La UCO acude a Ferraz por documentos requeridos en el caso de la 'fontanera'

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido este miércoles a la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz de Madrid, para recabar documentación relacionada con la considerada fontanera del PSOE Leire Díez. La operación se ha desarrollado dentro de "una investigación contra una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno", según informa la Audiencia Nacional. Fuentes de la investigación consultadas por EL MUNDO abundan en que la operación se centra en las maniobras llevadas a cabo por Leíre Diez y Cerdán, con la ayuda de otros miembros del PSOE, para desactivar las causas judiciales que afectaban al partido y también al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La UCO está requiriendo documentación al PSOE por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco del denominado caso Sepi. La causa se encuentra bajo secreto y dentro de ella se ha abierto una rama en la que se ha practicado la operación de este miércoles. En ella, el juez investiga delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. El juez ha acordado el registro del domicilio en Milagro (Navarra) del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, investigado en la causa. La lista de imputados incluye a la gerente de la Secretaría de Organización del partido, Ana María Fuentes Pacheco. Según el juez, "al menos como cómplice en la comisión de los delitos y, en todo caso, como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces". Además, el magistrado está indagando en la actuación de otros dos miembros destacados del PSOE: Juan Manuel Serrano, ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, y Juan Francisco Serrano, diputado y ex número 2 de Cerdán. Pedraz indica que sobre ellos hay "indicios que revelan su colaboración con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan", si bien considera que "habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal". También se investiga a la propia fontanera, al empresario muy vinculado a ella Javier Pérez Dolset, al ex consejero socialista de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y al abogado Ismael Oliver. El domicilio de Dolset y el despacho de Zarrías también han sido registrados. Además, al guardia civil Juan Sánchez Yepes se le atribuyen delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado. La imputación del agente ha llevado a la UCO a tomar declaración a guardias civiles en la Dirección General del Instituto Armado. Otro investigado por los mismos delitos que Sánchez Yepes es el abogado Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa de Santos Cerdán. El histórico dirigente del PSOE andaluz Gaspar Zarrías ya había sido relacionado con Leire Díez, a la que contrató cuando se puso en marcha la supuesta operación para desacreditar las investigaciones de la UCO. Zarrías tuvo que testificar sobre sus vínculos con la fontanera en otra investigación que ya se seguía en el Juzgado 9 de Madrid por esas actividades que buscaban sabotear la actuación de la Guardia Civil y Anticorrupción. El abogado Teijelo también fue imputado en ese procedimiento, puesto que en su despacho se celebró una reunión en la que Leire Díez buscó información comprometedora para la UCO. Previsiblemente, las causas penales en el Juzgado 9 de Madrid y en el Central 5 de la Audiencia Nacional acabarán unificándose. En la de la Audiencia, el juez Pedraz justifica los requerimientos y registros acordados en que la actividad investigada es "grave tanto por las penas que pudieran imponerse, como por el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación". Las medidas acordadas incluyen requerimientos a personas físicas y jurídicas, así como a entidades públicas y privadas para que hagan entrega "con carácter inmediato" de toda la documentación, archivos electrónicos y la información que se detalla en las resoluciones judiciales. Detenciones en diciembre En el marco de la causa de la Audiencia Nacional en la que se ha activado la operación fueron detenidos el pasado mes de diciembre el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) Vicente Fernández, la fontanera del socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso. Díez fue directora de Relaciones Institucionales de Correos, que depende de la Sepi. En este procedimiento, se investigan delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Dentro del caso Sepi se investigan diversas operaciones bajo sospecha de haber generado comisiones ilegales. La unidad especializada de la Guardia Civil considera que Fernández, Díez y Alonso (socio de Santos Cerdán) se confabularon para amañar media docena de operaciones en las que tenían «intereses comunes». Para ello, crearon un grupo específico de WhatsApp que llamaron Hirurok (que significa en euskera los tres juntos), a través del que intercambiaban la estrategia a seguir y a cuyo contenido ha tenido acceso la UCO. La más cuantiosa de las operaciones es la que afecta al rescate de Tubos Reunidos con 113 millones de euros. En el último auto de prórroga del secreto, el juez Pedraz explicaba que acababa de recibir un nuevo informe de los agentes que suponía ampliar los hechos que estaban bajo investigación y el número de imputados.