La canonización de Álvaro

Álvaro García Ortiz iniciará esta noche los trámites de su propia canonización en La Sexta. El primer fiscal general del Estado condenado en una democracia europea por un delito de motivación política buscará la absolución sentimental de la audiencia de Jordi Évole reinterpretando el personaje que con tan poco éxito representó en el escenario del Tribunal Supremo, el de mártir civil de un siniestro lawfare contra el Gobierno. Tanta insistencia en retratarse como un actor político nos vuelve a dar la razón. De fondo se dibujan el indulto que oportunamente han solicitado tres ciudadanos y el amparo ante el Constitucional que examina una magistrada amiga. Hay un encuadre moral más interesante para el ecosistema de poder al que él sirve, que consiste en ensayar la narrativa de fractura social que el Gobierno necesita: que los jueces forman parte de una operación contumaz de acoso al Ejecutivo y su entorno político y familiar. Y hacerlo inmediatamente antes del posible estallido de la financiación ilegal del PSOE y de los juicios contra el hermano y la esposa del presidente. El entrevistado quedará probablemente expuesto a la verdad auténtica. Para el que quiera verla. Ha sido muy comentado el pasaje del tráiler en el que García Ortiz responde a la pregunta de por qué borró su teléfono móvil precisamente el día de su imputación y lo hace con un muy elocuente "no tengo una explicación concreta". Cualquiera entiende que nadie borra su propia inocencia. Hay otro aún más revelador, que es cuando el periodista le muestra ese momento célebre en el que Pedro Sánchez se ufana en Radio Nacional: "¿De quién depende la Fiscalía, eh? ¿De quién depende?". - A usted no le gustaron esas palabras de Pedro Sánchez, le dice Évole. - Me van a perseguir toda la vida, contesta él. ¡Y tanto que lo van a perseguir! Y qué demostrativo que lo reconozca. El presidente las dijo en 2019, cuando la fiscal general era María José Segarra y Álvaro García Ortiz no era nadie, pero no es a ella a quien van a perseguir: a él, sí, y lo harán "toda la vida". A él, que no puso un pero cuando Sánchez lo blandía como "mi fiscal general", que se hizo fotografiar arrobado y genuflexo ante el presidente y su sonriente esposa, como echándose desesperado en los brazos del poder cuando ya estaba al borde de la imputación, esas palabras lo acorralan ante su propia conciencia. El ex fiscal general puso un pilar del Estado al servicio de la destrucción de una adversaria política y se presentó ante el Supremo con la toga de defensor de la legalidad para desactivar la credibilidad del Tribunal como herramienta de control del poder. El Estado contra el Estado. Álvaro García Ortiz es el símbolo de la quiebra de la neutralidad institucional en España y de la identificación partidista como guía inmoral de algunos servidores públicos. La lógica arbitraria de adhesión o castigo está detrás de la defenestración por su sucesora de Almudena Lastra tras contar en el juicio la verdad incómoda y de la promoción inopinada de la esposa del Santo Mártir. Ese mensaje inquietante para la carrera fiscal se produce en vísperas de una de las decisiones de mayor impacto político que tendrá que adoptar la Fiscalía. El jefe Anticorrupción Alejandro Luzón informará mañana de la acusación pública en el primer gran juicio que desnuda al Gobierno: lo significativo no será la pena que pida para José Luis Ábalos, que se descuenta, sino para el comisionista Víctor de Aldama tras la explosiva declaración que devolvió al presidente al Peugeot y detalló la corrupción sistémica. Si la atenuante que se le aplica por colaborar con la Justicia es muy cualificada, el fiscal estará dándole total credibilidad a la confesión que vincula el amaño de contratos públicos con la financiación ilegal del PSOE. Que lo haga la persona que tiene a la vista toda la documentación acumulada en las investigaciones secretas anticiparía un probable estallido: ahí estarían las pruebas que algunos echan de menos. A finales de mayo comenzará el juicio contra el hermano del presidente y, en fechas próximas, la Audiencia de Madrid resolverá los recursos contra la decisión del juez de enviar a su esposa ante un jurado. Si se cumple el calendario habitual, la vista será en la primavera de 2027: ése será el momento culminante de la legislatura, el instante en el que el poder desplegará toda su atmósfera coactiva y la posible palanca emocional de una brecha democrática. García Ortiz prepara el terreno. El presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dice hoy en este diario a Ángela Martialay que "los ataques personales contra los jueces son ataques contra el Estado de Derecho". Porque todo el mundo sabe ya lo que está sucediendo en España.