La Guardia Civil interroga al operador que permitió al tren seguir el recorrido

Primero, localizar e identificar a las víctimas y atender a los heridos. Pero también, iniciar la investigación para determinar las causas del siniestro y las posibles responsabilidades penales. La Guardia Civil, que ha desplegado un amplio dispositivo con más de 400 efectivos en la zona en la que se ha producido el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo) en el que han muerto al menos 68 personas, ha interrogado ya al operador del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que, supuestamente, autorizó reiniciar la marcha al tren AVE de Renfe que 17 minutos después impactó con el Iryo que estaba detenido en la vía. Siguiendo los protocolos, se le han hecho controles para detectar un supuesto consumo de alcohol o drogas, con resultado negativo, según fuentes conocedoras de las pesquisas. El ministro de Transportes, Óscar Puente, en rueda de prensa, ha apuntado a un error humano como causa del accidente. “Se da una orden, para que reanude la marcha, una decisión errónea”, ha señalado Puente, que ha calificado de “inexplicable” que el centro de control de Adif autorizara al tren de alta velocidad de Renfe a reanudar la marcha con normalidad cuando el otro convoy seguía detenido en la vía. Los agentes del instituto armado también han tomado manifestación al resto del personal que estaba en el puesto de control. La Guardia Civil ha tomado la precaución de que estos trabajadores no tuvieran contacto entre ellos para evitar que hablaran sobre lo ocurrido antes de tomarles declaración y se pudieran contaminar sus testimonios con las vivencias de otros, según detallan fuentes del instituto armado. Otra de las declaraciones claves será la de la maquinista del Iryo, el convoy que se encontraba detenido y contra el que impactó el tren AVE. La mayor parte de las víctimas mortales se produjeron en los últimos vagones de aquel. En la investigación participa un nutrido grupo de agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil. Al lugar se han desplazado efectivos de esta especialidad de la Comandancia de Toledo y, desde Madrid, de la Unidad Central Operativa (UCO) como refuerzo. La investigación judicial la ha asumido la titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz, que estaba en funciones de guardia cuando se produjo el suceso, y que en la tarde de este miércoles ya ha decretado el secreto de sumario y ha ordenado las primeras diligencias. Entre ellas, ha encargado a la Guardia Civil acudir al centro de control de Atocha para que recopilen los datos relativos a la circulación de trenes en la zona del siniestro, y recabar los protocolos de actuación relativos a los minutos previos, en el momento del siniestro y posteriores al accidente ferroviario. A la comisión de investigación de Adif le ha pedido un informe sobre las personas encargadas del control de mando en el momento del accidente. La juez contará con el apoyo de su compañera de la plaza número 1 y de tres magistrados integrantes de la Red Judicial de Expertos en Gestión de Emergencias y Catástrofes, así como de cinco letrados de la Administración de Justicia y de funcionarios. Por su parte, el Instituto de Medicina Legal de Toledo ha activado el protocolo de actuación en Grandes Catástrofes para la identificación de víctimas, práctica de autopsias y coordinación médico-forense y asistencia a la investigación judicial. Al operativo se han incorporado facultativos y técnicos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, que procederán a la recogida de muestras biológicas y obtención de perfiles genéticos de los fallecidos para su identificación. En paralelo a todo ello, los agentes del Equipo Central de Inspecciones Oculares recogerán muestras, tomarán fotografías y grabarán vídeos (tanto terrestres como aéreos con un dron) del lugar de la tragedia. También rastrearán los trenes, el interior de los vagones cuando hayan terminado los equipos de rescate, las vías, el balasto, las traviesas y cualquier elemento que pueda aportar indicios sobre lo ocurrido. Además, extraerán las cajas negras de los dos convoyes, así como las grabaciones tanto de las cámaras del interior de los trenes como las que se encuentren en las zonas cercanas al siniestro. Con todo ello, estos expertos de la Guardia Civil elaborarán un informe que previsiblemente incluirá una reconstrucción en 3D (tres dimensiones) sobre lo presuntamente sucedido. Mientras tanto, buena parte de los esfuerzos iniciales de la Guardia Civil, en los que participan desde efectivos de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) a agentes y perros del Servicio Cinológico, entre otras unidades, se centran en recuperar a heridos y fallecidos de los restos de los dos convoyes, así como la atención al resto de pasajeros. Para ello, el instituto armado ha abierto cuatro oficinas ante mortem en Madrid, Sevilla, Córdoba y Toledo (ciudades origen, paso y destino de los trenes accidentados) para que los familiares que no localicen a sus allegados que viajaban en los trenes accidentados presenten denuncia. En estas oficinas, los agentes recabarán datos que puedan facilitar las labores de identificación, como la existencia de cicatrices o tatuajes de los viajeros de los que no hay noticias, así como una muestra de ADN de los familiares en primer grado para comparar con el de los cuerpos que se vayan recuperando. Los datos que se recojan en estas oficinas se cruzarán posteriormente con las necroreseñas de los cadáveres que se vayan recuperando y que se centralizarán en una oficina denominada post mortem. Una vez se confirme que un cadáver corresponde con una de las denuncias de desaparecidos, se informará al juzgado y este autorizará comunicarlo a la familia. De este duro trámite se encargará un agente uniformado acompañado de un psicólogo también de la Guardia Civil.