El Gobierno cede y amplía la vida de la central de Almaraz hasta junio de 2030

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha renovado la autorización de explotación de la central nuclear de Almaraz para sus Unidades I y II, de acuerdo con la orden publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Tras esta resolución, ambos reactores de la planta cacereña podrán continuar operativos al menos hasta el 8 de junio de 2030. Este dictamen culmina un procedimiento administrativo iniciado formalmente en octubre de 2025, fecha en la que las tres compañías propietarias de la instalación, Iberdrola, Endesa y Naturgy, acordaron solicitar de manera conjunta la prórroga. De este modo, se modifica el calendario de cierre escalonado que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y las energéticas pactaron, que fijaba el cese de la Unidad I para el 1 de noviembre de 2027 y el de la Unidad II para el 31 de octubre de 2028. La prórroga de funcionamiento estará estrictamente sujeta al cumplimiento de las instrucciones y condiciones de seguridad dictadas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), según recoge la orden ministerial. Este organismo regulador ya emitió el pasado 16 de julio un informe favorable que certificaba que la instalación cumple con todas las garantías de seguridad nuclear y protección radiológica necesarias para seguir operando de forma segura. Tras la evaluación técnica del CSN, el expediente se trasladó al Ejecutivo para su resolución definitiva. Según los cálculos incluidos en la resolución, mantener el aplazamiento de este apagón nuclear tendría un efecto "acotado y poco significativo" sobre el despliegue renovable, a la vez que contribuye decisivamente a mitigar la dependencia energética exterior. Se abre la veda Esta luz verde del Ejecutivo representa un cambio de rumbo estratégico y abre la veda para que las empresas propietarias soliciten formalmente la ampliación de la vida útil más allá de 2035, la fecha tope de cierre que mantiene Transición Ecológica para todo el parque nuclear en España, que está compuesto por cinco nucleares en funcionamiento que albergan un total de 7 reactores operativos, incluyendo los dos de Almaraz. En conjunto, representan una potencia eléctrica instalada de unos 7.400 MW y generan alrededor del 20% de la electricidad consumida en el país. Además de los dos reactores de Almaraz, el resto del parque nuclear activo está compuesto por las centrales de Ascó I (controlada por Endesa) y II en Tarragona (Endesa posee un 85% e Iberdrola el 15% restante); Cofrentes en Valencia (propiedad de Iberdrola); Vandellòs II en Tarragona (operada de forma conjunta por Endesa -72%- e Iberdrola -28%-); y la planta de Trillo en Guadalajara (participada por Iberdrola -49%-, Naturgy -34,5%, EDP -15,5%- y Endesa -1%-). De manera que una vez asegurada la continuidad de Almaraz, Iberdrola, Endesa y Naturgy podrían pedir la prórroga para estos reactores, alterando el plan de desmantelamiento y cierre escalonado acordado en el protocolo original firmado con Enresa y que establecía la clausura gradual del parque nuclear entre 2027 y 2035. Más allá del cierre de Almaraz, inicialmente previsto para 2027 y 2028, que ahora se prolonga a 2030, Ascó I cesará su actividad en octubre de 2030; Cofrentes en noviembre de 2030; Ascó II en septiembre de 2032; Vandellòs II en febrero de 2035, y Trillo en mayo de 2035. La justificación técnica y económica para reclamar la ampliación del resto de las plantas se apoyaría en los mismos argumentos que el Gobierno ha aceptado para Almaraz: la inestabilidad del contexto energético internacional y la volatilidad del precio del gas natural derivada de la crisis en Oriente Medio. El apagón que tuvo lugar en España y Portugal el pasado 28 de abril de 2025 reabrió el debate sobre el cierre de las plantas nucleares, lo que provocó roces entre los socios de Gobierno y el rechazo de las organizaciones ecologistas. ¿Y el pacto de gobierno?Sumar ha rechazado esta prórroga y ha acusado al PSOE de incumplir el acuerdo del gobierno de coalición que ambos partidos firmaron en 2023.Desde el grupo confederal subrayan que esta decisión del Gobierno central "supone una profunda ruptura del compromiso expresado" con la ciudadanía, "frena la transición energética e hipoteca a la ciudadanía", e insisten en que el "mantenimiento del parque nuclear obedece a presiones corporativas y no a necesidades técnicas, medioambientales ni de competitividad económica".Además, indican que "posterga la descarbonización real apoyada en renovables".