CEOE pide a los partidos un ahorro en costes energéticos de 25.000 millones

El aumento de los costes energéticos derivado del conflicto en Oriente Próximo ha obligado al Gobierno a aprobar un nuevo paquete de resupuesta -el tercero desde que comenzó la guerra- para tratar de aliviar su impacto en empresas y hogares. Medidas coyunturales que, no obstante, están dejando de ser suficientes para contener los precios finalistas y favorecer la competitividad de pymes e industrias españolas. Prueba de ello es que, a pesar de que el pool eléctrico -el mercado mayorista- español presenta precios más competitivos que las grandes economías europeas por el peso de las energías renovables, la industria electrointensiva nacional termina pagando más en la factura. En concreto, el pasado 14 de septiembre abonaron un 38% más que la francesa y un 14% más que la alemana. Este diferencial procede de los costes regulados, los cargos y los impuestos que soporta el consumidor español, así como de los servicios de ajuste, “cuyo coste se ha multiplicado por más de cuatro desde 2019”. Así lo señala un informe elaborado por la CEOE, que vuelve a poner de acuerdo a todas las ramas sectoriales representadas en la organización liderada por Antonio Garamendi para reclamar a los partidos políticos, en plena etapa preelectoral, un plan estructural para abaratar el recibo de la luz y ganar competitividad. El documento, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, recupera buena parte de las medidas planteadas al Ejecutivo hace unos meses, y añade por primera vez cifras sobre su impacto en las cuentas públicas y en las empresas. Entre las reclamaciones destaca la reducción estructural de los impuestos especiales sobre la electricidad y el gas; la redistribución de cargos no vinculados al suministro; la exención de peajes a la industria electrointensiva; o la revisión de la operación reforzada y de las restricciones técnicas, entre otras. Según las estimaciones de la propia CEOE, poner en marcha el paquete de propuestas en su conjunto generaría un ahorro acumulado para los consumidores de 25.730 millones de euros en los primeros cinco años, lo que supondría un abaratamiento de la factura de entre un 16% y un 41% para los hogares, las pymes y las grandes industrias. La propuesta de CEOE pasa por aplicar el plan “en fases”, mediante ajustes en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por valor de casi 27.000 millones de euros entre 2027 y 2031, la mayor parte de los cuales corresponderían a la redistribución de cargos eléctricos no vinculados al suministro, esto es, conceptos como los subsidios a las renovables, los cuales, “según la propia doctrina europea no deben financiarse en la factura, sino que pueden socializarse, al beneficiar al conjunto de la sociedad, no sólo al consumidor”, señalan desde la confederación empresarial. El ahorro de 25.700 millones en la factura energética para empresas y hogares, según los cálculos de la CEOE, podría suponer un aumento acumulado del PIB de 4.380 millones de euros anuales de media, por lo que, a partir de 2032, la economía española habría generado 26.310 millones de euros más que en un escenario sin medidas. En un contexto donde el cada vez mayor aumento del gasto público -acrecentado más aún por los planes de respuesta a las últimas crisis- obligará al próximo gobierno a realizar ajustes por la vía de los ingresos o del gasto, la propuesta de CEOE recogida en el informe no sólo no generaría un coste adicional en forma de menor recaudación, sino que la incrementaría. Según el documento, la recaudación inducida de las medidas fiscales -como la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad y del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos- ascendería 7.760 millones de euros, suficiente para cubrir, e incluso superar, la caída de los ingresos entre 2027 y 2031, que ascendería a 7.110 millones de euros en el mismo periodo. Ello es debido, señalan desde la CEOE, a la dinamización de la actividad económica, del consumo y de la inversión, que provocaría un aumento de la recaudación en otras figuras impositivas. Desde el prisma medioambiental, el remanente de derechos de emisión (ETS) disponibles para España también serviría para financiar un incremento en las ayudas compensatorias por los costes de las emisiones indirectas para la industria. En el cómputo de los cinco próximos ejercicios, el remanente acumulado ascendería a 8.300 millones de euros, mientras que, según la propuesta de la patronal, las ayudas de compensación llegaría a 5.060 millones; una relación del 71% en su máximo anual, que se daría en 2030. En paralelo a las modificaciones cuantificadas en el informe, la CEOE reclama la puesta en marcha otra batería de medidas para mejorar la competitividad energética de las empresas y fomentar la actividad económica, como la revisión de peajes gasistas; el impulso general a las redes; la puesta en marcha de avales y otros instrumentos de ayuda; dar un impulso general al biometano; o aplicar un descuento a la inyección de gases renovables.