Aumenta la preocupación del Ejecutivo de Ayuso por el "absoluto descontrol" de la acampada y el cerco a la sede de la Comunidad: "Teníamos gente subida a las ventanas"

La paciencia del equipo de Isabel Díaz Ayuso duró exactamente 62 horas y media. Tres noches después de que acamparan las primeras tiendas en la Puerta del Sol, la Comunidad de Madrid exigió formalmente ayer al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que desaloje la plaza en un plazo de 48 horas. De no hacerlo, se abrirá una batalla judicial con el registro de un recurso contencioso-administrativo. En el Ejecutivo regional dan por hecho que la Delegación ignorará este requerimiento, dada la «inactividad» que ha marcado la gestión de esta crisis por parte del Gobierno en el kilómetro cero de la capital. Ello ha llevado al «absoluto descontrol» de una de las plazas con más afluencia de toda España, denuncian en la Comunidad, y, en consecuencia, ha «dañado» la Real Casa de Correos y «perturbado» la agenda institucional que se desarrolla en la sede de la Presidencia regional. Tanto que la Hispanidad, una de las fiestas más importantes en la capital, se encuentra amenazada parcialmente por la acampada de Sol. La Comunidad aguarda al desalojo de la plaza para comenzar el montaje del escenario, con la vista puesta en el 9 de octubre, fecha del primer concierto programado en esta localización. Pero, de momento, el Ejecutivo regional ha tenido que cancelar el montaje de una exposición en el interior de la Real Casa de Correos como consecuencia de las dificultades generadas por la «ocupación ilegal» de la Puerta del Sol y sus alrededores. En estos aledaños se encuentra en primer término la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que en la noche del lunes fue rodeada por varios grupos de manifestantes. El Ejecutivo regional ha apremiado al delegado del Gobierno a que ponga orden en la céntrica plaza cuanto antes después de detectar en las últimas horas «actos vandálicos que constituyen un atentado contra el patrimonio histórico». En concreto, el requerimiento enviado por el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso al delegado del Gobierno denuncia «pintadas» en la fachada de la Real Casa de Correos, «restos de orines» en los paramentos del edificio y «basura arrojada» contra ventanas y balcones de la sede de la Comunidad de Madrid. Varias de esas pintadas eran amenazas directas contra la presidenta regional. Madrid da un ultimátum de 48 horas al delegado del Gobierno para desalojar "la acampada ilegal" de Sol Los momentos de máxima tensión hasta el momento se registraron a última hora del lunes. «Tuvimos que llamar a Delegación del Gobierno. Había gente subida a las ventanas de la Real Casa de Correos», denuncian en el seno del Ejecutivo madrileño sobre la «ausencia» de un operativo policial suficiente en el kilómetro cero. Fue entonces, por primera vez en 48 horas, cuando se reforzó el despliegue de la Policía Nacional frente a la sede de la Presidencia autonómica. En su interior a esas horas todavía había trabajadores de la Comunidad de Madrid. Además, las teóricas vías de evacuación de la plaza estaban completamente ocupadas, señalan estas fuentes. La llegada de refuerzos de la Policía Nacional tras la llamada a la Delegación del Gobierno permitió perimetrar de nuevo estos recorridos, y desde ayer la Real Casa de Correos contó con unas vallas que separaban a los manifestantes de la fachada del inmueble, protegido por cierto como Bien de Interés Cultural. La presión política, pues, aumenta conforme pasan las horas sobre la respuesta policial a la acampada. Poco después de que la Comunidad de Madrid anunciara el requerimiento, el Ayuntamiento de Madrid presentó otro idéntico a Delegación del Gobierno para que antes de mañana proceda a desalojar la plaza. Una exigencia que no parece que vaya a surtir efecto, ya que el propio Gobierno central no tardó ayer en remarcar el carácter «cívico y pacífico» de la manifestación en Sol, cuyos organizadores, encabezados por el Sindicato de Inquilinas, han decidido prorrogar la acampada con el fin de alcanzar nuevas medidas contra los desahucios. Ello hace pensar en la Administración madrileña que esta crisis puede alargarse más de lo previsto por todas las partes inicialmente. «La impunidad, la ilegalidad, el desorden no pueden seguir campando a sus anchas en la Puerta del Sol», clamaba ayer el portavoz de la Comunidad y consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, que cargaba contra el delegado del «sanchismo» por su «complicidad» con la «acampada ilegal» en la plaza. Pero ni las críticas ni los requerimientos formales tanto de la Comunidad como del Ayuntamiento cambian la hoja de ruta de la Delegación del Gobierno, que defiende su actuación y la de la Policía Nacional en los últimos días. «La Delegación reafirma su compromiso de continuar velando por la seguridad ciudadana en la acampada de la Puerta del Sol, además de mantener la protección de la Real Casa de Correos, como Bien de Interés Cultural y sede del gobierno de la Comunidad de Madrid», expresaban fuentes de la Delegación del Gobierno al respecto para despejar las acusaciones procedentes de la Administración madrileña. Mientras tanto el reloj sigue contando y, si mañana no se produce el desalojo de la Puerta del Sol, las instituciones madrileñas acudirán a la Justicia contra la Delegación del Gobierno en busca de que una orden judicial establezca que la acampada es «ilegal» y debe ser disuelta cuanto antes. El turismo, el comercio y la «protección» de un inmueble reconocido, lamentan fuentes autonómicas, son los principales perjudicados en estos primeros días de «bloqueo» en Sol, a la espera de conocer si la acampada pone una fecha de disolución o se instala de manera permanente en la plaza.