Una nacionalizada por la ‘ley de nietos’: “Estoy dispuesta a todo para recuperar el voto”

Jeanne Robles todavía tenía esperanza. La decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho al voto de quienes obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la ley de nietos le parecía “un poco absurda”. Pensaba que, ante el adelanto electoral, el alto tribunal podría reconsiderarla. Pero este lunes, a las cinco de la tarde, la esperanza se le vino abajo. El Supremo había decidido mantener la suspensión, pese a la petición de la Abogacía del Estado y la Fiscalía para que diera marcha atrás. “Estoy dispuesta a todo para recuperar el voto”, asegura, aunque reconoce que le preocupa el coste económico del proceso y cuánto tendrá que pagar para personarse ante el alto tribunal. En cualquier caso, Jeanne está dispuesta a dar todos los pasos precisos para poder participar en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Jeanne tiene 28 años y en 2025 obtuvo la nacionalidad española gracias a la Ley de Memoria Democrática. Para conseguirla, tuvo que demostrar que su abuelo se había exiliado en Francia en enero de 1937, apenas un mes antes de que las tropas franquistas tomaran Málaga. La historia familiar, marcada por el exilio, la condujo hasta una nacionalidad que ahora siente amenazada en uno de sus derechos fundamentales. El auto del Supremo aún no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero su publicación oficial —también en el Tablón Edictal Judicial Único y en las oficinas consulares— pondrá en marcha una cuenta atrás de cinco días. Ese será el plazo para que los afectados comuniquen su intención de personarse ante el alto tribunal, con abogado y procurador. Cinco días para organizar una respuesta jurídica que, para quienes viven fuera de España, se presenta como una carrera contrarreloj. “Cinco días para preparar todo esto es imposible”, lamenta Jeanne. “Muchos de nosotros estamos viviendo en el extranjero a causa del exilio de nuestros antepasados y no conocemos muy bien el sistema”. La joven, francesa y española, ya ha comenzado a contactar con distintas asociaciones para sumarse a una iniciativa colectiva. Quiere que su respuesta no sea un gesto aislado, sino parte de una impugnación compartida. Pero no está dispuesta a quedarse esperando; si las asociaciones tardan en responder o ninguna puede representarla, ha empezado a buscar abogados por su cuenta. La incertidumbre judicial ha devuelto a Jeanne a una lucha que creía superada, la de evitar que el exilio de su familia siga condicionando su vínculo con España. Esta vez, no se trata de recuperar la nacionalidad de sus antepasados, sino de ejercer el derecho al voto que esperaba poder disfrutar gracias a ella. “Ahora hay elecciones y eso ha creado categorías de ciudadanos. Una categoría que puede votar y otra que no, y esto no me parece normal”, argumenta. La paradoja le resulta difícil de entender. Después de años de trámites para acreditar la historia de su familia y obtener la nacionalidad española, ahora no sabe cuándo podrá ejercer uno de los derechos que esta le reconoce. Jeanne pasó años recorriendo archivos en España y Francia para reconstruir la vida de su abuelo José antes del exilio. Tenía apenas siete años cuando subió a un tren rumbo a Valence, en el sureste francés. Viajaba con sus dos hermanos; el resto de la familia tuvo que quedarse en Málaga. Al llegar, una familia francesa lo acogió y lo adoptó en el mismo andén. De aquella despedida, José conservó siempre el recuerdo de su madre pidiéndole que no soltara nunca la mano de su hermana Elvira, dos años mayor, con quien emprendió el viaje. Entre los documentos del Ministerio de Defensa, Jeanne encontró también el resumen de las penas impuestas a su bisabuelo, el padre de José. El expediente recogía una condena de 12 años de prisión por haber enviado a sus hijos a Francia. El régimen franquista describía estas salidas como “expediciones” organizadas por partidos políticos para “fomentar el descrédito y el menosprecio del glorioso movimiento”. Jeanne reunió toda esa documentación y la adjuntó a la solicitud que presentó ante el consulado español en Bruselas, donde reside, para acogerse a la ley de nietos. Su caso tiene una particularidad: Jeanne pertenece al grupo de nacionalizados que pudo acreditar documentalmente el exilio de sus antepasados. En su resolución, el Tribunal Supremo distingue entre dos vías de acceso a la nacionalidad. Por un lado, la prevista en la Ley de Memoria Democrática, que reconoce este derecho a los hijos y nietos de españoles que perdieron o tuvieron que renunciar a su nacionalidad por exiliarse “por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual”. Por otro, la derivada de una instrucción del Ministerio de Justicia que presume la condición de exiliados de quienes abandonaron España durante las primeras décadas del franquismo. La paralización afecta directamente a este segundo grupo. Sin embargo, por el momento, la suspensión del derecho al voto alcanza a ambos, mientras los consulados revisan los expedientes y determinan a qué categoría pertenece cada persona nacionalizada. Una tarea que, según Jeanne, se ha puesto en manos de unas oficinas consulares desbordadas. “Está muy mal organizado, los consulados están solos para hacer todo esto”, sostiene. A su juicio, la situación contradice el propósito reparador de la ley. “El objetivo de esta ley era establecer una conexión y reconocer a las víctimas. Yo no soy una víctima directa, pero mi abuelo y mi familia en general sí lo son”, explica. “Yo no hablo solo por mí, hablo por todas las familias que también están afectadas”, añade. A la incertidumbre sobre cuándo podrá votar se suma otra pregunta para la que Jeanne tampoco encuentra respuesta: cuánto tiempo durará la suspensión. “No nos han dicho nada sobre cuándo van a revisar nuestros casos”, lamenta. También teme que la revisión de los expedientes pueda ir más allá del derecho al sufragio y afectar a las nacionalidades ya concedidas. “¿Lo van a retirar? Es que no sabemos nada y esto no es normal”, zanja.