos. "La descarbonización industrial es un problema complejo. No depende sólo de movilizar más recursos, sino de contar con los instrumentos adecuados para cada actividad industrial. Para alcanzar los objetivos establecidos, necesitamos generar las condiciones para que los consumidores deseen adquirir los productos bajos en carbono -algo que no es sencillo- y, en algunos casos, mecanismos de apoyo directo. También, acelerar el desarrollo de infraestructuras habilitadoras, como las redes eléctricas, y, a más largo plazo, las de hidrógeno y de CO2", resume Oliverio Álvarez, socio responsable de Energía, Recursos e Industria de Deloitte y uno de los autores del informe. 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