Milei, ante Sánchez, equipara a los gobiernos socialistas con el fascismo: "Odian el libre mercado"

El saludo entre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y su homólogo argentino, Javier Milei, durante la recepción de los jefes de Estado que participan en la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid fue frío. No se esperaba menos después de que el dirigente argentino profiriera un buen puñado de insultos hacia Sánchez hace escasas semanas durante una visita a la capital española y después de que su plantón en la ceremonia de inauguración que tuvo lugar el miércoles por la noche anticipara cierta hostilidad.  Y con estos mimbres, el discurso de Milei durante el Pleno de la Cumbre no dejó indiferente a nadie. Ante el presidente Sánchez, el Rey Felipe VI, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y los jefes de Estado y representantes de los 22 países de la comunidad iberoamericana, el mandatario argentino comparó con dureza a los gobiernos socialistas con el fascismo.  Citando a Salvador de Madariaga, aseguró que "el socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía", señalando que "ambas doctrinas concentran en manos de una minoría el control de las decisiones individuales y hacen de la dependencia económica un instrumento de dominación política". "La máxima fascista de todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado describe a los estados socialistas", aseveró. Momento en el que relató cómo, a su juicio, "la equivalencia entre socialistas y fascistas no es casual". Y afirmó que ambos pensamientos "comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento". "Como dije días atrás aquí en Madrid, esa pretensión que sigue viva en agendas que se denominan progresistas y que ganan terreno en Europa, por eso quiero señalar ante los jefes de Estado y de gobierno la responsabilidad que nos corresponde: la libertad se defiende, sobre todo, con los límites que cada uno acepta para su propio poder", recalcó Milei durante su turno de palabra. Puso como máximo exponente el cambio de rumbo de la economía argentina bajo su Gobierno. El mandatario destacó haber recibido un país al borde de una catástrofe debido a un intervencionismo extremo, con un déficit consolidado de 15 puntos del PBI y miles de trabas a la iniciativa privada. Frente a ese escenario, afirmó haber logrado hitos sin precedentes: eliminar el déficit del Tesoro en un mes y el del Banco Central en seis meses; poner fin a la emisión monetaria para financiar las cuentas públicas; y reducir impuestos por el equivalente a cuatro puntos del PBI.  Asimismo, subrayó la derogación de más de 18.000 regulaciones y la atracción de más de 210.000 millones de dólares en solicitudes de inversión en sectores clave a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), presentándolo como una prueba de que el rumbo hacia la libertad económica y el orden fiscal es viable. En su intervención, el mandatario definió el reclamo por las islas Malvinas como una "causa sagrada" para la Argentina y recordó ante el Pleno, en virtud del principio jurídico de uti possidetis iuris, que la nación argentina heredó de la Corona española los legítimos títulos de soberanía sobre el archipiélago, ratificados luego mediante múltiples actos gubernamentales. Agradeció el respaldo de la comunidad iberoamericana al reclamo argentino y a la reanudación del diálogo bilateral con el Reino Unido, y subrayó el compromiso permanente e irrenunciable del país de recuperar el ejercicio pleno de su soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes por medios estrictamente pacíficos y en el marco del derecho internacional. En este contexto, denunció la recrudecimiento del conflicto debido a la ocupación al avance del proyecto de explotación de petróleo Sea Lion, impulsado mediante licencias otorgadas a firmas privadas que vulneran la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU sobre la prohibición de medidas unilaterales. Frente a esta situación, detalló que su Gobierno activó sanciones administrativas y denuncias penales contra las empresas involucradas, e inició un arbitraje internacional bajo la Convención del Mar, solicitando medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar la explotación en la cuenca Malvinas Norte, al tiempo que emplazó a Londres a demostrar en este caso el mismo respeto a las normas internacionales que suele exigir al resto del mundo.