Una guerra interna en el Supremo de Brasil pone en vilo las elecciones presidenciales

El escenario jurídico-político de Brasil se agitó de manera extrema en los últimos días con el estallido de una guerra abierta dentro del Tribunal Supremo, un asunto con potencial de alterar la dinámica de la campaña. A casi un mes de que los brasileños voten en la primera vuelta de las generales, la disputa entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 80 años, y Flávio Bolsonaro, 45, se presenta aún más reñida que la que el izquierdista libró en 2022 contra el padre del senador. Las dos encuestas de esta semana apuntan a un empate técnico tras perder Lula la leve ventaja de la que disfrutó. Y entre ambos, asoma un tercer aspirante. Mientras, el Supremo, actor político de primer orden, vive una de las peores crisis de su historia a cuenta de las sospechas de corrupción contra el poderoso y controvertido Alexandre de Moraes. Este lunes, día de la Independencia, Lula preside el desfile cívico-militar oficial en Brasilia mientras Bolsonaro hijo encabezará una marcha en São Paulo contra el líder del Partido de los Trabajadores (PT) y el juez Moraes. Las últimas revelaciones pueden dar impulso al deseo de Bolsonaro de emprender un proceso de impeachment contra el juez. Lula sigue a la cabeza en las últimas encuestas (las de Quaest y Datafolha), con 5-7 puntos de ventaja sobre Bolsonaro en la primera vuelta y 1-2 puntos en la segunda. El 4 de octubre los brasileños votan presidente, gobernadores, el Congreso y dos tercios del Senado. Volverán a las urnas el 25 de octubre si nadie logra más del 50% de los votos válidos. En antipatía del electorado, Bolsonaro hijo lidera seguido muy de cerca por Lula. Al derechista lo rechaza el 55% y al izquierdista el 53%, según la encuesta de Quaest. El togado Moraes, encumbrado como el salvador de la democracia brasileña frente al golpismo bolsonarista, es ahora sospechoso en un caso de corrupción por su estrecha relación con el banquero acusado del mayor fraude de Brasil, Daniel Vorcaro. El escándalo atañe al Banco Master, liquidado en 2025 por el Banco Central con un agujero millonario. El caso Master se ha convertido en un monstruo de siete cabezas que, al estilo del caso Lava Jato hace una década, ha levantado sospechas sobre decenas de hombres entre los más poderosos de Brasilia, tanto en la cúpula judicial (véase el magistrado Moraes), la política (véase Bolsonaro hijo y un dirigente del PT), el Banco Central o la Policía Federal. Las investigaciones indican que el dueño del banco, que lleva meses encarcelado y mantiene silencio, repartió millones y agasajos de todo tipo en las altas esferas del poder en busca de protección. La investigación policial apunta que el banquero tenía estrecho contacto con el juez Moraes, al que imploró que maniobrara para frenar las investigaciones y pidió consejo sobre si huir del país en vísperas de ser detenido. Los explosivos mensajes del banquero al juez —se desconoce qué respondió este— se suman a otro hecho conocido, que el Banco Master tenía contratado al bufete de la esposa de Moraes por 25 millones de dólares, un precio muy fuera del mercado. Por el momento, el magistrado no está acusado de nada. Ni siquiera está formalmente bajo investigación porque eso lo debe autorizar el propio Supremo. Los editorialistas de los principales diarios le exigen que dé explicaciones y dimita o, al menos, se aparte temporalmente mientras dure la investigación para no dañar aún más a la máxima corte. Mientras Moraes mantiene silencio, el Brasil mediático especula sobre nuevas revelaciones y los efectos de lo que ya se sabe, el bolsonarismo se frota las manos y el presidente Lula proclama que nadie está por encima de la ley. “Nadie, en nombre de la democracia, puede usar el cargo que ostenta en beneficio personal”, recalcó el viernes el presidente, que intenta distanciarse de Moraes, con el que ha mantenido buena sintonía en los últimos años. “Es fundamental que se investigue a todo el mundo, sin blindar a nadie, duela a quien le duela. El pueblo brasileño tiene derecho a saber la verdad”, dijo la víspera en un mensaje en vídeo en el que exigió a las instituciones “trasparencia y firmeza”. El banquero Vorcaro también tuvo contacto con el candidato Bolsonaro, al que le prometió 25 millones de dólares para financiar una película sobre el patriarca Jair, encarcelado. Le entregó la mitad, según la policía. Para añadir dramatismo a la gravedad de las acusaciones contra Moraes, los mensajes que recibió del banquero se han conocido porque uno de sus colegas en la corte, André Mendonça, ordenó levantar el secreto sobre un informe policial dedicado a la relación entre ambos. La decisión dejó a muchos estupefactos porque el Supremo suele lavar sus trapos sucios en privado y, además, ha sacado a la luz el duelo sordo que libran hace meses los magistrados Moraes y a Mendonça. El primero contraatacó con la apertura de una investigación contra su compañero por falta de imparcialidad. El próximo presidente de Brasil podrá nombrar al menos a tres de los 11 jueces del Supremo y, por tanto, puede mantener la actual mayoría, vista como favorable a Lula, o formar una más cercana a los Bolsonaro. Mendonça es el juez “terriblemente evangélico” que nombró Bolsonaro padre. La principal novedad de las encuestas más recientes es el avance de un tercer candidato presidencial. La sorpresa es que el hombre que se ha hecho un hueco en lo que es desde el principio un mano a mano entre Lula y Bolsonaro es un psiquiatra, no uno de los gobernadores derechistas en la liza o el aspirante antisistema que atrae el voto más joven. Augusto Cury, un autor de libros de autoayuda superventas sin ninguna experiencia política, ha logrado un 8-10% en los sondeos con su promesa de pacificar Brasil. El psiquiatra apela al electorado ni-ni, ni Lula, ni Bolsonaro, con un discurso simplista con grandes lagunas en el que promete aplicar lo mejor del recetario de derechas y de izquierdas para acabar con la polarización y reencauzar el país.