Anticorrupción pedirá más rebajas para Aldama si vuelve a colaborar

La Fiscalía Anticorrupción tiene las esperanzas puestas en que el empresario y comisionista Víctor de Aldama continúe aportando información clave para avanzar en algunas de las causas de corrupción más importantes que se instruyen en este momento en la Audiencia Nacional. Entre ellas, la ... del supuesto amaño de adjudicaciones de obra pública en el que el comisionista habría estado implicado, junto a José Luis Ábalos y Koldo García —presuntamente compitiendo éstos con Santos Cerdán— para que las compañías Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) fueran las adjudicatarias de contratos presuntamente a cambio de mordidas para los tres implicados. El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga los hechos en una causa abierta a instancias del instructor del caso Mascarillas del Supremo, Leopoldo Puente, quien decidió desgajar la parte de las constructoras de la investigación por los contratos de la pandemia que ya se ha juzgado, con sentencia condenatoria para Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.Fue Aldama quien mencionó a las constructoras ante el magistrado Puente el año pasado y entregó documentación con la que pretendía acreditar que estas empresas habrían sido beneficiadas con proyectos de Transportes mientras Ábalos estuvo al frente del Ministerio y él y su mano derecha se llevaron mordidas a cambio. También apuntó en sus declaraciones en fase de instrucción —encaminadas a la colaboración desde el principio— a que la trama habría encontrado dificultades para amañar los proyectos en el norte de España porque allí el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán tenía una especie de «cupo» para llevarse comisiones a cambio de que las obras fueran a parar a una empresa de su órbita. Posteriormente, la investigación del Supremo y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil permitió despejar que se trataba de la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Servinabar ( de la que Cerdán poseyó casi el 50% con su socio y amigo Antxon Alonso ) y Acciona Construcción.Noticia relacionada general No No COMITÉ FEDERAL DEL PSOE «Es el peor momento de la democracia para el PSOE»: el duro alegato de García-Page ante Sánchez Javier GuayerbasSi Aldama sigue aportando datos y documentos de relevancia para avanzar en la línea de investigación de las presuntas mordidas pagadas por OPR y Levantina, la Fiscalía contra la Corrupción no tiene ninguna duda de que pedirá la máxima rebaja posible en el escrito de acusación que presente contra Aldama cuando llegue el momento, según ha podido saber ABC. La Audiencia Nacional investiga a 14 personas en la causa por las presuntas mordidas de obra públicaEl magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga a 14 personas en total en la causa por presuntas mordidas de obra pública, tanto en la rama de Ábalos como en la de Cerdán. Tienen la condición de imputados, además de los dos ex secretarios de Organización del PSOE, Koldo García y Aldama, los empresarios y directivos José Ruz (Levantina); Antonio y Daniel Fernández Menéndez (OPR); Fernando Agustín Merino (Acciona Construcción); Antxon Alonso (Servinabar); Justo Vicente Pelegrini, José García Alconchel y Tomás Olarte (Acciona Construcción). También la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero.Las defensas de algunos de los implicados no descartan instar a sus representados a adelantarse al comisionista con sus revelacionesAldama instó, tras recoger la sentencia del caso Mascarillas en el Tribunal Supremo, a colaborar con la Justicia, igual que lo ha hecho él, a «quienes vienen detrás». Las defensas de algunos de los implicados no descartan instar a sus representados a adelantarse al comisionista en esta causa de obras públicas con sus revelaciones.El precedente del caso MascarillasEn el caso Mascarillas, el fiscal jefe solicitó para el empresario siete años de prisión por delitos de corrupción en su informe final del juicio, igual que en el escrito de acusación, porque la fiscal general del Estado no le permitió rebajar más la petición. Instó a la Sala a estimar como muy cualificada su colaboración, permitiendo la rebaja en dos grados de su pena y que evitara la prisión, como finalmente ha ocurrido, pues el tribunal le ha suspendido la pena de cuatro años y medio de cárcel.La sentencia sienta un precedente y destaca que Aldama no sólo ha sido «decisivo» para el caso de los contratos de la pandemia, sino que «ha propiciado y favorecido otras investigaciones y procedimientos seguidos en distintos juzgados». Repasando jurisprudencia del Supremo, nuestro ordenamiento jurídico y la normativa internacional, especialmente la Directiva 2026/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 abril de 2026, sobre la lucha contra la corrupción, los magistrados de la Sala Segunda destacan la importancia de reconocer la colaboración del «arrepentido». El empresario mencionó a las constructoras OPR y Levantina ante el magistrado Leopoldo Puente el año pasadoPrecisamente la declaración de Aldama ante Leopoldo Puente al inicio de la instrucción del caso Mascarillas provocó que éste encargase un informe a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las adjudicaciones de la Dirección General de Carreteras a Acciona Construcción, OPR y Levantina. Para elaborarlo, los agentes también se fijaron en comunicaciones de Koldo García con José Luis Ábalos, Santos Cerdán y la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Aquellas primeras indagaciones acabaron con Cerdán en prisión preventiva y los investigados Ruz, Daniel y Antonio Fernández Menéndez con medidas cautelares impuestas después de tomarles el juez declaración hace casi un año, el 4 de julio.«Intercesiones concretas»En esta causa, que se instruye por los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo, cohecho, tráfico de influencias y contra Hacienda, el magistrado Moreno aborda si entre los años 2018 y 2021 , Acciona, Levantina y OPR, «de manera recurrente», fueron beneficiarias de contratos de obra pública «a cambio de una contraprestación económica tanto para el entonces ministro José Luis Ábalos como para su asesor, Koldo García».En uno de sus autos, el magistrado habla de que Pardo de Vera habría hecho «intercesiones concretas» para favorecer a determinadas constructoras y la «notoria discrecionalidad» a la hora de adjudicar contratos de obra pública que se desprende de las conversaciones interceptadas entre Ábalos y Koldo. También destacaba que «se ha podido observar cómo Koldo [García] alegaba haber dado indicaciones a Isabel Pardo de Vera para que adjudicase determinados contratos a empresas específicas, o cómo incluso Koldo [García] llegó a reconocer que le iba a dar la directriz, tanto a Isabel Pardo de Vera como a Francisco Javier Herrero Lizano, para que otorgasen alguna licitación al también investigado Víctor Gonzalo de Aldama». El 2 de junio, la Fiscalía solicitó al magistrado instructor Ismael Moreno ampliar seis meses más la investigación porque todavía quedan «numerosas diligencias pendientes». Considera que de éstas y de la diversa documentación que se ha incautado en los registros, así como de los informes policiales que aún quedan por aportarse, pueden derivarse «nuevas imputaciones».