El Gobierno prohíbe a los "fondos buitre" comprar pisos hasta 2028

Si el lunes el mensaje dentro del Ministerio de Vivienda era que la negociación avanzaba a contrarreloj para alcanzar in extremis un acuerdo que convenciera a todos los grupos parlamentarios, la jornada de ayer sirvió para constatar el frágil equilibrio entre los socios parlamentarios. Tanto, que el Gobierno se vio forzado, minutos antes del Consejo de Ministros -que arrancó con una hora de retraso-, a dividir en dos el bautizado como decreto Maricarmen, el real decreto-ley de vivienda que ya prometió para julio y que aceleró después del desahucio de una mujer de 87 años la semana pasada. El Gobierno, además, solicitó ayer la convocatoria de un pleno extraordinario en el Congreso este viernes para votar ambos decretos, con un objetivo que parece claro: buscar la convalidación de la Cámara Baja para el primero, el cual contiene buena parte de las medidas pactadas en las últimas horas con Junts; y dejar que los diferentes grupos parlamentarios "se retraten" con el segundo, donde se recogen las exigencias más extremas de Sumar y que cuenta con muchas probabilidades de terminar derogándose. Así lo constataban ayer tanto desde la formación que lidera Carles Puigdemont, que no obstante se mostraba cauta hasta ver el texto definitivo; como desde ERC, cuyo portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, aseguró que uno de los decretos -el primero- se ha lanzado "para aprobar", mientras que el otro es "para que lo tumbe Junts y frustrar" a los partidos de a la izquierda del PSOE. A pesar de ello, los dos partidos del Gobierno se mostraron optimistas y satisfechos con el resultado de la negociación. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó que los decretos suponen "el mayor avance en materia de vivienda de la última década", algo que atribuyó a los movimientos sociales de las últimas semanas. Por su parte, la titular de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, agradeció la "inteligencia política" y la "generosidad" de los grupos políticos al "construir un texto muy difícil debido a la complejidad" de unir diferentes visiones en torno al problema de la vivienda. Una tesis que por la tarde compartió el ministro de Hacienda, Arcadi España, quien afirmó en el Senado que los decretos suponen un "punto de inflexión" en la gestión de la vivienda. De momento, los votos con los que contará cada decreto en el Congreso son una incógnita, si bien el no de Vox y del PP parece descontado. Ayer, el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, pronosticó que ninguno de los textos van a "tener resultado" porque, a su juicio, las medidas no van a resolver "ocho años de rumbo equivocado" en materia de vivienda. El primer decreto, denominado por la ministra Rodríguez "para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta asequible", se divide en cuatro grandes bloques, dentro de los cuales se recogen diferentes medidas que el Gobierno espera sacar adelante el viernes en el Congreso. Prueba de la predilección del Gobierno por este decreto es que, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez hizo apelación a "la generosidad y la responsabilidad que han demostrado los grupos parlamentarios" durante la negociación para votar a favor el viernes en el Congreso. "Sé que para ellos está siendo también difícil hacer algunas renuncias, pero creo que merece la pena el reto que tenemos ante nosotros", afirmó. El segundo real-decreto ley, por su parte, bautizado por la titular de Vivienda como "de medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos del alquiler", incluye algunas de las medidas más polémicas, que han sido planteadas por Sumar y, fuera del Gobierno, por Podemos, las cuales a su vez han sido las reclamaciones más polémicas del Sindicato de Inquilinas en las protestas de últimos días. Esta medida, previsiblemente, no pasará el filtro del Congreso, al chocar con las posturas de Junts o el PNV.