Competencia abre una batería de expedientes por el apagón tras detectar «indicios» de infracción

A pocos días de que se cumpla un año del cero eléctrico que el pasado 28 de abril sumió a nuestro país en la oscuridad durante casi todo un día, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado un paso ... importante al abrir varios expedientes que podrían derivar en las primeras sanciones contra empresas concretas por aquel incidente. Así lo ha confirmado hoy el organismo que preside Cani Fernández en una nota en la que asegura haber detectado «diversos indicios de incumplimiento» susceptibles de infracción, aunque no indica que normas se habrían transgredido o quienes lo habrían hecho. Además, Competencia aclara que esto no implica que la responsabilidad por aquel incidente vaya a recaer en las compañías investigadas, pues matiza que los hechos objeto de pesquisas «no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas». Y añade, a continuación, que el incidente tuvo un origen «multifactorial» , que pasa por una sucesión de eventos que «desequilibraron progresivamente el sistema y culminaron con el cero eléctrico por sobretensión». Noticia relacionada general No No Nuevos audios corroboran los avisos a Red Eléctrica meses antes del apagón: «Nos la vamos a dar» José María CamareroEsto último no aporta demasiada novedad, ya que es lo que vienen diciendo hasta ahora todas las investigaciones que se han llevado a cabo, incluyendo las del Gobierno (Ministerio para la Transición Ecológica), Red Eléctrica, el organismo europeo Entso-e y la propia CNMC. Sea como fuere, hoy Competencia cumple un hito al cerrar la primera fase de su investigación y abrir un proceso de pesquisas formal en relación a unas posibles infracciones que, en algunos casos, se habrían mantenido «durante periodos prolongados de tiempo» y «habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico » . Las conclusiones de estas causas se irán conociendo en un período que oscilará entre los nueve y los dieciocho meses en función de la gravedad de cada infracción investigada, y en el que las compañías bajo la lupa podrán formular alegaciones e incluso proponer la práctica de las pruebas que estimen procedentes. Cabe otro matiz, y es que el supervisor ha enfatizado que la incoación de estos expedientes «no prejuzga el resultado final de la investigación» que están llevando a cabo.